Los proyectos de reconstrucción en Afganistán están en peligro por la falta de seguridad

Washington.- Empresas, organizaciones y ONGs que cuentan con financiación de EE.UU. han comenzado a suspender grandes proyectos de reconstrucción en Afganistán, por la decisión de Kabul de disolver las compañías privadas de seguridad.

Funcionarios estadounidenses y cooperantes indicaron que la decisión de suspender los proyectos, que en su conjunto suman cientos de millones de dólares, podría tener un efecto importante en la campaña del Ejército de EE.UU. contra los talibanes, al faltar un componente clave en su estrategia de lucha contra la insurgencia en un momento crítico de la guerra, informó hoy el Washington Post.

Programas en apoyo a los campesinos afganos y otros que intentan fortalecer los gobiernos locales, todos vitales en el esfuerzo global estadounidense de estabilizar las volátiles regiones del sur y del este del país centroasiático, se encuentran entre los proyectos afectados, señalaron las fuentes al diario.

Las consecuencias de la decisión que tomó en agosto el presidente afgano, Hamid Karzai, de disolver las compañías privadas de seguridad que operan en el país en un plazo de cuatro meses "serán catastróficas", dijo un funcionario estadounidense.

"Si estos proyectos se detienen podemos irnos a casa. Son esenciales para la estrategia de lucha contra la insurgencia", afirmó.

Otra fuente explicó que la disolución de las empresas de seguridad privada afectará labores de reconstrucción valoradas en 1.500 millones de dólares. Más de 20.000 afganos perderán su trabajo solamente en la construcción y en proyectos energéticos.

La prohibición de las firmas de seguridad, que entrará en vigor el próximo 17 de diciembre, afecta a todas las empresas dedicadas al desarrollo y a todas las ONG, incluidas aquellas que son financiadas por otros países y por la ONU.

La norma también se aplicará a subcontratistas que custodian los convoy militares que transportan alimentos, gasolina y otros suministros esenciales, y a bancos internacionales y a otras entidades privadas que, con sus servicios, apoyan el trabajo de reconstrucción.

El Gobierno afgano quiere que sean los policías y soldados los que presten los servicios de seguridad a cooperantes y protejan los proyectos, una idea que diplomáticos y ONGs califican de poco realista porque las fuerzas de seguridad de los gobiernos locales son corruptas, no cuentan con la formación adecuada ni tampoco con el personal suficientes como para dedicarse a este trabajo, alegan.

Las empresas también han explicado que no podrán contratar seguros para sus empleados porque no se les permite contar con agentes de seguridad privados.

EE.UU. ha apoyado la decisión de Karzai de prescindir de las empresas de seguridad pero más como una iniciativa a largo plazo y no sin una fase larga de transición.

Pese a que la prohibición aún no ha entrado en vigor, varias empresas han comenzado a suspender sus operaciones.

Según el Post, Development Alternatives Inc ha dejado de trabajar en un programa para mejorar la gobernabilidad local en el país.

DAI ha informado a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) que pretende cancelar 330 proyectos valorados en 21 millones de dólares y que no invertirá otros 6,2 millones en nuevas actividades.

Otra gran firma, International Relief and Developlemt, está planeando abandonar Afganistán, aunque intenta buscar una solución antes de tomar una decisión definitiva.