Enésima crisis interna en Podemos. Pero en esta ocasión, con graves denuncias de por medio. Una de sus responsables de Control mandó una carta a la dirección del partido de Pablo Iglesias en la que aseguraba que se iba a prescindir de ella por investigar "graves irregularidades" en el funcionamiento interno de la formación. Una medida que, como señaló ella misma, ya se había ejecutado con el responsable de Protección de Datos. El motivo por el que se prescinde de ambos es, según señalaba esta abogada de los morados, es que estaban cerca de poder 'tirar de la manta' con respecto a ciertos comportamientos que podrían incurrir en ilegalidades. Y por los que señala directamente a "algunos cargos internos y responsables del partido".
Los purgados en cuestión son Mónica Carmona Segura, que ejercía las funciones de Responsable de Control Normativo, y José Manuel Calvente Redondo, que era el Delegado de Protección de Datos. Según cuenta Carmona en su misiva, el pasado lunes 2 de diciembre el partido decidió dejar de contar con Calvente. A esto habría que sumar la propuesta de que fuera cesada del cargo que tenía desde hace varios años. Algo que Podemos ha defendido como "renovación de equipos" o con un despido por motivos disciplinarios, como ocurriría en el caso de Calvente. Pero la abogada asegura que todo viene por la investigación que ambos estaban llevando a cabo de "graves irregularidades en materia de Protección de Datos y en Cumplimiento Normativo Penal".
Entre las cuestiones que Carmona Segura destaca como susceptibles de tener reproche judicial están "irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que de confirmarse pondrían en cuestión los elementales centrales de nuestra legitimidad como organización". Indagar en qué estaba ocurriendo con temas como los anteriores es lo que le ha costado su propuesta de cese y el despido disciplinario de Calvente. Algo de lo que señala directamente, aunque sin mencionar su nombre, al secretario de Organización y diputado por Canarias Alberto Rodríguez.
Esta carta, remitida por Carmona Segura al Consejo Ciudadano Estatal, también es un aviso a navegantes sobre lo que vendrá después de unos despidos realizados "por exigir el cumplimiento de la ley". Según ella, al paralizar las pesquisas que llevaban a cabo podrán seguir llevándose a cabo esas irregularidades. Las cuales podrían acabar en "acusaciones penales para algunos miembros de la Ejecutiva". Esto podría salpicar también al Consejo de Coordinación que rige el día a día en Podemos, debido a que sus acuerdos podrían considerarse "un intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento" si finalmente hay una judicialización de lo denunciado. Aunque la abogada ya anticipa que por las demandas laborales que se avecinan por lo ocurrido "saldrán irremediablemente a la luz hechos tremendamente comprometedores para algunos cargos internos y responsables del partido".
Los posibles escándalos
En las últimas semanas, Podemos se ha visto envuelto en numerosas polémicas que tenían que ver con su funcionamiento interno. Una ola de denuncias que comenzó con las denuncias de despidos "ideológicos" de trabajadores por una supuesta vinculación a Íñigo Errejón. A los que hay que sumar otras extinciones de contrato por los recortes que debe afrontar una formación que ha perdido muchísimo dinero en subvenciones por la caída del apoyo que recibe en las urnas. De hecho, ya hubo una condena judicial al partido por el despido del exdiputado Miguel Vila. Dicha sentencia obligaba a los morados a readmitirle en su puesto por haber esgrimido motivos ideológicos para dejar de contar con él, según señaló el juzgado.
Otros asuntos controvertidos tienen que ver con el uso que ha hecho la formación de recursos internos y con el posible incumplimiento de las propias normas que se pusieron ellos mismos. En el primer caso está la denuncia de la exescolta de la portavoz parlamentaria, Irene Montero, que también fue despedida y ha denunciado en los tribunales que se le exigían tareas que no era de su cometido. Entre las que señala jornadas mucho más largas o tener que encargarse de cuestiones de ámbito doméstico y privado de Iglesias y Montero. Otra tiene que ver con las sospechas de que no se cumple con el mandato económico de que los cargos cobre un máximo de tres SMI. Algo que ha sido denunciado internamente e incluso por personas que fueron expulsadas de la organización, según pudo saber este diario.
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