Cuando te deben desde hace más de un año decenas de horas extraordinarias, cuando miras a tu lado y echas en falta a casi 2.000 compañeros con los que se podría cumplir con el deber según las ratios de otros cuerpos; cuando ves que el trabajo que se avecina va a necesitar de más horas, más medios y más personal; cuando vives todo eso, puede que la política importe un poco menos.
A esta conclusión han llegado, después de meses convulsos y múltiples polémicas en las que se les ha puesto el foco encima desde todos los ángulos, los Mossos d’Esquadra en Cataluña. Ahora están dispuestos a que se hable de ellos, pero que se haga para tratar sus derechos y su situación en el puesto de trabajo. Para ello, avisan que llegarán hasta donde haga falta en su órdago reivindicativo.
El objetivo principal es recuperar los derechos laborales que denuncian haber perdido de un tiempo a esta parte. El primer paso que darán se cristalizará en protestas multitudinarias ante el próximo Consejo Policial, que se celebrará el 17 de septiembre en Barcelona, y que han sido impulsadas desde Telegram por un grupo de más de 3.000 agentes ajenos a cualquier sindicato (aunque con el respaldo inmediato de estos) y que se hacen llamar a sí mismos MosSOS.
Justo ahora, cuando el trabajo parece acumularse en el horizonte más cercano: tensión social creciente en la calle, celebraciones de la Diada, aniversario del 1-0 y, por encima de todo ello, la prioridad absoluta en estos momentos del cuerpo que vela por la seguridad en el territorio catalán, que no es otra que atender la alerta terrorista avivada tras el asalto de un individuo a la comisaría de Cornellá el pasado 20 de agosto.
Más que nunca, en un cuerpo al que le faltan entre 1.500 y 2.000 efectivos (depende del sindicato al que se consulte) sobre una plantilla de 17.000 personas, se va a requerir el uso de las horas extra. Pero ese es, precisamente, el gran caballo de batalla. No van a mover un dedo fuera de horario. No hasta que se les oiga. Ha pasado un año del despliegue del Dispositivo Ágora, organizado entre el 22 de septiembre y el 9 de octubre de 2017 para garantizar la seguridad en torno a la celebración del referéndum ilegal, y la Generalitat de Cataluña aún les debe el abono de 4,4 millones de euros en concepto de las horas extraordinarias que se contabilizaron en aquellas dos semanas.
Desde la Conselleria de Interior se especifica que a finales de junio se aprobó una partida para cubrir este pago y que el recién nombrado responsable del ramo, Miquel Buch, se reunió ese mismo mes con los sindicatos y está trabajando en la resolución de los conflictos, especifican. Sobre por qué se ha tardado tanto tiempo en liberar el dinero, desde la Generalitat culpan a la aplicación del artículo 155 y la toma de control del Gobierno central que, según ellos, paralizó el cobro.
“Nosotros no hemos recibido nada todavía y no sé cuándo será”, contesta Francesc Vidal, secretario del sindicato de los Mossos, Uspac, resignado a un retraso que va para un año. Para ellos, importan más las reclamaciones de fondo porque entienden que ese pago vendrá más temprano que tarde. La primera, la falta de personal, que desde su sindicato calculan que es de 2.000 integrantes de incorporación inmediata. A continuación, el cobro de la llamada ‘bufanda’ de los años 2013 y 2014 que la Generalitat restó a todos los funcionarios catalanes. Y, en tercer lugar, la actualización de lo que se paga por hora extra, que permanece inalterada desde el año 2003 “y que es menor a la ordinaria, algo que va completamente en contra de la legalidad”.
Uspac también ha dado un paso más en una batalla en la que el cuerpo pretende recuperar el debate sobre las condiciones para desempeñar su trabajo. Esta misma semana se remitió una carta al conseller Buch en la que mostraba su hastío ante la politización del cuerpo (algo que también se le reprocha a otros partidos) y anticipó lo que luego se ha concretado con el movimiento MosSOS de reivindicaciones para dentro de dos semanas, justo en el intervalo de supuesta calma entre la Diada y el aniversario del 1-0.
“Estamos en una situación en la que no podemos garantizar la seguridad de los agentes ni de la ciudadanía”, declara por su parte Valentí Anadón, portavoz de otro de los grandes sindicatos de los Mossos, el Sap-Fepol. Hay datos que justifican la amenaza. La alarma terrorista y todo lo que exige de refuerzo de instalaciones y seguridad de las patrullas y las calles sobresale por sí sola. Pero no solo eso: en el área metropolitana de Barcelona ha crecido en los últimos meses en un 30% la criminalidad con un cuerpo de seguridad ciudadana autonómico bajo mínimos, de apenas un agente por cada 700 habitantes.
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