Los responsables de una empresa pública de madrid reconocen que pagaron contratos a la ‘gürtel’ por “órdenes políticas”

Los responsables de Arpegio, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que se dedica a la gestión del suelo, han reconocido hoy en la Audiencia Nacional que se encargaron de pagar contratos a las sociedades de la trama del ‘caso Gürtel’ por “órdenes políticas” y han apuntado en este sentido al imputado y exconsejero Alberto López Viejo.

El consejero delegado de Arpegio, Francisco Labayen, ha reconocido al ser preguntado por tres contratos abonados por su empresa a la red liderada por Francisco Correa que se hizo “órdenes políticas”, según explicaron fuentes jurídicas.
El secretario general de la empresa pública, Francisco Esquivias, ha indicado por su parte que las órdenes procedían de la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo, de la que en la época era responsable López Viejo.
Labayen y Esquivias hicieron estas afirmaciones durante sus declaraciones como testigos ante el instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Los testigos han reconocido que los tres contratos investigados se referían a conceptos ajenos a la actividad de Arpegio. Uno de los contratos, por ejemplo, se refería a la adjudicación a empresas de la ‘Gürtel’ de un acto del 112, mientras que otro versaba sobre un desarrollo urbanístico en la zona de Arroyo Culebro.
CONTRATOS FRACCIONADOS
Esquivias ha explicado que las indicaciones para abonar las facturas procedían del que fuera viceconsejero de Cultura, Deporte y Turismo Pedro Rodríguez, pero ha reconocido que esta persona no tenía en realidad poder de decisión.
Ruz ha tomado declaración a Esquivias y Labayen en el marco de la investigación sobre las adjudicaciones que la Comunidad de Madrid concedió de forma presuntamente irregular a las empresas de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’.
Un informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre 686 adjudicaciones de la Comunidad de Madrid por un importe total de 6.484.080 euros determinó que en 104 casos se realizó un fraccionamiento de los contratos para que no superasen los 12.020 euros –límite legal- y no tener que sacarlos a concurso.
Entre las adjudicaciones investigadas se encuentran contratos para actos como el primer aniversario del 11-M, la visita de Bill Gates en noviembre de 2004, la firma de un convenio con el Real Madrid, la realización de un vídeo de Esperanza Aguirre y un cuadro de Alberto Ruiz-Gallardón.
Ante Ruz también han comparecido esta mañana en calidad de testigos a Carmen García Expósito, que fuera jefa de la Secretaría del imputado Alberto López Viejo cuando este ocupó el cargo de viceconsejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, así como a Javier Peña Linares, quien en el año 2007 era director de Servicios Generales de la Academia de Policía Local de Madrid.
Ruz interrogará este jueves a cuatro imputados por estas adjudicaciones. Estos cuatro imputados son empresarios a los que el líder de la trama, Francisco Correa, habría recurrido para poder amañar las adjudicaciones investigadas. Se trata de Juan Ignacio Hernández Rodríguez (Grupo Elba), Antonio Martín Sánchez (Marketing Quality Management), y Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno (Grupo Rafael).