Los ministros de justicia de la ue reconocen ‘derecho al olvido’ de los internautas


Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy en Luxemburgo el Reglamento Europeo para reforzar la protección de datos en Internet, que, entre otros aspectos, reconoce el llamado ‘derecho al olvido’, referido a la posibilidad de que los usuarios reclamen que se borren datos que les afectan y que están presentes en la Red.
Este encuentro de los ministros europeos era el denominado Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), al que asistió el titular español de Justicia, Rafael Catalá.
Según informó el departamento que dirige Catalá, con el Reglamento Europeo para protección de datos se busca “proteger la intimidad y los derechos fundamentales de las personas físicas frente al riesgo que supone la recopilación y uso indiscriminado de esos datos en el mundo digital”.
El objetivo es mantener un marco normativo único para toda la Unión Europea uniformando el régimen jurídico actual, así como facilitar la libre circulación de datos personales en el marco de la UE y con otros países e instituciones internacionales. Todo ello a partir del derecho a la libertad de expresión, prensa y las condiciones necesarias para la investigación científica.
PROTECCIÓN DE MENORES
La norma se aplicará a empresas europeas y a extracomunitarias que ofrezcan sus servicios a usuarios de la UE, de manera que solo podrán procesar información personal si cuentan con el consentimiento de los consumidores.
Se simplifican así los trámites para las empresas que procesen datos personales, con lo que Bruselas calcula que se ahorrarán 2.000 millones de euros al año en cargas burocráticas. Los Estados miembros han reconocido además el derecho de los ciudadanos a ser olvidados en la Red, de manera que cualquier usuario tendrá derecho a que se borren sus datos personales si así lo demanda.
Entre las disposiciones novedosas de este Reglamento, se incluye la protección especial para los menores y la protección frente a técnicas de perfilado (‘profiling’). Se refuerza igualmente la seguridad de los datos, lo que incluye la necesidad de comunicar al ciudadano afectado un régimen de responsabilidad que le garantice la reparación de los daños sufridos y una especial ponderación de la libertad de expresión que favorezca el trabajo de los medios de comunicación.
Catalá destacó en el JAI que el apoyo de España a esa norma persigue contribuir a la obtención cuanto antes de una reforma general en materia de protección de datos personales que va a aumentar el control de los ciudadanos sobre sus propios datos y reducir los costes para las empresas, evitando trámites innecesarios de notificación.

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