Madrid. Suprimidas 19 entidades públicas y 83 órganos consultivos

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó hoy una reducción de la estructura del sector público regional, que afectará a 19 entidades públicas, con la supresión de 24 puestos directivos, y 83 órganos colegiados o consultivos, en el que se garantizará la prestación de unos servicios públicos esenciales de calidad, anunció la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
Esta medida, que forma parte del Plan de Ajuste llevado a cabo por la
Comunidad desde 2008 y que ya ha supuesto un ahorro de 1.730 millones de euros, está recogida en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2011.
La norma, que se envía hoy al Consejo Económico y Social (CES), contempla, entre otras acciones, la supresión de 19 entidades públicas, incluyéndose la enajenación de la participación del Gobierno regional en cuatro sociedades públicas mercantiles: Promomadrid, el Centro de Transportes de Coslada, Tecnoalcalá y Gedesma.
Asimismo, se eliminan 76 órganos colegiados, la mayoría de carácter consultivo, dos órganos administrativos, otros dos de capital-riesgo, así como dos consorcios y una empresa mercantil, que supondrá, todo ello, un ahorro de 23 millones.
En Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno se extingue el Consejo de la Juventud, y se disuelve Alcalá Natura 21.
Por otra parte, la empresa pública Hidroser, Servicios Integrales del Agua, se fusiona con Canal Extensia.
En lo referente a Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se extinguen el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña y el Instituto Madrileño de Administración Pública, integrándose el conjunto de sus bienes, competencias y personal en la Consejería.
De la misma manera se disolverá la Sociedad Campus de la Justicia.
En la Consejería de Economía y Hacienda se extingue el ente público Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), y sus competencias se integran en diferentes unidades administrativas de la Comunidad.
También se disuelve Turismo de Madrid, el Mercado Puerta de Toledo, S.A., el Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca y la Agencia Financiera de Madrid.
Por otra parte, se pondrá a disposición de la iniciativa privada la totalidad de la participación de la Comunidad en el capital social del Centro de Transportes de Coslada, Tecnoalcalá, Promomadrid, el Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, Capital Riesgo Madrid, Inicap y Cemesa.
En la Consejería de Transportes e Infraestructuras se integra Aeropuertos de Madrid en la empresa pública Mintra.
En la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se procederá a fusionar, en una nueva empresa, las actuales sociedades mercantiles Arpegio, Invicam y Tres Cantos S.A. y se enajenará la participación de la Comunidad de Madrid en Gedesma (Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid).
En el área de Sanidad, se extingue el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, que se integra en el Servicio Madrileño de Salud. Además, se integra al Defensor del Paciente en la Dirección General de Atención al Paciente.
Por último, se extinguen el Consejo de la Mujer y el Instituto Regional de Cualificaciones Profesionales, dependientes de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración.
Aguirre destacó que la política de control del gasto público iniciada en 2008 ya ha permitido ahorrar a las arcas regionales la cantidad de 1.730 millones de euros.
Explicó que estas medidas permitirán a unos 3,35 millones de madrileños pagar 3.100 millones de euros menos en ese ejercicio e informó de que, en el citado anteproyecto, se establece que la Comunidad aplicará el Estatuto de la Función Pública, aprobada por el Gobierno de Zapatero, y la Ley de Libertad Sindical, en lo que a los recortes de los liberados sindicales se refiere, garantizando las 40 horas que recoge el Estatuto.
En la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2011 se mantiene la deducción por adquisición de vivienda habitual en su tramo autonómico para todos los contribuyentes, siendo la única comunidad autónoma que lo hace, después de que el Gobierno central lo suprimiera a partir del próximo 1 de enero.
Todos los adquirientes de vivienda habitual, con independencia de su nivel de renta, tendrán garantizada la parte autonómica de la deducción con una media de 350 euros anuales.
Asimismo, se eleva el límite de renta familiar para deducirse gastos educativos de 10.000 a 30.000 euros por miembro de la unidad familiar.
Las familias podrán deducirse el 15 por ciento de los gastos de escolaridad, el 10 por ciento de los gastos de enseñanza de idiomas (extraescolares) y el 5 por ciento de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar. Además, se incrementa la cuantía máxima deducible, que pasa a ser de hasta 900 euros por hijo.
También se prorrogan, con carácter indefinido, las deducciones de hasta 1.000 euros para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años, así como las deducciones por inversiones realizadas en Pymes que coticen en el Mercado Alternativo Bursátil, y la moratoria en el pago de tasas municipales a los emprendedores para ayudarles en el inicio de su actividad profesional o empresarial.