"La comisión la paga el vendedor. Se firma un acuerdo de confidencialidad que te prohíbe decir nada", explicó Luis Medina al juez que investiga el 'pelotazo' de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. "Es una retribución mía, propia, con un suministrador. Nadie va diciendo sus retribuciones", añadió minutos después Alberto Luceño, durante su turno de declaración. De este modo, los investigados por cobrar hasta 6 millones de dólares en concepto de comisiones por intermediar en la compraventa de mascarillas, defendieron la "normalidad" de no informar al consistorio madrileño de los elevados beneficios que iban a obtener por este negocio, en un momento en el que había gran dificultad para conseguir material sanitario, asegurando que no sabían cuánto le iba a tocar hasta que no se cerrara la operación comercial.
Según consta en el sumario de esta causa judicial, los dos comisionistas aportaron al banco una serie de documentos para acreditar el origen de las comisiones que, según la Fiscalía Anticorrupción, podría haber sido manipulada. Por un lado, facilitaron a las entidades bancarias los contratos denominados 'Non Circumvention, Non Disclosure Agreement' (Acuerdo de no elusión y confidencialidad) que supuestamente firmaron con el dueño de la empresa de Malasia proveedora de los productos sanitarios. Por otro lado, se adjuntaron también unas cartas de designación como "agentes exclusivos" de esa sociedad; y otro contrato para el pago de comisiones basado en los modelos prefijados por la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés). Precisamente, dicho organismo internacional ha advertido este mismo miércoles de la "falsedad" de la base utilizada en estos contratos vinculados a la compraventa de mascarillas, guantes y test covid-19 suscritos con "un tal San Chin Choon".
Los dos comisionistas están imputados por un presunto delito de falsedad documental, además de estafa agravada y blanqueo de capital -y alzamiento de bienes en el caso de Medina-, por los indicios que hay sobre la posible alteración de documentos oficiales, ya que, entre otros motivos, en ellos aparecen membretes de organismos que "nada tienen que ver con las operaciones documentadas", como el FBI o la Interpol, según detectó el fiscal Anticorrupción . Tanto Luceño como Medina han negado siempre esta acusación y han insistido en que es totalmente normal que aparezcan como "agentes exclusivos" de Leno Marketing, la empresa de Malasia a la que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros) por el lote de mascarillas, guantes y pruebas rápidas, para poder cobrar su parte por conseguir la adjudicación pública en marzo de 2020, que ahora se encuentra bajo la lupa judicial.
En este sentido, Luceño aseguró ante el juez Adolfo Carretero que tiene un documento "totalmente válido" que acredita que San Chin Choon, dueño de la mencionada mercantil -que se ha negado a colaborar con la Justicia española-, le designó como "agente exclusivo" en 2018, pese a que el único trabajo que han realizado de manera conjunta fue el relacionado con el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, por el que se embolsó 5 millones de dólares. Por su parte, Medina indició que él fue el "facilitador" del 'negocio', si bien se denominó como "agente" en los documentos entregados al banco para demostrar que tenía relación con la empresa que le iba a ingresar un millón de dólares por conseguir el contacto de Elena Collado, la encargada municipal de encargar las mascarillas. Es un "mero formalismo", aseguró este investigado, conocido en el mundo de la prensa rosa por ser hijo del fallecido duque de Feria y de Naty Abascal.
A todo ello, Luceño apuntó ante el juez -y también lo hizo ante el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol en 2021 cuando la causa aún no estaba judicializada- que él y San Chin Choon elaboraron todos los documentos basados en "modelos", como suele hacerse en todas las operaciones de "comercio internacional". Así para su formalización, explicó que los contratos se "mandan por vía digital, uno pone la firma y luego la pone el otro", y que "según la Cámara de Comercio de París" se debe estipular el porcentaje de comisión que cada parte debe recibir de acuerdo "al uso y la costumbre del sector que se lleve". Es por ello, que dicho organismo también "recomendó" reconocer en dichos contratos "la figura de vendedor, comprador, agente de vendedor, agente de comprador o facilitador", apostilló el empresario. El único error que existe, en opinión de este investigado, es una fecha incorrecta, ya que olvidó actualizarla.
"No existe pauta internacional"
Sin embargo, la ICC ha negado este miércoles -dos días después de la declaración judicial de Medina y Luceño- que dicho documento sea válido, al constatar que en él se incluye de forma "no autorizada" el antiguo logotipo del organismo internacional que tiene sede en la capital francesa. Además, subraya que el archivo que los imputados aportaron a las entidades bancarias incluye la cantidad que cada uno de ellos percibió, lo cual no se debería hacer, ya que los modelos autorizados no reflejan "ningún criterio sobre la cuantía de la comisión que corresponda al intermediario", ni "existe ninguna pauta internacional que cuantifique ese importe". "No se corresponde con ningún modelo de documento avalado por la ICC", concluye la Cámara de Comercio.
Con todo ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, encargado de la investigación del denominado 'caso Mascarillas', inquirió a ambos imputados sobre por qué no informaron al Ayuntamiento de Madrid de los elevados beneficios que iban a obtener. "La comisión la paga el vendedor. Se firma un acuerdo de confidencialidad que te prohíbe decir nada. En cualquier operación de compraventa nunca se dicen las comisiones", afirmó Medina, que el fue el primero en declarar. Agregó que Luceño habría llegado a un acuerdo con Leno Marketing para cerrar este aspecto.
En la misma línea se pronunció su socio, que insistió por activa y pasiva en que fue el dueño de la empresa de Malasia el que fijó el precio de los productos vendidos y el pago a los intermediarios. Cabe recordar que el juez instructor ha apuntado en sus autos que en el caso de las mascarillas, se inflaron los precios un 60% del coste real; un 80% el precio de los guantes; y un 71% el valor de los test rápidos. "Yo no sabía la retribución hasta que no se cerrara la operación", afirmó Luceño a las reiteradas preguntas del juez Carretero, al tiempo que intentó matizar que dichos porcentajes son incorrectos. Aún así, aseguró que obtuvo un "47%" de ganancias, proporción que, en su opinión, es "normal" en su sector.
Respuesta similar dio Luceño después de que el juez instructor de Madid insistiera en saber por qué "ocultó" a Collado sus comisiones "en una época de pandemia en la que el Ayuntamiento estaba necesitado de material, actuaba con angustia, eran contratos de urgencia y no tenían mucho control". "Es una retribución mía, propia, con un suministrador. Y así es como se trabaja en el comercio internacional. Nadie va diciendo que cobra retribuciones (...) No se lo dije, es normal", zanjó.
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