La Audiencia Nacional ordena que sean los jueces catalanes los que investiguen el cerco al parlament

  • La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Eloy Velasco que se inhiba y deje en manos de los juzgados de Cataluña la causa de los altercados que tuvieron lugar el 15 junio de 2011 en el Parlamento de Cataluña. Velasco había rechazado en repetidas ocasiones inhibirse y dejar la causa en manos de los juzgados ordinarios de Barcelona. 
Mapa de la protesta de los indignados ante el Parlament de Catalunya
Mapa de la protesta de los indignados ante el Parlament de Catalunya
Chiqui Esteban
EP
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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Eloy Velasco que se inhiba y deje en manos de los juzgados de Cataluña la causa que había abierto para investigar los altercados que tuvieron lugar el 15 junio de 2011 cuando el movimiento del 15-M cercó los accesos al Parlamento de Cataluña.

Los magistrados de la Sala de lo Penal, reunidos en pleno el pasado viernes, decidieron estimar el recurso interpuesto por 12 imputados en la causa, según han informado fuentes jurídicas. La resolución, que todavía no ha sido dictada, contará con el voto particular de Ángeles Barreiro.

Las fuentes consultadas señalaron que la mayoría de los magistrados entienden que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los incidentes ya que los hechos no pueden calificarse, como hacía el juez Velasco, de delitos contra los altos organismos de la nación. La Sala de lo Penal creen mayoritariamente que el Parlamento de Cataluña no puede considerarse un alto organismo de la nación.

El juez Velasco deberá por lo tanto inhibirse a favor de los juzgados ordinarios de Barcelona, donde tuvieron lugar los hechos.

Delito contra la nación

Velasco había rechazado en repetidas ocasiones inhibirse y dejar la causa en manos de los juzgados ordinarios de Barcelona. Los imputados recurrieron la competencia de la Audiencia Nacional al considerar que los hechos no constituyen delito contra la nación.

El magistrado, a través de un auto dictado el pasado 25 de octubre, reiteró su competencia para investigar los hechos y volvió a calificar los altercados como constitutivos de un delito contra los altos organismos de la nación.

El juez aseguró que se trató de "una actuación contra el Parlamento de Cataluña, institución del Estado que debe entenderse entre las protegidas como alto organismo de la Nación".

Una veintena de imputados

En la causa hay ya una veintena de imputados, a los que el juez dejó en libertad pero con medidas cautelares. El magistrado les atribuyó delitos contra los altos organismos de la nación –penados con entre tres y cinco años de cárcel- y les impuso la obligación de fijar domicilio y de comparecer cada quince días ante los juzgados más próximos a su domicilio.

En las comparecencias de los imputados se visionaron las imágenes de vídeo que recogen parte de los altercados en los que varios diputados fueron agredidos.

El juez Velasco también ha interrogado en calidad de testigos a 11 diputados del Parlamento de Cataluña que se vieron afectados por los altercados. El magistrado tomó declaración en Barcelona por parte del CiU a Gerard María Figueres, Josep María Llop, Jordi Turull, Ana Isabel Marcos y Santi Vila.

De las filas del PSC tomó declaración a Montserrat Tura y Ernest Maragall así como al diputado del grupo Solidaritat Catalana Alfons López Tena, antiguo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los diputados Joan Boada y Salvador Milà, de ICV, tuvieron que desplazarse hasta Madrid para prestar declaración mientras que el presidente de la Generalitat, Artur Más, que tuvo que ser trasladado al Parlament en helicóptero, depuso por escrito.

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