Nuevo informe pericial aportado al 'caso Popular' en la recta final de la causa. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha recibido el análisis de los peritos del Banco de España sobre las tasaciones de la entidad extinta a fin de recalcular el déficit de cobertura a finales del año 2015, en el que se concluye que el banco resuelto debía haber reflejado pérdidas por casi 1.020 millones de euros, en vez de beneficios por 106 millones de euros. No obstante, esta estimación la hace bajo la advertencia de que los datos que han manejado son "incompletos", entre los que existen "gran cantidad de incoherencias, defectos e inconsistencias".
Este nuevo informe, con fecha del pasado 9 de septiembre, y al que ha tenido acceso La Información, responde a la solicitud de ampliación que realizó el pasado mes de marzo el magistrado instructor con respecto al informe presentado el 14 de septiembre de 2021 sobre adjudicados (inmuebles). El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 requirió un nuevo examen después de escuchar, como testigo, al inspector del Banco Central Europeo (BCE) Jesús Fernández Martínez Usano, quien ratificó el informe que elaboró su equipo sobre crédito reestructurado y destacó que la entidad financiera tenía un déficit de provisiones, que cifró de entre 1.100 y 1350 millones de euros, a causa de una liberación de coberturas, que se habría hecho de manera contraria a la legalidad.
Así, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez solicitó a los peritos del organismo supervisor que ampliaran dos informes para recalcular el déficit a fecha de 31 de diciembre de 2015: uno del 8 de abril de 2019, en el que se indicó que el Banco Popular "no era inviable" en el momento de la ampliación de capital por el importe de 2.500 millones de euros en mayo de 2016, bajo el mandato de Ángel Ron; y otro del 14 de diciembre de 2021 sobre tasaciones. La 'reelaboración' del primer examen se entregó el pasado 13 de junio y se cambió la conclusión inicial, llegando a afirmar que el Popular debió haber declarado pérdidas de 1.194 millones en lugar en lugar de beneficios de 106 millones de euros, al considerar que no se clasificaron adecuadamente los riesgos los refinanciados acreditados hasta diciembre de 2016. Los expertos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández ratificaron este nuevo criterio ante el juez el pasado 14 de septiembre.
La ampliación del segundo informe se ha puesto a disposición del juez hace dos semanas y su ratificación por parte de los expertos Teodoro Fernández Hernández y Álvaro López González, en sede judicial, tendrá lugar el próximo 15 de noviembre, según han informado fuentes jurídicas a este diario. El documento de 74 páginas -30 de ellas corresponde al estudio de las cuentas del banco que fue resuelto en junio de 2017, y el resto a documentación anexa- señala que si se adopta la "hipótesis de mínima repercusión (máximo efecto fiscal)", el resultado consolidado del ejercicio pasaría de mostrar un beneficio de 105,93 millones de euros a reflejar pérdidas por 1.019,9 millones de euros.
Una conclusión que expone con cierta cautela al constatar que, pese a la información adicional que ha aportado el Banco Santander -'heredera' al comprar el Popular por un euro-, la "calidad" de los datos inventariados aportados no es suficiente, lo cual, añaden los peritos, "se ha ido solventado con objeto de obtener una cifra mínima estimada de déficit" y se han utilizado "alternativas factibles" para que la falta de provisión calculado sea "un menor importe".
Dificultades del examen
En este sentido, los expertos ya advirtieron en un escrito enviado al juez tras conocer la solicitud de ampliación -que también ha podido ser consultado por este digital- de las dificultades para llevar la pericial. Así, indicaron que no se puede hacer una revalorización del valor de registro inicial de los activos adjudicados "de una forma mínimamente fiable" por el incumplimiento de la norma contable; que la modificación de la Circular 4/2004 del Banco de España, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, que entró en vigor el 1 de octubre de 2016, supuso la alteración en la contabilización posterior de los adjudicados, lo que conllevó a un cambio del Manual de políticas contables de Banco Popular; o que hubo una "sobrevaloración" de los activos, en especial de la categoría suelos.
Tras ello, los peritos han estimado que el déficit de reconocimiento inicial de adjudicados (activos inmobiliarios, viviendas, oficinas, parcelas, fincas) es de 229,81 millones euros. En cuanto al déficits de coberturas cuyo tiempo de permanencia en el balance excede del plazo medio esperado conforme a la política de ventas -que en opinión de los expertos no cabe recalcular en los mismos términos que hizo el BCE debido al cambio de normativa del Banco de España- es de 810,4 millones de euros. A ello hay que sumar que la entrada en vigor del Decreto Ley 2/2012, de saneamiento del sector financiero -norma aún vigente- estableció unos porcentajes de coberturas mínimas para las financiaciones y activos adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionados con el sector inmobiliario existentes desde 2011. Ante esta situación, los funcionarios del organismo que dirige Pablo Hernández de Cos apuntan que el déficit sería de 348,4 millones euros.
En cuanto a la "sobrevaloración" de activos, el equipo inspector ha reevaluado la muestra de acreditados seleccionada previamente (82 activos) y ha elegido 21 de ellos, a los que ha aplicado la normativa vigente a fecha de 31 de diciembre de 2015. Con ello, los peritos estiman que el descubierto es de 219,69 millones de euros. Todo ello suma el total de 1.608,3 millones de euros, que si se le aplica el 30% que en "aproximación" debería aplicarse de "repercusión fiscal", se queda un ajuste de 1.125,83 millones de euros. Así, según explican los peritos, si a esta cantidad se resta los 105,93 millones de beneficios que se reflejaron en las cuentas de 2015, el resultado sería de 1.019,89 millones de euros en pérdidas.
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