El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se encontraba en el punto de mira de los fiscales del caso 'Tándem' desde que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional señalara en un informe los intentos del comisario jubilado José Manuel Villarejo de conocer qué opinión tenía la cúpula directiva de la eléctrica sobre sus trabajos de espionaje. Finalmente el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha estimado la petición de Anticorrupción y ha citado a declarar al máximo responsable de la compañía, así como a tres de sus exdirectivos para que aclaren cuál fue su intervención en la contratación del expolicía entre 2004 y 2017.
Según han informado fuentes jurídicas a La Información, el Ministerio Público presentó un amplio escrito en el que explica cada uno de los indicios que justifican la necesidad de escuchar bajo la condición de investigados no solo a Sánchez Galán -que ya se puso a disposición de la Audiencia Nacional-, sino también al director general de negocios de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el exdirector corporativo de Iberdrola Fernando Becker; o el que fuera jefe del Gabinete de Presidencia de la eléctrica Rafael Obergozo. Anticorrupción fundamentó su solicitud en toda la documentación intervenida en el marco de la 'Operación Tándem', las declaraciones de otros investigados y los informes policiales que obran en la causa, detallan las fuentes consultadas.
La petición de Anticorrupción se produjo justo cuatro días después de la Junta General de Accionistas de Iberdrola y fue acogida este miércoles por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que desde hace semanas estudiaba la posibilidad de citar a declarar a Galán y a su equipo directivo. Las mismas fuentes indican que García Castellón seguramente siga los mismos pasos dados anteriormente con otros máximos responsables de empresas del Ibex 35 que también se han visto salpicados por los trabajos de Villarejo. Es el caso del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y del presidente de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, imputados en la pieza 21 del caso 'Tándem'; o el expresidente de BBVA Francisco González, en el marco de la novena pieza separada de la macrocausa.
Entre la documentación se encuentran audios incautados en la operación policial que se llevó a cabo en noviembre de 2017, por la que Villarejo ingresó en prisión provisional durante más de tres años, y que hasta ahora no se habría logrado extraer. La Unidad de Asuntos Internos analizó dichos archivos en un informe que presentó el pasado mes de mayo al juez instructor, donde transcribió las grabaciones de las conversaciones que el comisario jubilado mantuvo con el que fuera jefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, quien fue imputado al poco de abrirse la pieza 17 del caso 'Tándem', en octubre de 2019, por el papel que jugó de intermediario entre la multinacional y el comisario.
"Don Ignacio", "el jefe" o "señorito"
Dicho oficio destaca cómo el agente encubierto apelaba a la dirección de Iberdrola para requerir más dinero por sus servicios o para conocer la valoración que estos hacían de sus labores de espionaje para el desbloqueo de una central térmica en Arcos de la Frontera (Cádiz), proyecto que el comisario bautizó como 'Arrow'. Así, en dichas conversaciones, Villarejo se refirió a Sánchez Galán llamándole "Don Ignacio", "el jefe", o "señorito".
Ante las interpelaciones de Villarejo, el que exjefe de Seguridad de Iberdrola evitó involucrar a sus superiores, tal y como se desprende del informe policial. Una postura que mantuvo en sus declaraciones ante el juez, donde desvinculó a Sánchez Galán de los encargos realizados al Grupo Cenyt por los que se pagaron alrededor de un millón de euros por espiar presuntamente a otras empresas como ACS o Endesa o a grupos ecologistas, según consta en las diligencias.
No obstante, el ex ‘controller’ de la compañía José Antonio del Olmo, también imputado, no comparte esta misma tesis. En un informe hecho público en diciembre de 2019 señaló que el actual presidente de Iberdrola, vicepresidente de la compañía en la época de los presuntos encargos a Villarejo, y su equipo estaban al tanto de los pagos por los trabajos encargados al expolicía con el objetivo de proteger los intereses de la multinacional. Unas afirmaciones que han llevado a Iberdrola, que no reconoce dicho documento al no encontrarse registrado dentro de la compañía, y a otros de los directivos investigados Pablo Insunza a batallar en los tribunales contra el exresponsable de Control Corporativo de la multinacional.
Sánchez Galán y los otros directivos citados como investigados podrán tener acceso a todas las diligencias y acogerse a su derecho a declarar o responder a las preguntas que consideren pertinentes para que aclaren cuál fue su intervención en la contratación y pagos a las empresas de Villarejo, que en ese momento era policía en activo.
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