El Ministerio del Interior tiene 15 días hábiles para decidir si recurre o no la sentencia de la Audiencia Nacional que ordenó cesar al subdirector general de la Inspección de Personal, José María Rodríguez Calderón. La resolución se dictó el pasado 16 de julio, por lo que el plazo finaliza el próximo 4 de septiembre. Fuentes del departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz aseguran que hasta entonces hay tiempo suficiente y que en este momento no han decidido nada sobre el futuro del alto cargo.
Los servicios jurídicos del Ministerio, explican las citadas fuentes, están estudiando la conveniencia o no de interponer recurso. En el caso de que Interior decida no hacerlo, tendría que cesar en los próximos días a Rodríguez Calderón, ya que la resolución judicial se tornaría firme el citado 4 de septiembre.
El fallo judicial obligaba a la Secretaría de Estado a anular el nombramiento del subdirector general porque la plaza se convocó sin hacer publicidad y, sobre todo, porque Rodríguez Calderón no contaba con la titulación universitaria que exige la ley, que es la de doctor, licenciado, arquitecto o ingeniero. En concreto, la sentencia se basó en el artículo 19.2 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage), que establece el citado requisito.
La resolución se produjo tras el recurso interpuesto por un inpector de la Policía contra la designación de Rodríguez Calderón. El funcionario demandante –que ya provocó en 2012 el cese temporal del jefe superior del País Vasco, Fernando Amo, por el mismo motivo– argumentó que en el resto de ramas de la Administración sí se exige la titulación y que la Policía no podía ser una excepción, extremo en el que el Juzgado número 9 de la Audiencia Nacional le dio la razón.Aspirar al cargo
El recurso contra Amo –que conllevó la destitución cautelar del jefe superior, que luego se volvió a incorporar a su puesto– no salió adelante porque el inspector que recurrió no podía aspirar al cargo que ostentaba el comisario, condición imprescindible para obtener el beneplácito judicial. Sin embargo, en el caso de Rodríguez Calderón era distinto, ya que el puesto de subdirector general es accesible para cualquier funcionarios de la Administración del Estado.
Tras el episodio de Amo, la Dirección General de la Policía firmó un convenio con la Universidad Rey Juan Carlos con el fin de que este último centro pusiera en marcha un curso on line dirigido a que comisarios e inspectores obtuvieran el grado en tan solo un año. La Universidad convalidaba las asignaturas internas realizadas por los funcionarios e impartía las sesiones correspondientes a un curso académico y los alumnos lograban la titulación.
Más de un centenar de mandos –muchos de los cuales ocupaban una plaza que requería tener titulación– terminaron el citado curso el pasado junio y ya cuentan con el grado en Criminología colgado en las paredes de sus despachos; entre ellos, el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez, y varios comisarios provinciales.
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