Domingo, 19.05.2019 - 23:23 h
Se barajan entre 1,9 y 4 millones de euros

Arranca el macrojuicio del procés sin una cifra clara sobre lo que se malversó el 1-O

Oriol Junqueras y otros once líderes independentistas se enfrentan a entre 7 y 25 años de cárcel en el procedimiento más mediático de la democracia.

Tribunal Supremo de España
Más de 600 periodistas han solicitado acreditación para seguir el juicio/EP 

Tras intensas semanas de preparativos, el Tribunal Supremo está listo para acoger el que se convertirá, con toda probabilidad, en el juicio más mediático y relevante de la historia de la democracia española. Un total de doce acusados -entre ellos exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont y de la Mesa del Parlamento- se sientan desde este martes en el banquillo por los delitos de rebelión, sedición y malversación por dar luz verde a las leyes de desconexión del territorio catalán y organizar una consulta independentista prohibida por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, y pese a la intensa fase de instrucción de la causa, el asunto llega a juicio sin tener clara la cifra que los acusados habrían desviado de las arcas públicas.

De esta forma, las acusaciones que ejercen la Fiscalía, por un lado, y la Abogacía del Estado, por otro, cuantificaron en diferentes términos la malversación provocada por los acusados. Para el Ministerio Público, que no detalla una cifra concreta aunque sí advirtió que la deriva independentista puso en riesgo la estabilidad económica de todo el país, la cuantía oscilaría alrededor de los 2,5 millones de euros mientras que, los servicios jurídicos del Gobierno apuntaron a un desfalco de 1,97 millones de euros. La Guardia Civil -que investiga estos mismos hechos en un juzgado de instrucción de Barcelona- considera que la cantidad total ascendería a los 4 millones después de que en un último informe añadiera más de 750.000 euros destinados desde el gobierno de Carles Puigdemont a módulos informáticos.

No obstante, la Abogacía del Estado requiere que sea el Tribunal de Cuentas el que dirima acerca de la responsabilidad civil en la que habrían incurrido los acusados en este procedimiento, que podría prolongarse unos tres meses con sesiones de mañana y tarde, según fuentes del alto tribunal. La expectación que levanta el juicio es tal que 600 periodistas de 150 medios de comunicación diferentes (de los cuáles 50 son extranjeros) han solicitado acreditación para cubrirlo íntegro. La vista arranca este martes con la exposición de cuestiones previas -que podría alargarse dos sesiones- y, tras ellas, llegaría el turno de los interrogatorios a los doce acusados.

Vox les acusa además de organización criminal

En lo que respecta a las peticiones de la Fiscalía -que, a diferencia de la Abogacía del Estado sí acusa por el delito de rebelión- el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras se enfrenta a la pena más alta de 25 años de cárcel. Los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn afrontan una petición de 16 años mientras que el exlíder de ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y la entonces presidenta del Parlament Carme Forcadell afrontan 17 años de cárcel por delito de rebelión. Por su parte, el Ministerio Público pide la pena inferior de 7 años para los entonces miembros de la Mesa del Parlament Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila por delitos de malversación y desobediencia. Precisamente estos tres últimos son los únicos que no están en situación de prisión provisional, por lo que entrarán a las sesiones de juicio andando mientras que el resto será trasladado desde las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco a los calabozos de la Audiencia Nacional y de ahí al alto tribunal.

Con todo, la acusación popular que ejerce en la causa el partido Vox -personado prácticamente desde que arrancó la instrucción de la mano del juez Pablo Llarena- considera que los hechos que se juzgan en el alto tribunal son constitutivos, además, de delito de organización criminal. Por ello pide penas que alcanzarían los 74 años de cárcel en el caso del exnúmero dos de Carles Puigdemont. Precisamente, el sucesor de Artur Mas en el Govern elude el banquillo al estar huido en Bélgica, al igual que los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí, la miembro de ERC Marta Rovira y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

Uno de los aspectos más destacados del procedimiento es el elevado número de testigos que desfilarán por el Salón de Plenos del alto tribunal, entre los que destaca el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, su número dos Soraya Sáenz de Santamaría y el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero (investigado en el proceso penal que sigue la Audiencia Nacional por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017); entre otros. No estarán el expresidente catalán Carles Puigdemont, el Rey Felipe VI o el exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba. 

"Respeto absoluto" a los derechos de los acusados

Consciente de la trascendencia de este juicio, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, expuso en un encuentro con los periodistas que se trata de una "oportunidad excelente" para demostrar la calidad de la Justicia frente a los que pretende denostarla y garantizó un "respeto absoluto" a los derechos de todos los líderes independentistas. Con todo, la expectativa que rodea la vista ha hecho que se refuercen las medidas de seguridad del perímetro del alto tribunal, ubicado en la Plaza de Villa de París de la capital. También se facilitará señal para retransmitir íntegramente en directo el desarrollo del mismo, al cual acudirán el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, así como otros políticos del parlamento catalán y vasco.

Pese a que las defensas han recusado en diferentes ocasiones al tribunal que enjuiciará los hechos "por falta de imparcialidad", la Sala especial del alto tribunal que se encarga de resolver estas cuestiones rechazó en todo momento las pretensiones y mantuvo al frente del mismo a los magistrados encargados para afrontar este juicio sin precedentes. De esta forma, el tribunal lo componen el presidente de la Sala de lo Penal Manuel Marchena (designado también para la ponencia de la sentencia); Andrés Martínez Arrieta; Juan Ramón Berdugo Gómez; Luciano Varela; Antonio del Moral; Andrés Palomo y Ana María Ferrer García. El Ministerio Público, por su parte, estará representado por la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal; el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza; Jaime Moreno y Fidel Cadena.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios