En el año 2011, el influyente economista estadounidense Jeremy Rifkin visitó Madrid invitado a un acto sindical. Los anfitriones le enseñaron la capital desde la terraza, en la última planta, de un edificio oficial. Se mostró sorprendido y desolado. No había ni un solo panel solar en las cubiertas de los edificios. No era extraño, en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de la Villa (2003-2011) el centro estuvo vedado para las instalaciones de renovables.
Eso cambió con los llamados ayuntamientos del cambio, con Madrid y Barcelona a la cabeza. Desde sus respectivas alcaldías, Manuela Carmena y Ada Colau se convirtieron en la punta de lanza de la transición energética. Los resultados del 26-M, sin embargo, pueden cambiar el panorama de manera importante. Madrid y Barcelona, las ciudades más pobladas del país, con 3,2 y 1,6 millones de habitantes respectivamente, pueden convertirse en islas de CO2 si los nuevos Gobiernos municipales dan marcha atrás a las medidas aprobadas en los últimos años en las dos ciudades. Algo que se da por seguro en Madrid y que es más improbable en Barcelona.
Las restricciones de tráfico en el centro de Madrid (Madrid Central); la constitución de comercializadoras de electricidad de titularidad pública; la contratación de energía sólo de origen renovable; la formación de desempleados en técnicas de ahorro de energía y el debate sobre la nacionalización de redes de distribución han colocado a los dos grandes Ayuntamientos en el centro del debate energético.
Sociedades públicas
En buena parte, tanto Carmena como Colau han seguido la estela de Unidas Podemos, que ha presentado iniciativas en el Congreso para que los municipios, mancomunidades y asociaciones de municipios puedan constituir sociedades públicas municipales para la gestión de la red de distribución. Las propuestas de cambio en Madrid y Barcelona han chocado en ocasiones con las empresas energéticas tradicionales.
Colau creó la eléctrica municipal Barcelona Energía en 2017 para controlar los concursos de suministro eléctrico que provocaban serios encontronazos con las empresas eléctricas. Finalmente, la empresa pública tuvo que abrir un concurso para obtener el certificado de garantía de origen verde, un documento que le faltaba a la energética municipal para demostrar que su energía procede de energía renovable y no contaminante. Paradójicamente, el ganador de este concurso fue Endesa.
En Madrid también hubo choque. El Gobierno municipal de Carmena puso como condición indispensable para ser proveedor del consistorio de la capital que toda la energía adquirida fuera de origen renovable. La cláusula provocó que las grandes compañías se quedaran fuera del concurso lanzado por los dirigentes de Ahora Madrid en 2018. Hubo recursos y enganchada en los tribunales. No se libró ni el suministro de luz de la M 30. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) desestimó los recursos de Gas Natural Comercializadora (Naturgy) y Endesa Energía.
Restricciones de circulación
Con Madrid, la punta de lanza en la transición energética se queda roma. Madrid Central, con las restricciones a la circulación de los vehículos privados contaminantes en el centro de la ciudad, era un acicate en la apuesta por los vehículos eléctricos y un recordatorio permanente sobre el fin del diésel que adelantó la ministra para la Transición Ecológica ahora en funciones, Teresa Ribera.
Pero el proyecto de Madrid Central, como poco, va a cambiar profundamente. La propuesta del cabeza de lista del PP, José Luis Martínez Almeida, consiste en recuperar las antiguas Áreas de Prioridad Residencial que puso en marcha el PP en los años de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella para poder circular así por las vías principales, como la Gran Vía, y limitar el acceso en algunas calles vía sanción.
En todo caso, la reconsideración de las medidas más relacionadas con la transición energética en las grandes capitales sólo será temporal. La apuesta por las energías limpias la impulsa, sobre todo, la Unión Europea. Y los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo disipan al temor a bloqueos y retrocesos. El euroescepticismo se ha contenido y las directivas para hacer frente al cambio climático seguirán fluyendo en el futuro.
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