Adif avanza en su objetivo de ser más independiente y no estar sometido a los vaivenes políticos. El Consejo de Estado ya ha enviado al Ministerio de Transportes (MITMA) las recomendaciones para modificar el sistema por el que el gestor ferroviario fija los cánones, las tasas que cobra a los operadores que utilizan su red -principalmente Renfe, pero desde este año también sus competidores en la alta velocidad-. El máximo órgano consultivo del Gobierno despachó en sesión plenaria la modificación de la Ley del Sector Ferroviario el pasado 7 de julio, dando un paso más para avanzar en la nueva normativa.
El objetivo de Adif es desligar su modelo de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Actualmente, los cánones ferroviarios están estrechamente ligados a la voluntad política, algo que impide que la empresa dependiente del MITMA tenga verdadera libertad para establecer unos objetivos acordes al mercado en el que opera. Un claro ejemplo se ha visto en los años de bloqueo político, en los que la congelación de los nuevos presupuestos - y la prórroga de los antiguos - dejaba atada de pies y manos a la compañía presidida por Isabel Pardo de Vera.
La propia presidenta ha advertido de la necesidad de llevar a cabo este cambio en la ley. Desvincular de los presupuestos del Estado los cánones permitiría poder fijar estas tasas en función de los costes de mantenimiento y evitaría poner en riesgo la viabilidad de la compañía. "Estamos cobrando cánones de 2018 con costes de 2017. Hay que cambiar el modelo", reconoció en una entrevista en enero de 2020. "No se pueden repetir situaciones pasadas, como deber 1.800 millones a proveedores, con buena parte de activos en venta porque necesitábamos liquidez", recordó.
Con la tramitación del Consejo de Estado, el Gobierno da un paso más para aprobar definitivamente la nueva Ley del Sector Ferroviario. El órgano presidido por María Teresa Fernández de la Vega ha emitido un dictamen - todavía no es público - con recomendaciones al Ministerio de Transportes, advirtiéndole de cómo se debe articular la nueva normativa. Hay que recordar que sus dictámenes no son vinculantes, por lo que el Gobierno siempre podría hacer caso omiso a dichas recomendaciones. Las fuentes consultadas, no obstante, indican que el Ejecutivo cumplirá con las advertencias del Consejo de Estado.
Las quejas de la CNMC, Bruselas y los operadores
Los cánones de Adif ahora mismo están en el punto de mira de la Comisión Europea. Bruselas considera que el marco ferroviario en España incumple disposiciones de la directiva comunitaria. Ello ha provocado que ya casi se hayan agotado las vías amistosas previas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En Europa no ven con buenos ojos "las funciones y los recursos del organismo regulador, la independencia de gestión del administrador de infraestructuras y la gestión de las empresas ferroviarias con arreglo a principios comerciales", según reconoció púbicamente el Ejecutivo Comunitario hace ya dos años.
Otro de los grandes detractores del sistema de cánones ferroviarios ha sido la Comisión Nacional del Merado y la Competencia (CNMC). El supervisor del mercado ferroviario - también del energético, del postal y de otros sectores regulados - ha señalado en varias ocasiones que el cambio "de los cánones ferroviarios es uno de los aspectos que deben abordarse para reducir las incertidumbres para las empresas ferroviarias y candidatos de cara a la liberalización de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril".
De hecho, Ouigo, el nuevo operador que compite en la alta velocidad con Renfe, ya ha alzado la voz contra Adif, porque cree que el modelo actual le perjudica, sobre todo teniendo en cuenta que los cánones tienen, de entrada, un peso de aproximadamente el 30% o el 40% respecto del total de los costes fijos de un operador. Hélène Valenzuela, máxima responsable de la compañía francesa en España, afirmó tajantemente que "sería muy buena idea que Adif bajara los cánones, pero lo cierto es que suben para SNCF".
Ilsa también ha enmendado los cánones de Adif. La compañía creada por Trenitalia y accionistas de Air Nostrum ha aprovechado para quejarse, pese a que todavía no ha arrancado sus operaciones en el país (prevé hacerlo en 2022). Recuerdan que en Italia, donde se cumple con la normativa de Bruselas, el país pudo reducir a la mitad de los cánones y, a la vez, doblar el número de pasajeros del ferrocarril. Su propuesta es fijar los cánones con una previsión a cinco años.
Dentro de sus márgenes, Adif ha intentado fijar sus cánones para que sean a los costes de explotación del servicio ferroviario por parte de los operadores. También ha probado a rebajarlos en segmentos como la larga distancia y la alta velocidad (reducción del 23% del cánon de entrada, entre otras medidas) para no ahogar a los operadores y estimular la demanda en un momento en el que todavía seguía renqueante por las restricciones debidas al coronavirus.
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