El comisario jubilado José Manuel Villarejo se enfrentó el 27 de mayo de 2021 a las numerosas preguntas de los portavoces parlamentarios que formaban parte de la comisión de investigación de la 'operación Kitchen'. Ello dio pie a que revelara un dato desconocido hasta el momento en la causa que llevaba abierta en la Audiencia Nacional desde noviembre de 2018. La noticia era que el agente encubierto se había comunicado directamente con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de mensajes de teléfono móvil, para resolver las "inquietudes" que éste tenía sobre el espionaje que se hizo en 2013 al extesorero del PP Luis Bárcenas. Ello provocó que el juez instructor Manuel García Castellón llamara de nuevo a declarar al polémico policía y que éste aportara varios números de teléfono para dar credibilidad a su versión.
Sin embargo, este suceso no tuvo mucho recorrido en la vía judicial. El instructor ordenó en julio de 2021 a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que rastreara cinco números de teléfono para verificar la existencia de comunicaciones entre Villarejo y Rajoy. Sin embargo, los agentes no localizaron ninguna vinculación trascendental, más allá de que uno de ellos era de titularidad del PP. Esta conclusión hizo que el juez García Castellón zanjara esta parte de la investigación, una decisión que ha sido ratificada por la Sala de lo Penal, pese a las discrepancias de la Fiscalía Anticorrupción, y de las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Podemos, que solicitaron seguir profundizando en este extremo.
En opinión de los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal no quedan nada por investigar en relación a la 'operación Kitchen', cuyo objetivo era impedir que la documentación que tenía Bárcenas sobre la caja 'b' llegara a la Audiencia Nacional, que comenzaba a investigar sobre su existencia. Así, en varios autos, con fecha del pasado 19 de abril, el tribunal confirma la decisión del instructor García Castellón de dar por finalizada la séptima línea de investigación de la macrocausa 'Tándem', relativa al operativo parapolicial urdido en 2013, y sufragado con fondos reservados, para sustraer a Luis Bárcenas la información comprometedora que guardaba sobre el PP.
Sin soporte indiciario
En concreto, sobre la solicitud de aclarar si realmente Villarejo informó a Rajoy sobre el avance del espionaje al extesorero 'popular' y su entorno, los magistrados consideran que estas pesquisas "son impertinentes por innecesarias", al entender que no hay "soporte indiciario alguno" que soporte la existencia de la 'línea directa' que el comisario dijo que mantenía con el expresidente del Gobierno. Así, sobre el hecho de que uno de los móviles pertenecieran al PP, la Sala indica que es "irrelevante" el dato de la titularidad de la línea o "quien lo utilizara dentro del partido, habida cuenta de que no existe ningún indicio de que el investigado José Manuel Villarejo se comunicara con ese número".
Es "irrelevante" que el titular de una línea de teléfono fuera el PP o "quien lo utilizara dentro del partido", indica la Sala de lo Penal.
De este modo, es la propia Sala la que rechaza en sus resoluciones dar más importancia a la última información que 'desveló' el agente encubierto tres años después de que la Audiencia Nacional comenzara a investigar estos hechos. Según apunta en sus resoluciones, "obtener el número de teléfono de alguien puede hacerse de muchas maneras no ilícita, es una información relativamente fácil de obtener para alguien que desempeña un trabajo como el entonces desempeñado por el investigado y en modo alguno implica necesariamente que quien disponga de esa información efectivamente se comunique con ese número".
El agente encubierto narró en el Congreso de los Diputados que la primera comunicación que mantuvo con Rajoy fue cuando éste le "felicitó", de forma "discreta y privadamente a través del teléfono" de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, por el "éxito" de la denominada 'operación Cataluña'. A raíz de eso, y tras requerir su intervención en la 'operación Kitchen', el expresidente del Gobierno quería "estar informado puntualmente, casi a diario" de la marcha del operativo, por lo que, según el relato de Villarejo, le facilitaron "dos teléfonos de contacto".
Rajoy negó su participación
Sin embargo, esta versión dista mucho de la que ofreció el exjefe del Ejecutivo y exlíder de los 'populares', quien negó tajantemente, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Cámara Baja, cualquier tipo de comunicación con el polémico policía. Asimismo, Rajoy aseguró que ni conoció ni participó de ningún modo en el espionaje a Bárcenas, pese a lo manifestado por el comisario jubilado que subrayó que tenía cierto "interés" en recuperar la información que podría conservar el extesorero. Pero, la conclusión de la comisión de investigación del Congreso fue que la cúpula del PP ordenó poner en marcha la trama parapolicial bautizada como 'Kitchen', con el conocimiento de Cospedal y que ésta, a su vez, "informaba" al expresidente del Gobierno.
Se trata de un dictamen -aprobado por los votos de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu- que se puede entender como una 'sentencia política' pero que no tiene ningún efecto jurídico. De hecho, la Sala de lo Penal ha cerrado la vía para profundizar en si Rajoy tuvo alguna responsabilidad en la operación 'Kitchen', así como para volver a imputar a Cospedal y a otros cargos políticos con el fin de dilucidar "si los funcionarios policiales y los máximos responsables de Interior actuaban en concierto con los dirigentes del partido (PP)", tal y como pidió la Fiscalía.
Las reuniones no son ilegales
Por un lado, los magistrados entienden que no hay indicios suficientes de que la exsecretaria general del PP y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, intervinieran en la operativa en relación a la captación del que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. En este sentido, los distintos fallos judiciales detallan que las reuniones que mantuvieron con Villarejo son "cuestiones al margen de los hechos investigados" relacionadas con la información que el expolicía podía tener sobre otros asuntos por su buena relación con la prensa. En cualquier caso, "no es una actividad ilícita", recalcan los magistrados.
Así, en relación al argumento expuesto en algunos recursos sobre el supuesto interés que podrían tener los dirigentes del PP y personas cercanas en "boicotear" las investigaciones que la Audiencia Nacional tenía en curso sobre la trama 'Gürtel' y la contabilidad paralela del partido, la Sala de lo Penal indica que no se puede descartar que pudiera haber "interesados en que desapareciera la información guardada por Luis Bárcenas". No obstante, puntualiza que el "proceso penal no puede ser prospectivo" y que, por tanto, "no está permitido abrir una investigación judicial basada en el posible interés que determinada persona pueda tener en unos hechos que sospecha delictivos, para buscar indicios de criminalidad".
Asimismo, la Audiencia Nacional también cierra del todo la puerta a aclarar si hechos como el asalto de un 'falso cura' en la vivienda de la familia Bárcenas formaba parte de la 'operación Kitchen'. A ello suma también la imposibilidad de imputar a Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía Nacional y único alto mando de la época que ha quedado fuera del 'caso Kitchen', ya que ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo.
La Fiscalía Anticorrupción fue una de las acusaciones que solicitó poder interrogarle como investigado, si bien la Sala de lo Penal resuelve que no se le puede incriminar "por el solo hecho de ser superior jerárquico de personas que presuntamente participaron en la comisión de hechos delictivos". En este sentido, los magistrados subrayan que lo único que consta en la causa contra el que también fue senador del PP son las declaraciones de Villarejo y del exdirector adjunto Operativo (UCAO) Eugenio Pino -ambos procesados por estos hechos-, de las que se desprende una "notoria enemistad".
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