Buenos Aires, 15 oct.- Las Madres de Plaza de Mayo presentaron este viernes a la Justicia el extracto de los movimientos de una cuenta que la asociación tiene en la española Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur) para intentar probar que está inactiva desde hace años, según informó hoy la prensa local.
El diario oficialista Tiempo Argentino publica el documento y un escrito que el abogado de la fundación, Eduardo Barcesat, presentó ante el juez Norberto Oyarbide, quien desde junio pasado investiga a la entidad humanitaria por un presunto delito de lavado de dinero y fraude con fondos públicos a raíz de una denuncia contra el que hasta mayo fue el apoderado de la asociación, Sergio Schoklender.
En medio de una escalada de acusaciones, Schoklender denunció el mes pasado que la organización manejaba una cuenta con dos millones de euros en Cajastur, a la vez que acusó a la presidenta de las Madres, Hebe de Bonafini, de financiar gastos de la campaña electoral de la presidenta Cristina Fernández.
En el escrito presentado ante Oyarbide, Barcesat justificó la existencia de la cuenta española como algo "normal" en un organismo de Derechos Humanos "que recibe ayuda internacional", pero aseguró que desde hace años la cuenta no registró apenas movimientos más allá del pago por mantenimiento y el cobro de intereses.
El letrado señaló además que han solicitado al banco que dé de baja de forma inmediata todas las tarjetas activas asociadas a la cuenta.
Según Tiempo, alineado con el Gobierno de Fernández, en los últimos diez años la cuenta recibió tres importantes aportes, entre 2004 y 2006, de 90.000 euros y 125.000 euros por donaciones de una entidad española y de la Asociación para el Desarrollo Cooperativo Internacional, respectivamente, y un tercero de 80.000 euros por un premio.
A partir de entonces los movimientos se redujeron al cobro de intereses y al pago por mantenimiento de la cuenta, hasta llegar a un saldo de 8.096 euros a fecha 4 de este mes, importe que fue posteriormente transferido a un fideicomiso de la fundación para el pago de deudas, siempre según publica el rotativo, que asegura haber accedido a los documentos en exclusiva.
Oyarbide investiga bajo secreto de sumario presuntas irregularidades en los planes por los que la fundación de las Madres construyó en los últimos años miles de viviendas populares en todo el país gracias a millonarios aportes del Estado.
El plan "Sueños Compartidos", por el que la asociación construyó las viviendas para personas de bajos recursos, permanece paralizado desde junio, lo que ha desatado además protestas de trabajadores que reclaman salarios atrasados e indemnizaciones por la pérdida de su empleo.
Hace tres semanas, un juez del fuero comercial de Buenos Aires dictó el embargo de un apartamento y cinco cuentas bancarias de las Madres por falta de fondos para pagar a los acreedores de su fundación.
Según medios locales, en el fuero comercial hay al menos cinco pedidos de quiebra y 24 pleitos abiertos contra la entidad humanitaria, cuya deuda ascendería a unos 40 millones de pesos (9,4 millones de dólares).
Sergio Schoklender se recibió de abogado a fines de la década de 1980 mientras cumplía una condena de 30 años de prisión por el asesinato de sus padres.
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