La situación estancada sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es la única polémica que hace que jueces y fiscales, y los que no pertenecen a esta carreras, expresen sus opiniones a favor o en contra del actual sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. En los últimos días, otro debate se ha sumado a la discusión ‘estrella’, especialmente en las redes sociales, sobre si el sector es “elitista” o “endogámico”. Todo ello después de que a principios de semana, Podemos anunciara su propuesta para asemejar las oposiciones de acceso a la carrera judicial y fiscal al MIR de los estudiantes de medicina con el objetivo de “acabar con el sesgo de clases”.
A ello hay que añadir que unos días antes el Gobierno había anunciado que estaba ultimando un sistema de becas para opositores, tal y como avanzó la ministra de Justicia, Pilar Llop, en su primera comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, para “democratizar” el acceso a dichas profesiones y a otros cuerpos. Una iniciativa que encaja con la intención del PSOE de “arbitrar un sistema” de ayudas económicas con el fin de “incrementar el pluralismo social en el seno del Poder Judicial y romper inercias elitistas”, que se plasmó en su ponencia política del 40 Congreso, que se celebró en julio.
Sin embargo, fuentes judiciales y fiscales consultadas por La Información aseguran que los intentos de cambiar el sistema de oposiciones pueden alimentar las sospechosas de que el verdadero objetivo es querer controlar la judicatura “desde la base”. Así lo denunció Foro Judicial Independiente (FJI) hace algo más de un año cuando PSOE y Podemos incluyeron en su acuerdo de Gobierno la propuesta para modificar el acceso a la carrera judicial. A estas críticas se sumó la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la mayoritaria en la carrera judicial-, que en su perfil de Twitter publicó que el actual modelo es un “sistema objetivo en el que la mayoría de aprobados son mujeres, no por el hecho de serlo sino por la probada demostración objetiva de sus amplios conocimientos, como todos”.
Una opinión que a día de hoy sostienen las fuentes consultadas, que además coinciden en que es “demagógico” afirmar que el acceso a la carrera judicial o fiscal esté “restringido” a un grupo determinadas personas. Las asociaciones de jueces y fiscales también rechazan, por ser "rotundamente falso”, la idea de que exista algún tipo de “elitismo” en el sector y que solo acceda al mismo “gente adinerada” o “hijos de” miembros de la judicatura.
Soporte económico de los padres
La estadística elaborada por el CGPJ sobre los más de 2.800 jueces en prácticas que han pasado por la Escuela Judicial en los últimos 20 años señala que el 74,75% de los 2.638 encuestados no tiene ningún familiar ejerciendo una profesión en el sector jurídico. De hecho, sólo el 6,03% tiene familiares jueces o magistrados. Un dato que se sigue teniendo vigencia en la actualidad, pues, según la última encuesta realizada, de los 171 jueces en prácticas que integran la última promoción (2021-2022), tan sólo el 7,02% de ellos tiene algún familiar cercano en la carrera judicial. Asimismo, destaca que la mayoría, el 49,12%, decidieron opositar mientras estudiaban Derecho; mientras que el 33,33% inició la licenciatura con ese objetivo, y un 17,54% tomó la decisión una vez finalizados los estudios universitarios.
Por otro lado, la estadística sobre esta última promoción en ingresar en la Escuela Judicial (la 71) destaca que el 99,42% han contado con el soporte económico de sus padres durante la preparación de la oposición. Además cabe destacar que el 95,91% de los futuros jueces no ha disfrutado de ninguna beca. Con estos datos, las asociaciones de jueces y fiscales aplauden que se implante un sistema de becas pero advierten de que su principal objetivo debe ser ayudar económicamente a los estudiantes que lo necesiten, independientemente de dónde procedan, y que se van a enfrentar a unas "duras" oposiciones.
Es más, los portavoces de las asociaciones de jueces preguntados por este diario recuerdan que se trata de una iniciativa que llevan reclamando “desde hace años”. Tanto es así que alguna de ellas, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ofrecen por su parte ayudas a opositores; y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) incluyó este tipo de medidas en su programa.
“La falta de recursos era lo que más fuerza da a la hora de opositar. Nadie que tenga medios se somete a semejante sacrificio, sin salir de casa y estudiando durante años”, recuerda la presidenta de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, que subraya que la profesión de juez o fiscal no son las mejores retribuidas en el sector en comparación a otras carreras jurídicas. Una opinión que también comparte la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, que destaca que obviamente hay casos en los que un hijo sigue la carrera profesional de algún pariente cercano, como ocurre en otros muchos sectores, pero asegura que éstos son los que menos y que la gran mayoría de opositores se presentan por tener una “vocación muy determinada”.
Sistema “objetivo” y “transparente”
En este sentido, Dexeus defiende que el sistema de oposición establecido para jueces y fiscales es el “más objetivo” y “transparente”, ya que, mediante la exposición oral ante un tribunal y con público, el aspirante demuestra si tiene los suficientes conocimientos jurídicos -normativos, doctrinales, incluso de opinión de catedráticos- para en un futuro poder “resolver los conflictos de los ciudadanos”. “Algo que sería muy complicado valorar a través de un único examen tipo test, por ejemplo”, añade.
A juicio de la APM, la propuesta de cambiar el sistema de acceso a las carreras judiciales y fiscales la hacen “quienes no conocen cómo es la oposición”. Su portavoz, María Jesús del Barco, afirma que es posible que se puedan introducir “mejoras puntuales”, pero considera que es muy difícil perfeccionar un sistema que se basa en “principios de mérito y capacidad” y garantiza la independencia judicial. En esta línea, enfatiza que las becas deben estar pensadas para ayudar a los opositores con escasos recursos, pues la judicatura ya está “democratizada” desde hace mucho tiempo pues, según indica, “el 75 por ciento” de los nuevos miembros de la carrera judicial son mujeres.
Por su parte, el portavoz nacional de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, recalca que este sistema de ayudas económica debe extenderse a todos los Cuerpos superiores de la Administración, donde" se dan las mismas circunstancias que en las oposiciones a juez o fiscales". “Excluir a otros Cuerpos genera desigualdad”, indica, al tiempo que advierte que espera que esta promesa “no se quede en propaganda”.
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