Los indultos a los condenados por el 'procés' independentista en Cataluña que podría aprobar el Gobierno en las próximas semanas tienen como principal precedente los concedidos en nuestra democracia al exgeneral Alfonso Armada, condenado por el 23-F y, por su trascendencia política, el perdón parcial que obtuvieron en diciembre de 1998 el exministro José Barrionuevo y su mano derecha en Interior, Rafael Vera. En ambos casos se contaba con el aval el Tribunal Supremo.
Por lo que respecta al perdón obtenido por políticos que han sido condenados por corrupción, no existe una estadística oficial sobre este asunto, pero según el 'indultómetro' que publica la Fundación Civio, cuya última actualización es de diciembre del año pasado, este tipo de medidas de gracia se ha otorgado a más de 200 penados por delitos que encajan en conductas corruptas desde 1996.
En relación con los primeros indultos mencionados, en diciembre de 1988, el Gobierno de Felipe González acordó indultar al exgeneral Alfonso Armada, que había sido condenado a 26 años por el intento de golpe de Estado del 23-F. A diferencia con los presos del 'procés' independentista en Cataluña, el penado sí solicitó personalmente su indulto, y además hasta en cinco ocasiones. Se trató del primer concedido a uno de los golpistas condenados por su participación en el 23-F, y supuso su salida inmediata del hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde estaba ingresado por motivos de salud.
En su caso, los ocho magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo emitieron por unanimidad un informe favorable al indulto, y esta es otra diferencia de este caso con el de los presos del 'procés'. Alegaban razones de equidad, y no de justicia o utilidad pública -que son los otros dos motivos de concesión del perdón que señala la Ley- para inclinarse en favor de la medida de gracia.
En el caso de Armada, el término equidad debía interpretarse según el Supremo como "criterio de templanza y benignidad ( ... ) para acortar el cumplimiento de las penas que han devenido innecesarias para la evidente corrección o reinserción del condenado". Además, se apuntaba que el militar había venido manifestando de forma reiterada durante su reclusión su lealtad a la Corona y al ordenamiento constitucional, un aspecto que tampoco ha visto ahora el Supremo en el ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de condenados por el 'procés'.
En el caso del ex teniente coronel Antonio Tejero, sin embargo, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo informó a favor de su indulto pese a reconocer que no estaba arrepentido, aludiendo a razones de utilidad pública. Esta medida de gracia, que había sido solicitado por una cofradía religiosa, no fue concedida finalmente por el Gobierno.
En el caso del ex secretario de estado de Seguridad Rafael Vera y del ex ministro del Interior José Barrionuevo, permanecieron únicamente tres meses en prisión tras recibir un indulto parcial del Gobierno popular de José María Aznar, que les conmutó dos tercios de la condena de diez años de cárcel que se les impuso por el secuestro del ciudadano hispano-francés Segundo Marey por parte de los Gal. También en esta ocasión el Supremo informó a favor del indulto.
Los indultos por corrupción
La cantidad de indultos concedidos en relación con delitos que se entienden relacionados con la corrupción (prevaricación, malversación de fondos públicos etc.) suele ser recurrentemente utilizada como arma arrojadiza por los grupos parlamentarios en el Congreso cuando sale a relucir este asunto.
Así, y siempre según el estudio de Civio, más de la mitad de esos indultos a corruptos -no todos tienen por qué ser cargos públicos, ya que estas condenas también son impuestas en ocasiones a funcionarios o empresarios-, hasta un total de 139 se concedieron durante el Gobierno de José María Aznar. Le seguiría el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó 62 de estas medidas de gracia entre 2004 y 2011, y el último en el ranking sería Mariano Rajoy, con sólo 16. Casi todas las fuerzas políticas se han beneficiado de ellos.
Los casos destacados
Entre los casos más destacados, en 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió el indulto al expresidente de Cantabria Juan Hormaechea, condenado a tres años de prisión por malversación de caudales públicos. El dirigente ya había sido indultado en 1995 por el Ejecutivo de Felipe González, pero la medida quedó anulada después de que se repitiera el juicio y la condena fuese ratificada por el Tribunal Supremo.
Por su parte, el Gobierno de Mariano Rajoy firmó en 2012 el indulto a Josep Maria Servitje Roca, secretario general de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat de Cataluña en los gobiernos de Jordi Pujol. Servitje Roca había sido condenado en el 'caso Treball' por la Audiencia Provincial de Barcelona a cuatro años y seis meses de prisión y a seis años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.
Un mes después, en marzo de 2012, el Gobierno acordó la medida de gracia para el empresario y militante de Unión Democrática de Cataluña Víctor Manuel Lorenzo Acuña, quien había sido condenado -en la misma causa y por los mismos delitos- a dos años y tres meses de prisión y a cuatro años de inhabilitación absoluta.
En septiembre de ese mismo año el Ejecutivo de Rajoy indultó al exalcalde del PP de Valle de Abdalajís (Málaga) Tomás Gómez Arrabal, condenado por delitos continuados de prevaricación urbanística, y a otros tres concejales 'populares' de ese municipio.
En 2013 el exministro Alberto Ruiz-Gallardón concedió el perdón a María Dolores Mateos Sánchez, miembro de la dirección del PSOE en un barrio de Sevilla. La Audiencia Provincial de Sevilla le condenó a tres años de prisión por un delito de malversación.
Indultos del actual Gobierno
En febrero de 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el indulto al exalcalde de Albuquerque (Badajoz) Ángel Vadillo Espino, condenado a dos años y seis meses de prisión por un delito de obstrucción a la Justicia en concurso de normas con un delito de amenazas.
Un año después, en febrero de 2020, el ejecutivo actual indultó a un exmiembro de la Diputación Provincial de Cuenca por el PSOE y exalcalde de Villar del Humo (Cuenca). Se trata de César Ruiz Ramos, quien había sido condenado como autor de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario público o autoridad. Sobre Ruiz Ramos recayó una pena de tres años de prisión, así como una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, una inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por dos años, y una multa.
