Cristina Cifuentes, en una de sus últimas intervenciones como presidenta de la Comunidad de Madrid, presumía hace ahora un año y medio del intenso trabajo realizado por su Ejecutivo para "poner orden en los consorcios urbanísticos". Su Gobierno había decidido la disolución de la controvertida sociedad Nuevo Arpegio -heredera de la más controvertida aún Arpegio, creada en su día para adquirir y gestionar suelo de la Comunidad de Madrid con fines de interés público- y su absorción por Obras de Madrid, con el encargo de liquidar a la mayor premura todos aquellos consorcios que o bien no tuvieran actividad o cuya rentabilidad fuera improbable. A esas alturas, la red de consorcios urbanísticos de la Comunidad de Madrid ya estaba en el punto de mira por su presunta utilización por parte de los urdidores de la trama Púnica para malversar decenas de millones de euros públicos del Plan Prisma.
A Cifuentes apenas le dio tiempo a apuntar sus intenciones y a reducir la dotación presupuestaria destinada a los Consorcios de 70 a 23 millones de euros de los presupuestos regionales de 2017 a los de 2018. A esas alturas había once consorcios activos y nueve en fase de disolución sobre un total de 20. Claro que los consorcios en liquidación llevaban un mínimo de 1.000 días en esa situación.
El equipo de Ángel Garrido no aparcó el asunto, pero cuando ha experimentado un verdadero acelerón ha sido tras la llegada de Pedro Rollán a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. En cosa de apenas dos meses, el Ejecutivo Regional ha abierto el proceso de disolución de otros dos consorcios urbanísticos, el Escorial y Valdelacasa, en Alcobendas; y ha desbloqueado la liquidación definitiva de los Consorcios del Barrio de La Fortuna de Leganés, que llevaba en fase de disolución desde febrero de 2013; de Leganés Norte, cuya actuación urbanística finalizó en el año 2000 pero que seguía adelante como órgano gestor por un pago pendiente de 2,5 millones de euros; y de la La Estación en Colmenar Viejo, también pendiente de liquidación desde febrero de 2013. Éstos tres últimos ya tienen asignada la funcionaria de la Comunidad de Madrid que resolverá el papeleo pendiente para su liquidación definitiva.
Tras este nuevo empujón son ya una decena los consorcios en fase de disolución y solo nueve los que continúan activos. Su futuro también es incierto. El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Pablo Altozano, señaló en una reciente comparecencia parlamentaria que el futuro de los consorcios urbanísticos aún activos debe ser su liquidación "una vez que hayan cumplido la función para la que fueron creados" y sugirió que de aquí a cuatro u ocho años solo 'sobrevivirán' los cuatros consorcios "con obras de urbanización pendientes y gran parte de las ventas por efectuar". A saber, los consorcios Leganés Tecnológico, Área Tecnológica del Sur, TecnoGetafe y Parque Empresarial de la Carpetanía, éste último en gran proyecto de parque tecnológico del Gobierno regional en el que ya lleva invertidos más de 300 millones de euros. El resto de los aún activos no debería continuar operativo más allá de un lustro, según su opinión.
Dificultades burocráticas para echar el cierre
Un vistazo al pasado podría llevar a tachar de optimista esa previsión. Liquidar un consorcio urbanístico no es tarea fácil. Los hay como el de Espartales Sur, en Alcalá de Henares, que estuvieron más de 4.000 días en fase de liquidación -una década larga- a la espera de tener todas las deudas abonadas y todos los papeles en regla como rubricar su liquidación. Fuentes de la Administración Regional señalan que se han visto obligados a contratar asesores externos para acelerar estos procesos sin grandes costes para las arcas regionales.
Según un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, a 31 de diciembre de 2015 los consorcios urbanísticos madrileños arrastraban una deuda cercana a los 600 millones de euros sobre unos activos de 1.476 millones de euros. La Comunidad de Madrid no puede liquidar consorcios con una deuda importante porque se vería obligada a asumir la factura resultantes de esas obligaciones no pagadas y por tanto debe esperar a que la operativa comercial de los consorcios permita enjugar ese endeudamiento.
Hasta el año 2015, última referencia disponible por el informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, el Gobierno Regional había realizado algo más de 333 millones de euros en aportaciones a los consorcios regionales con unos retornos de 323 millones de euros y, por tanto, un saldo negativo hasta entonces de 10 millones de euros en esa gestión ordinaria....porque también ha inyectado 127 millones de euros extra para estabilizar la situación patrimonial de los consorcios en problemas. En muchas ocasiones estas 'operaciones de salvamento' se han producido porque el otro socio del consorcio -el ayuntamiento de la localidad- no ha hecho frente a sus obligaciones y ha sido la Comunidad la que ha respondido. A cierre de 2015, los ayuntamientos de El Escorial, Getafe y Móstoles debían en conjunto más de 20 millones de euros a los consorcios...
La losa de la trama Púnica
La urgencia por resolver los consorcios sin actividad urbanística real no es ajena a la deriva de las investigaciones de la trama Púnica, que investiga las redes de corrupción relacionada con ciertos contratos públicos en la Comunidad de Madrid.
Las investigaciones del juez Velasco revelaron el pago de comisiones por parte de promotores para asegurarse la ejecución de las obras de desarrollo de alguno de los consorcios urbanísticos de la Comunidad de Madrid. Bajo sospecha, según publicó el Confidencial, cuatro consorcios esencialmente: el de Los Molinos-Buenavista (en Getafe), Parla Este, Los Espartales (Alcalá de Henares) y Móstoles Sur.
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