No hay acuerdo para aumentar las restricciones en Madrid. El Ministerio de Sanidad no ha logrado el apoyo de todas las comunidades autónomas para sacar adelante su propuesta de aumentar las medidas contra el coronavirus en la región madrileña. Esto supone que se haya dinamitado el preacuerdo alcanzado por el Ejecutivo central y el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso este pasado martes, por el que las futuras limitaciones afectaran a todas las CCAA por igual si superaban unos determinados parámetros de contagios. Un pacto previo del que se han desmarcado varias comunidades del PP y Cataluña. Y entre las que ha destacado la propia Madrid, que tras ser una de las responsables de redactar esa propuesta ha acabado por renunciar a apoyarla por requerir más "seguridad jurídica". Lo que lleva ahora a una nueva batalla política, ya que hay una mayoría que sí ha aprobado el documento. Lo cual no es suficiente para el gobierno de Ayuso, que estima que para verse obligados a aplicar el plan de Salvador Illa es necesario que haya consenso de los miembros del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Los gobiernos autonómicos que han votado en contra además de Madrid han sido los de Andalucía, Galicia, Cataluña y la ciudad autónoma de Ceuta, mientras que Murcia se ha abstenido, según fuentes conocedoras de la reunión celebrada este miércoles. Esta circunstancia es llamativa, ya que no ha habido unidad de acción entre las autonomías lideradas por PP y Ciudadanos, ya que Castilla y León sí se ha mostrado favorable al documento presentado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El resto de CCAA han votado positivamente, a pesar de que algunas como Asturias manifestaron su descontento con que primero se hubieran acordado esos nuevos criterios con Madrid para después ponérselos al resto encima de la mesa. Lo que ha servido al PSOE para mostrar unidad, ya que todos sus ejecutivos regionales han respaldado al Gobierno central. Línea en la que también se ha situado País Vasco.
Por tanto, aún no se podría aplicar un criterio homogéneo en el que se tengan que aplicar restricciones en municipios de más de 100.000 habitantes que superen unos indicadores determinadores. En concreto, el plan de Illa contemplaba restringir movilidad y horarios en aquellas con una tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, que tengan un porcentaje de PCR positivas superior al 10% y que cuentan con un índice de ocupación de las UCI mayor del 35%. Y aunque hay una mayoría que ha apoyado el documento, la negativa de estas comunidades de PP y Ciudadanos y de Cataluña impediría que se les obligue a aplicarlas, según fuentes de la Comunidad de Madrid. Una postura que justifican con el reglamento del Consejo Interterritorial, que marca que "los acuerdos se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso".
La reunión ya contó con su primer varapalo apenas un par de horas antes de producirse, cuando la Comunidad de Madrid anunció que se desmarcaba de las condiciones que sus propios representantes habían pactado con Illa el martes. Este giro fue explicado en un comunicado donde exigían conocer la base científica del criterio que quería aplicar Sanidad de restringir zonas con más de 500 contagios por 100.000 habitantes y en el que reclamaban tener en cuenta la "gran capacidad diagnóstica" de la región. "La Comunidad de Madrid pide criterios objetivos y claros para todas las Comunidades Autónomas pero que no se ciñan solo a los tres indicadores conocidos en las últimas horas", incidía el texto. Algo en lo que insistió su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que destacó que "hablamos de restringir derechos fundamentales de millones de personas. Hagámoslo bien".
No se rompe nada. @SaludMadrid sigue defendiendo el acuerdo entre administraciones contra el Covid. Buscamos un texto consensuado y basado en parámetros técnicos, no en tres genéricos.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 30, 2020
Hablamos de restringir derechos fundamentales de millones de personas. Hagámoslo bien.
Este cambio de idea de Ayuso ha provocado que haya desautorizado a su vicepresidente, Ignacio Aguado, que en la mañana del miércoles aseguró que no contemplaba otro escenario que el del acuerdo. Pero otros responsables políticos ya anticiparon el giro de la responsable del gobierno madrileño. El primero en advertirlo fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no se mostró conforme con la propuesta. Y que sobre todo incidió en que la ciudad que rige "no puede permitirse otro confinamiento como el de marzo". Algo que no estaba contemplado en el plan del Ministerio, pero que sí ha sido aconsejado por expertos, que han reclamado que Madrid vaya hacia una fase 1 de la desescalada hasta que se doblegue su curva de contagios. Lo que afectaría sobre todo a Madrid capital y a otras diez ciudades de la misma comunidad, que superan con creces los 500 contagios por 100.000 habitantes.
Una de las primeras en reaccionar tras lo acontecido en el encuentro ha sido Cataluña. Su consellera de Salud, Alba Vergés, ha calificado de "muy decepcionante" y "preocupante" lo ocurrido en la cita de las autonomías, hasta el punto de tachar la cita de "circo de intervenciones". "La propuesta ya venía como papel mojado después de que Madrid mostrara su desacuerdo previo", ha pedido la responsable sanitaria catalana, que ha defendido que su comunidad ya tomó medidas cuando le correspondía y que no habría razón para no poder disponer de sus competencias. "Hablamos de salud pública. No solo en Madrid. Y hay que aplicar restricciones cuando hay una alta transmisión", ha insistido Vergés, que rechaza el documento de Illa porque su departamento tomaría medidas "mucho antes" de llegar a esa cifra de 500 positivos por cada 100.000 habitantes.
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