Madrid alegará que el juez que paralizó la externalización se extralimitó

  • El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido hoy que el juzgado ordinario que ayer dictó la suspensión de la adjudicación de la gestión de seis hospitales públicos a tres empresas es "manifiestamente incompetente" para tomar esta decisión, por lo que esta será la base de sus alegaciones.

Madrid, 4 sep.- El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido hoy que el juzgado ordinario que ayer dictó la suspensión de la adjudicación de la gestión de seis hospitales públicos a tres empresas es "manifiestamente incompetente" para tomar esta decisión, por lo que esta será la base de sus alegaciones.

La decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid de suspender el traspaso de la gestión de los centros a las empresas ha sido muy cuestionada por diferentes responsables del equipo de Gobierno de Ignacio González.

El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha defendido que el juez que ayer dictó la suspensión de la adjudicación los centros puede haber tomado una decisión que va "más allá de sus competencias".

En declaraciones a los medios en la localidad de Alcorcón, Victoria ha considerado que este asunto debe corresponder al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya levantó hace semanas una primera suspensión cautelar del proceso de privatización de la gestión de los hospitales a raíz de un recurso del PSM.

Además, el portavoz ha agregado que los actos administrativos que suspende de forma cautelar el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid ya han sido ejecutados, por lo que se ha "consumado" su "eficacia jurídica".

Victoria ha recalcado que la suspensión cautelar conocida ayer se refiere a varios "actos administrativos", pero "no a todo el proceso" de externalización, y ha indicado que los asesores jurídicos del Ejecutivo regional ya están estudiando las vías de recurso.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, se ha declarado "muy sorprendido" por la nueva decisión judicial y ha insistido en que el juez dispone la suspensión de tres resoluciones de convocatoria de concurso que "ya han sido ejecutadas, completadas y adjudicadas".

"Nosotros lo que vamos a decir al juez es que esas disposiciones ya han completado su camino", ha señalado.

Preguntado sobre si se va a producir una paralización del proceso -la Comunidad prevé que las empresas comiencen a gestionar los hospitales este mismo mes-, Lasquetty ha dejado entrever que no: "Si se tiene que pronunciar sobre alguna otra cuestión, tendrá que pronunciarse el juez y tendrá que decirlo el juez, y no lo ha hecho de momento".

En el auto comunicado ayer, el juez estima la solicitud del sindicato de médicos Afem de parar el traspaso de la gestión a las empresas Sanitas, Ribera Salud y Hima San Pablo para proteger los derechos de usuarios y trabajadores y en función de la "considerable dosis de irreversibilidad del proceso".

En el auto, el juez expone que la suspensión de las tres resoluciones administrativas que forman parte del proceso de externalización supone impugnar el proceso "en su conjunto" y la paralización ineludible del proceso.

El juez acuerda mantener esta medida hasta que se dicte "un sentencia firme que ponga fin al procedimiento".

En su valoración del auto judicial, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha reclamado a la Comunidad de Madrid que las tres empresas que han ganado el concurso para gestionar seis hospitales públicos de la región "salgan" hoy mismo de ellos.

IU ha reclamado la paralización de la "privatización sanitaria" o que el consejero de Sanidad abandone el cargo, mientras que UPyD ha afirmado que los argumentos jurídicos del consejero "parecen excusas de mal pagador".

La Consejería de Sanidad concluyó el pasado 19 de agosto el proceso de adjudicación de los hospitales al grupo puertorriqueño HIMA San Pablo -Infanta Sofía, Infanta Cristina y Hospital del Tajo-, a la Unión Temporal de Empresas encabezada por Sanitas -Hospital del Henares- y al grupo Ribera Salud -Hospital del Sureste y Hospital Infanta Leonor-.

La adjudicación culminó tras diez meses de conflicto laboral, político y social que derivó en 22 jornadas de huelga.

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