Los jueces españoles están pasando su particular su particular calvario como consecuencia del conflicto secesionista catalán. Manifestaciones con velas en las que se habla de presos políticos para pedir la liberación de los presidentes de la ANC y Ómnium (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) ante la orden de prisión preventiva decretada por una juez de la Audiencia Nacional, las críticas de políticos como Pablo Iglesias y Ada Colau, las reclamaciones de Amnistía Internacional o la campaña de comunicación orquestada desde el ala independentista, son entre otras las afrentas a las que se enfrenta el estamento judicial.
Es por ello que los jueces en España gritan también su particular Basta Ya! Lo hacen desde todos los espectros ideológicos defendiendo su independencia y criticando tanto la politización de la justicia como la judicialización de la política. Todo el ámbito judicial ya firmó de forma conjunta un manifiesto en defensa de su compromiso constitucional.
Las asociaciones de jueces dejan claro que la crítica hacia las resoluciones judiciales, en un Estado de Derecho no sólo es lícita, sino legítima, y permite el desarrollo del derecho fundamental a la libertad de opinión. Pero alertan de que cuando esas protestas exceden los límites y encierran otros objetivos y mensajes de ataque al propio sistema democrático traspasan la crítica legítima.
"Las manifestaciones son bochornosas, son un intento de amedrentar al Estado de Derecho. Siempre hay resoluciones que perjudican a otros, pasa en todas las causas, hasta en las particulares, pero estos ataques siempre se vuelven en contra de los ciudadanos". Los jueces tienen claro que harán lo que tengan que hacer, pero "las presiones sociales no son buenas. ¿Se imagina alguien que cuando se actúe contra un partido salgan sus millones de votantes a la calle a decir que la decisión es política?", señala Raimundo Prado, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Desde esta asociación se considera que se están recibiendo presiones políticas indirectas cuando se convoca a la ciudadanía ante un tribunal de Justicia y se impide la entrada y salida (en condiciones de seguridad para las personas) del edificio judicial, se amenaza al juez o resto de funcionarios de Justicia o se vierten injurias y calumnias que pretenden influir en el juez. También tienen claro que constituye una clara presión política indirecta "la creación de la Comisión de Derechos Fundamentales por parte del Govern de Cataluña".
"Las resoluciones judiciales pueden estar sometidas a la crítica, que es otra forma de control, pero estamos en un sistema garantista, y las resoluciones están motivadas y fundadas en derecho. Hay posibilidad de interponer recursos, hay que contestar dentro del derecho", confirma Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia.
De la misma opinión es Celso Rodríguez Padrón, magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura que considera que "cualquier presión que pretenda debilitar el juramento en defensa de la Constitución está destinada al más rotundo fracaso".
El problema de base puede ser la falta de cultura democrática de una España en la que esta es aún joven. Es lo que considera Prado que "no se imagina estas manifestaciones en EEUU, en Gran Bretaña o en Alemania". Cree que estas sí son propias de los Estados Populistas y no de un Estado de Derecho con garantías. "Aquí los jueces no obedecen consignas políticas. Estamos viviendo un paso atrás significativo y peligroso en nuestra democracia".
Prado defiende que estamos en un país en el que siempre cabe acceder a un tribunal superior para defenderse si se considera que una resolución es injusta, pero "las caceroladas y las manifestaciones pretenden socavar el Estado de Derecho y recuerdan a otros regímenes".
Recuerdan los jueces que el respeto entre poderes es sustento del orden público y del Estado de Derecho. No ven aceptable que se arengue a la ciudadanía a cercar, acosar o entorpecer el normal desarrollo de la función jurisdiccional (con intención de influir en ella), puesto que esta acción excede de la libertad de expresión, que todas las organizaciones respetan la máximo.
También defiende Vega esa opinión al considerar que los jueces son celosos de su independencia, son profesionales y son capaces de resistir todas las presiones. "Es cierto que la no política ha llevado a la justicia al primer plano", pero al final hablamos de temas judiciales. El artículo 155 es un tema jurídico.
La política es una cosa, el derecho, otra
¿Tienen en cuenta el contexto los jueces a la hora de emitir una sentencia? Los jueces consideran que siempre hay que dar respuesta desde el derecho no desde la política.
Prado considera que "se puede emitir una sentencia antes o después de unas elecciones por prudencia, pero las decisiones se toman. En el caso, por ejemplo, de Trapero, si se ha considerado que no debe estar en la cárcel es porque no hay indicios. La Audiencia Nacional no trabaja para el Gobierno". La opinión en este sentido es unánime.
Tienen claro los jueces que jamás tienen en cuenta las circunstancias sociales o políticas para adoptar la resolución judicial correspondiente. El juez resuelve, dentro del plazo procesal oportuno, conforme a criterios estrictamente jurídicos basados en los hechos que se le presentan y conforme a las pruebas o indicios existentes.
Sí, reconocen que el artículo 3 del código civil establece que las leyes deberán interpretarse conforme a la realidad social del momento en el que han de ser aplicadas, lo cual significa que, el legislador, en ocasiones, deja un margen estrecho pero real a los jueces para poder interpretar la legislación de forma acorde a la sociedad. Pero nada más.
La Asociación Profesional de la Magistratura, por su parte, considera la aplicación judicial del Derecho no puede fundamentarse en "la situación política" y cree también, como el resto de asociaciones que la Ley se aplica en el seno de un proceso con todas las garantías, desde los principios de igualdad, legalidad, defensa, presunción de inocencia... "Esa es la única sumisión a la que nos debemos los Jueces. La política y sus desarrollos se deben a otro escenario"
En cuanto a la labor de los medios, desde la Francisco de Vitoria se destaca que la falta de formación específica de algunos periodistas induce a confusión al público y señala que "contribuyen al desprestigio del poder judicial si las opiniones se basan en ideología". Desde la APM se considera que lo importante "es dar información veraz", y hacen un llamamiento a los políticos para que dediquen a la justicia la atención y los esfuerzos que merece. Mientras ellos seguirán trabajando por salvaguardar el interés general.
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