Madrid perseguirá los asaltos y ocupaciones a viviendas públicas

La Delegación del Gobierno en Madrid se comprometió este viernes con la Comunidad de Madrid a actuar policialmente contra las personas, familia o individuos aislados que asalten y ocupen ilegalmente una vivienda pública.
La consejera madrileña de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, se entrevistó este viernes con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, con quien abordó la seguridad en el medio ambiente, la ganadería y la vivienda pública de la Comunidad de Madrid, y puso en común planes de actuación conjunto fruto de la colaboración de ambas instituciones.
“Contundencia” es lo que pidió Mariño a Cifuentes contra las ocupaciones ilegales que se producen en las viviendas públicas, que, afirmó, “son actos ilícitos de asalto y ocupación de patrimonio público”.
La consejera defendió que es obligación de la administración salvaguardar el derecho de aquellos a los que se les ha adjudicado una vivienda pública y, por tanto, apeló a “frenar esta escalada de ocupaciones ilegales por parte de profesionales organizados que, en muchos casos, tienen esta actividad como un negocio en perjuicio del resto de los ciudadanos que cumplen la ley”.
Mariño observó que ha de protegerse el acceso a la vivienda de “los más desfavorecidos de nuestra sociedad”, mientras que, respecto de los polémicos desahucios que viene promoviendo su consejería desde el Ivima por impago del alquiler, también pidió de la Policía “mayor colaboración” en el acto de la devolución posesoria.
En este tema deseó aclarar que el Ivima propone el alzamiento de una persona o familia sólo cuando la situación es “insostenible y cuando perjudica a otros ciudadanos”.
En todos los casos, explicó, antes del desahucio se produce un “larguísimo proceso” en el que el Gobierno de Madrid da “todas las oportunidades posibles a estos ciudadanos”, desde medidas de reducción de rentas, de las que se han beneficiado en los últimos tiempos unas cinco mil familias, hasta compromisos de pago.
“Pero no podemos tolerar que morosos que llevan sin cumplir sus rentas y además producen perjuicios importantes en el bien público vivan a costa de los demás”, advirtió Mariño, quien también precisó que “sólo recuperamos la vivienda en el caso de personas o familias muy conflictivas que generan mucha problemática entre los vecinos con los que conviven, que generan tensiones, en muchos casos dramáticas, y cuando las morosidades son continuadas en el tiempo, en algunos casos, tras años y años sin pagar”.
En la rueda de prensa que compartieron, Cifuentes desveló que ha recibido una propuesta de modificación del Código Penal de modo que los daños que se producen sobre propiedades públicas, como es el caso de las viviendas tratado este viernes, puedan ser económicamente resarcidos por quienes los producen.