Los periodistas piden cambiar la ley de seguridad ciudadana

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) aprobó este sábado, en su asamblea en Santander, una resolución mediante la que instará al Gobierno a retirar del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana las normas que considera que limitan las libertades de información y de expresión.
En caso de que el Ejecutivo no modifique el anteproyecto de ley en estos aspectos, la FAPE pedirá a los grupos parlamentarios que soliciten y promuevan la retirada de “todo lo que limite a pueda limitar los derechos a las libertades de expresión y de información”. Así se dice en la resolución aprobada este sábado por la federación de periodistas, que informó de su encuentro en Santander a través de un comunicado.
La resolución, presentada por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), fue defendida por su presidenta, Carmen del Riego, quien argumentó que el hecho de que el Gobierno, con dicho anteproyecto, haya “renunciado a algunos de los preceptos que contenía para limitar el derecho de manifestación” ha ocultado “otros artículos que suponen un menoscabo de otro derecho tan importante como el de manifestación, como es el derecho a la información, consagrado en el artículo 20 de la Constitución”.
YA REGULADO
Del Riego añadió que el anteproyecto “sanciona el uso de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ‘atenten gravemente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen’ o ‘puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación’”.
La presidenta de la APM afirmó también que “que ello ya está recogido en la Ley Orgánica del Derecho al Honor a la Intimidad y a la propia imagen, que deja también muy claro cuando la captación de esas imágenes no supone una intromisión ilegítima”.
Otra modificación que reclaman los periodistas se refiere a la norma de que los delegados del Gobierno o el secretario de Estado de Seguridad, determinarán, en lugar de los jueces, “si una manifestación a través de un medio de difusión tiene como finalidad las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos” cuando no constituyan delito. Si no constituyen delito, “no pueden ser objeto de sanción, y menos por parte de la autoridad administrativa”, pues "atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.