Los investigadores creen que Granados tenía cuenta en Suiza siendo número dos de Aguirre

Los investigadores de la Operación Púnica sospechan que Francisco Granados tuvo cuenta en Suiza hasta julio de 2007, cuando era consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP en la Comunidad.

La información, publicada hoy por el diario El Mundo, vendría a contradecir la declaración, ayer, de Granados ante el juez Eloy Velasco, ante el que afirmó haberse desvinculado de esta cuenta en 2000, tras ser elegido alcalde de Valdemoro, lo que implicaría que el delito habría prescrito. TAmbién según su testimonio, la cuenta, que abrió en el banco Credit Lyonnais de Suiza en 1996, cuando trabajaba para Societé Genérale, tenía un saldo de 320.000 euros.

En su declaración como imputado, durante dos horas y media, Granados explicó que cedió esa cuenta a su amigo de infancia, David Marjaliza, y recuperó después el dinero que tenía en el depósito, que fue traspasado a una cuenta nunmerada en la que no figuran personas físicas como titulares y que tampoco declaró a Hacienda.

Según su versión, el banco no le dejó cerrar la cuenta y le pidió que llevara a otro titular, para lo que eligió a Marjaliza, de quien es amigo desde el colegio. Según el exedil, fue éste quien la manejó desde entonces y el responsable de que no se cerrase hasta 2007, cuando él le insistió para que clausurarla.

Sin embargo, según El Mundo, los investigadores habrían detectado una transferencia por valor de 1.669.653 euros realizada por Granados a Marjaliza el 17 de julio de 2007 y en cuentas suizas, lo que implicaría que el exconsejero mantuvo los fondos en su época como secretario general del PP de Madrid, consejero de la Presidencia y consejero de Transportes. Una cantidad similar se detectó poco después en una cuenta de Granados en España, lo que, según los investigadores, podría suponer un intento de blanqueo. Según su versión, ese dinero correspondía a la venta de tres fincas a Marjaliza.

El juez Velasco decretó ayer prisión incondicional para ambos y considera en su auto que Granados formó parte de la trama de corrupción municipal y regional destapada en la Operación Púnica que usó "en beneficio propio". Le imputa delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.El instructor ve indicios de contraprestaciones a empresarios

El magistrado afirma que en la investigación se han identificado varias operaciones inmobiliarias que podrían haber sido en realidad una contraprestación a Granados por parte de empresarios que recibieron adjudicaciones gracias a su mediación y reseña que es titular de "algunas de las cuentas" en un banco suizo que las autoridades helvéticas entendieron sospechosas de blanqueo de capitales "agravado".

Añade además que hay indicios de que, a lo largo de su carrera pública, Granados podría haber beneficiado a Marjaliza y otros empresarios, como el imputado José Luis Huerta (de la empresa Waiter Music), en materia de contratación pública y urbanismo.

Granados negó durante su declaración que haya tenido negocio alguno con su amigo de la infancia Marjaliza, y ha asegurado que no poseía influencia en la concesión de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos de la región.

El juez también envió a prisión a Marjaliza, considerado por el magistrado como la "cabeza de un amplio entramado empresarial núcleo de una organización criminal", así como "centro" de una "amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades".

Este empresario se aprovechó presuntamente, según el juez, de sus "amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros, recibiendo una comisión por su actuación".

Según el auto, Marjaliza creó esa "compleja" red empresarial para evitar que sus sociedades se vincularan con las contrataciones públicas irregulares, que el detenido conseguía gracias a la ayuda de "autoridades públicas y funcionarios corruptos".

Además de Granados y Marjaliza, ayer ingresaron en la prisión madrileña de Soto del Real sin fianza el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP); el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), uno de los supuestos cabecillas de la red y "conseguidor" de contratos públicos, Alejandro de Pedro; la "mano derecha" de Marjaliza, Ana María Ramírez, y un directivo de Cofely, Pedro García.