Los secretarios piden un turno para registros en operaciones antiterroristas

Madrid, 29 sep.- Las entidades representativas de los secretarios judiciales han propuesto hoy al Ministerio de Justicia la organización de un turno para garantizar su presencia en las entradas y registros simultáneos, que son frecuentes en operaciones contra el terrorismo o el crimen organizado.

Así lo han planteado la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), el sindicato (SISEJ) y el colegio (COSEJU) al secretario general de Modernización y Relaciones, Ignacio Sánchez Guiu, que se ha comprometido a estudiar esta iniciativa antes de las próximas elecciones generales.

El portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), Rafael Lafuente, ha explicado a Efe que el departamento que dirige Francisco Caamaño ha reconocido la necesidad de mejorar la regulación del llamamiento de los secretarios judiciales cuando se producen diversas entradas y registros al mismo tiempo.

Lafuente ha apuntado que el sistema debe facilitar el conocimiento previo de los secretarios judiciales y contemplar algún tipo de retribución, además de dar prioridad a la voluntariedad frente a la obligatoriedad.

Por su parte, la portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Margarita Martínez, ha considerado que la organización del turno de secretarios judiciales es "una necesidad" del servicio público de la Justicia en las zonas donde hay más operaciones contra el terrorismo o la delincuencia organizada, como el País Vasco o la Costa del Sol.

Martínez ha reconocido que muchas veces los secretarios judiciales no están localizables o disponibles en el momento en que la Policía pide una entrada y registro porque han terminado su jornada de trabajo.

También ha lamentado que, con el adelanto de la convocatoria electoral al próximo 20 de noviembre, se vaya a "quedar en el tintero" la modificación del Reglamento Orgánico de los Secretarios Judiciales en lo referente al régimen disciplinario para penalizar las faltas graves con multas, como en el caso de los jueces y magistrados, en vez de con suspensión de empleo y sueldo.