Madrid. Defensores de los animales cumplen 10 días de encierro en la perrera de parla

Varias decenas de voluntarios y activistas de la ONG La Voz Animal cumplen este miércoles 10 días de encierro en la perrera de Parla en protesta por la decisión del ayuntamiento de esta localidad de conceder el servicio de protección de animales abandonados a Athisa Residuos Biosanitarios, una empresa especializada en desratizaciones, y por considerar que este proceso ha estado repleto de irregularidades.
La Voz Animal aseguró, a través de un comunicado, que la Ley de Protección de los Animales Domésticos, de la Comunidad de Madrid, permite el sacrificio de perros y gatos sin hogar a partir del décimo día de su llegada a un centro de recogida.
En este sentido, la portavoz de La Voz Animal, Beatriz Menchén, subrayó que “si los voluntarios y activistas de la asociación fuéramos perros o gatos, el alcalde de Parla podría sacrificarnos porque ya llevamos 10 días en el Centro de Protección Animal”.
Menchén destacó que el encierro seguirá de forma indefinida “hasta que consigamos que el ayuntamiento adjudique el servicio de protección animal a una asociación protectora de animales y no a una empresa desratizadora”.
“Estamos hartos de que el Ayuntamiento de Parla mienta a los ciudadanos y a las protectoras garantizando que la empresa desratizadora va a hacer protección animal y no va a sacrificar animales. Eso es tarea imposible porque una desratizadora sólo entiende de control de plagas y su política siempre es pro-muerte. Las personas coherentes sabemos que no se puede pedir peras al olmo porque, por mucho que lo garantice el ayuntamiento, el olmo nunca dará peras”, explicó.
Mechén indicó que La Voz Animal, que ha colaborado en la gestión de la perrera de Parla en los últimos 14 años con una política de "sacrificio cero" de animales abandonados, “cuenta con un equipo de abogados especializados en legislación animal. No dudaremos en actuar por todas las vías legales contra todos aquellos que perjudiquen a los animales y para impedir que el Centro de Protección Animal de Parla sea gestionado por una empresa desratizadora".
Por último, reclamó una ley de protección animal nacional que prohíba "de una vez por todas" sacrificar animales en las perreras y que éstas sean gestionadas por empresas desratizadoras. “Es la única manera de acabar con los campos de concentración y de exterminio de animales, que es en lo que se han convertido las perreras municipales de este país”, concluyó.