Los políticos se mojan, pero poco, con las propuestas del Movimiento 15M

  • No ha habido diálogo directo entre el Movimiento 15M y los políticos, pero los 'indignados' se están dejando oír y algunas de sus propuestas  se han retomado o ya se han incorporado, al menos en forma de promesas, al discurso político.
Tarjeta roja a la clase política
Tarjeta roja a la clase política
EFE
B. Toribio / C. Ibáñez

La vivienda, la reforma del sistema electoral, recortes de los privilegios de los políticos y medidas de austeridad forman parte de la larga lista de exigencias del Movimiento 15M.

Ahora, después de las elecciones municipales y autonómicas, empiezan los guiños de los políticos, aunque algunos partidos ya recogían en parte algunas de estas propuestas.

Vivienda

Las protestas del Movimiento 15M han impedido varios desahucios en diferentes puntos del país. Y es que una de sus principales reivindicaciones es que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, como reconoce la Constitución.

Entre las medidas concretas que proponen, algunas han tenido eco en la clase política: la presidenta madrileña Esperanza Aguirre prometía impulsar la dación de pago, es decir la posibilidad de que en caso de embargo o impago se entregue la vivienda al banco para saldar el préstamo. 

Todo un mensaje populista de Aguirre que llegaba en plena campaña electoral, ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene competencias para ello y además es una fórmula que ya contempla la ley hipotecaria pero que apenas se aplica porque a ninguna de las partes le interesa: el banco asumiría más riesgos y se lo trasladaría al cliente con peores condiciones en el crédito.

Este mes de junio también se ha creado una subcomisión en el Congreso que va analizar la posibilidad de reformar la ley hipotecaria. Aunque a los diputados se les ha llenado la boca con mensajes a favor de la dación de pago y para poner freno a las 'clausulas suelo'  en las hipotecas (que impiden que nos beneficiemos de la caída de los tipos de interés), esta subcomisión nace con pocas posibilidades de llegar a buen puerto.

Hay varias razones que impiden que entregar la casa para saldar la hipoteca sea posible, pero además los grandes partidos siempre han unido fuerzas para frenar iniciativas en este sentido.

Reforma Electoral

Ésta es una de las peticiones históricas de Izquierda Unida a la que se sumó hace casi cuatros años UPyD al crearse como partido político. Son las dos formaciones que más atacan al bipartismo en España y aseguran que son las formaciones más perjudicadas por la Ley D'Hondt.

PP, PSOE y nacionalistas siempre han mostrado una férrea oposición a esta propuesta a pesar de las sugerencias del Consejo de Estado para mejorar la proporcionalidad del sistema de representación español.

Sin embargo, días después de las elecciones autonómicas y municipales han empezado las promesas de cambio. La primera fue Esperanza Aguirre en su discurso de investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Propuso reformar la Ley Electoral en dos sentidos: por un lado, que las listas no sean cerradas, sino que se pueda elegir a los candidatos de forma individual, y, por otro lado, crear circunscripciones dentro de la Comunidad.

FranciscoCamps o José Antonio Monago también han seguido su ejemplo proponiendo listas abiertas. Ahora se ven forzados a sumarse al carro otros presidentes autonómicos como el gallego Alberto Núñez Feijóo y habrá que estar atentos a los discursos de investidura del resto de presidentes autonómicos a lo largo de la semana que viene, la mayoría de ellos.

Los privilegilos de los políticos

Uno de los muchos motivos que llevó al nacimiento del 15M fue el malestar con una clase política que goza de grandes ventajas: pensiones de lujo cuando a los ciudadanos se les obliga a jubilarse a los 67 años en vez de a los 65; los partidos aumentan el presupuesto electoral cuando al resto de los mortales se les aplican recortes sociales de calado; se aprueba una reforma laboral que lucha contra el absentismo cuando sus señorías muchas veces ni pasan por el Hemiciclo del Congreso…

Las críticas a la clase política vienen de largo: el año pasado el debate sobre las largas 'vacaciones parlamentarias' obligó a poner plenos en los meses de enero y julio, hasta ahora inhábiles. El clamor social obligó a los políticos a hacer una señal de cara a la galería. Y ahora la propuesta de José Bono, presidente del Congreso, de reducir de tres a dos días los plenos ha sido rechazada de cuajo por todos los grupos.

Pero ha sido esta semana cuando se ha dado un paso de gigante: los presidentes del Congreso y del Senado han propuesto una serie de reformas que acaba con los complementos que mejoran la pensión de los diputados y senadores, se les obliga a hacer público su patrimonio y rentas a partir de septiembre y hará más difícil que sus señorías puedan tener actividades extra más allá de su escaño.

La propuesta de José Bono y Javier Rojo es una primera "señal de que [los políticos] hemos  escuchado las demandas", como reconocía esta semana Eduardo Madina, secretario general del Grupo Socialista, si bien destacaba que el 15M "trasciende" de las regulación de las condiciones laborales de los parlamentarios.

Aunque habrá que ver en qué quedan al final estas reformas de los 'privilegios' de los diputados (ahora se ha abierto un proceso de enmiendas de los grupos), lo cierto es que el 15M ha hecho reaccionar a los políticos. De hecho, tramitarán de urgencia la reforma legal para que a partir de septiembre sea público su patrimonio.

Las medidas de austeridad

Han pasado casi cuatro años desde que estallara la crisis económica pero ahora más que nunca la palabra 'austeridad' ha vuelto al vocabulario de nuestros políticos.

Menos coches oficiales, menos consejerías, menos direcciones generales.... Días después de las elecciones municipales y autonómicas y con la calle tomada por miles de personas, los ganadores de las elecciones se lanzan a recortar aunque muchos de ellos ya estuvieran gobernando antes.

Los nuevos cargos también apuestan por la "austeridad". Por ejemplo, José Ramón Bauzá, el nuevo presidente balear, eliminará tres consellerias y 35 direcciones generales de la estructura de su gobierno.

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