"Al pueblo de Madrid, con profunda gratitud. La unión hace la fuerza". Este fue el mensaje que Pedro Sánchez plasmó en el libro de honor de la Real Casa de Correos el pasado lunes cuando oficializó una 'entente cordiale' con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que, tal y como ha quedado demostrado a lo largo de la semana en las reuniones del Grupo Covid, es frágil y no tiene visos de ser operativa. Moncloa y el Ministerio de Sanidad no descartan ninguna decisión en Madrid. Les preocupa especialmente el avance del virus y tienen datos que apuntan a un fin de semana complicado. Hablan de "alta tensión" sanitaria y critican que el Ejecutivo autonómico no haya sido más ambicioso a la hora de ampliar las restricciones en la capital.
Cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa el pasado lunes procedente de Sol (una decisión, la de reunirse por Ayuso, no del todo compartida por una parte de sus colaboradores) ya sabía que la situación sanitaria en Madrid era complicada y la información que tenía apuntaba a que a lo largo de la semana no iba a mejorar. El anuncio que montar el Grupo Covid se aceleró y, de hecho, esa misma tarde se produjo la primera reunión técnica entre los dos gobiernos. A un lado de la mesa, los ministros de Sanidad y Política Territorial, Salvador Illa y Carolina Darias; al otro, el vicepresidente Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En esa cita, según fuentes conocedoras de los intercambios de impresiones, ya se notaron las discrepancias entre los representantes estatales y autonómicos. Illa y Darias pintaron un panorama complejo mientras que Aguado y Escudero mostraron más cautela. Añaden que esa ha sido la tónica habitual en las citas que han mantenido los segundos niveles durante toda la semana.
La situación estalló el viernes. Madrid comunicó a Illa la decisión de ampliar las restricciones de movilidad a ocho zonas sanitarias. Estupor inmediato en el Gobierno central, que quería que la administración Ayuso fuera más lejos ante, dicen, la evidencia de los datos. Se puso entonces a funcionar la maquinaria de comunicación de Moncloa, convocando a Illa a una rueda de prensa paralela donde se airearon las discrepancias. El movimiento encendió al Ejecutivo madrileño, que rápidamente reaccionó evidenciando unidad en torno a la decisión tomada.
En Moncloa los datos sobre Madrid no son buenos. Lo admiten fuentes gubernamentales consultadas por La Información. Es más, esperan un fin de semana de "alta tensión", con un incremento del número de contagios. El lunes, cuando Sanidad notifique las cifras, no se esperan, por tanto, datos positivos. El Gobierno central quiere que Ayuso sea más contundente y por eso ha recomendado el cierre de Madrid capital y de las localidades con una mayor incidencia del virus. Pero en las reuniones bilaterales ya han dejado claro desde el Ejecutivo autonómico que su esperanza es que las medidas adoptadas reduzcan el número de contagios y la presión tanto en la atención primaria como hospitalaria. De hecho el vicepresidente Aguado ya dijo que restringir la movilidad en las primeras 37 zonas fue, como liberal, una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar. El pulso continuará.
Moncloa no descarta tomar el control
El Gobierno central no descarta tomar el control. Lo admiten en Moncloa. De momento no lo ven como algo inmediato, pero si el virus sigue avanzando y la situación requiere la intervención de Sánchez, dicen, no se dudará. Hay tensión en el gabinete monclovita, reconocen. Pero también quieren esperar a que el Gobierno de Ayuso pueda girar y tomar, a lo largo de los próximos días y semanas, las decisiones que consideran acertadas y hacerlo, además, en su justa medida. El propio Illa habló este viernes de que "en estos momentos" quien dirige la toma de medidas es Madrid. "¿Qué va a pasar en los próximos días?", se preguntó. "Vamos a ir viendo".
El Gobierno tiene un vademécum sobre el que apoyarse a la hora de tomar el control sobre Madrid, llegado el caso. De hecho fuentes del Ministerio de Sanidad se remiten a él. Es el margo legal, muy estudiado, por cierto, sobre el que se asentarían todas las decisiones. Se trata del 'Plan de respuesta temprana' aprobado el pasado mes de julio y que otorga al Gobierno central la posibilidad de decretar una actuación coordinada de salud pública. Es decir, que la administración Sánchez, si concluye que la situación en Madrid u otros territorios lo requieren, podría decretar el cierre de determinados espacios, la reducción de los aforos o, en último término, declarar un nuevo estado de alarma. No está, ni mucho menos, descartado echar mano de ello.
El 'Plan de respuesta temprana' fue elaborado pensando en el marco constitucional de distribución de competencias entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Es decir, contempla el espacio legislativo en el que debe moverse el Gobierno central si decide tomar el control de Madrid. Hay que partir de la base de que el artículo 149.1.16ª de la Constitución establece que corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de Sanidad Exterior, bases y coordinación general de la Sanidad, y legislación sobre productos farmacéuticos. Pero existen una serie de medidas de intervención previstas en la legislación española ante situaciones urgentes o de emergencia que pueden ser adoptadas por el Estado.
El marco legal en el que se mueve el Gobierno
Una posibilidad que tiene el Gobierno de Sánchez es la aplicación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Esta normativa prevé que, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan adoptar cuantas medidas sean necesarias.
En particular, esta ley faculta a proceder a la inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias, la intervención de medios materiales o personales, el cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias, la suspensión del ejercicio de actividades, la determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas, así como cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud.
El Gobierno central, eso sí, debe siempre limitarse a adoptar medidas de su competencia constitucional: es decir, coordinación general de salud pública o Sanidad exterior. No puede meterse en el terreno de las competencias de la administración única. La situación no es sencilla pero está perfectamente analizada por Moncloa. Félix Bolaños lleva las riendas.
El estado de alarma está sobre la mesa
¿Qué ocurriría si el Gobierno central considera que hay que cerrar Madrid porque el virus sigue avanzando y el de Ayuso no lo determina? La medida última está recogida en este 'Plan de respuesta temprana'. Textual: "Cabe destacar el ámbito competencial extraordinario previsto en el marco de un estado de alarma cuando, atendiendo a la dimensión de la epidemia, las medidas previstas en la legislación ordinaria resultan insuficientes". Y añade: "El Gobierno puede declarar, mediante Real Decreto, el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca, entre otras situaciones, crisis sanitarias, tales como la pandemia por COVID-19".
El estado de alarma en Madrid, por tanto, contemplado está. Tanto en el papel como en la estrategia del Gobierno central. Pero, como decimos, la orden es la de esperar. Sobre todo por lo que supondría la decisión: "Todas las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente designada en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza". Es decir, Sánchez, o en quien delegase, tomaría las riendas de Madrid descartando, eso sí, un artículo 155.
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