El Ayuntamiento niega la vinculación de Almeida en la compra de las mascarillas

El Ayuntamiento de Madrid ha negado que un familiar del alcalde José Luis Martínez-Almeida conozca al empresario Luis Medina, tal y como recoge la querella abierta por la Fiscalía Anticorrupción contra Medina y otro empresario, Alberto Luceño, por cobrar comisiones millonarias de varios contratos públicos de compra de material sanitario del Consistorio. "El familiar del alcalde no conoce a Luis Medina. Se pusieron en contacto con él a través de una tercera persona", han afirmado fuentes municipales, a lo que añaden que este familiar facilitó el mismo correo electrónico que "se facilitaba a todos aquellos que contactaban con el Ayuntamiento para la venta de material sanitario".

Según dice la querella, la persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, aprovechando "su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", añade el Ministerio Fiscal sin dar más detalles. El Consistorio, por su parte, defiende que todas las empresas con las que realizaba contratación "debían seguir el mismo cauce" y recalca que "no está siendo investigado ni tampoco ningún trabajador".

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"El Ayuntamiento de Madrid es, en todo caso, el perjudicado por estos hechos y se personará si se demuestra que ha habido un quebranto a las arcas públicas", han afirmado. La querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación por el Ayuntamiento de Madrid de varios contratos de material sanitario en marzo de 2020 destaca que la mayoría de los test recibidos no eran aceptables, los guantes eran de calidad inferior a la prevista y las mascarillas un 40 % más caras.

Así consta en la querella de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, hecha pública este miércoles y remitida a los juzgados de plaza de Castilla, que se formula contra Luis Ramón Medina Abascal, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, y Alberto Javier Luceño. La Fiscalía les imputa los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales como resultado de las diligencias de investigación incoadas en noviembre de 2020 por tres contratos por un valor de unos 12 millones de dólares concedidos a la empresa Leno.

Uno de ellos por una cuantía de 6,6 millones de dólares para la adquisición de 1 millón de mascarillas FFP2/ KN95, otro por 4,2 millones de dólares para comprar 250.000 test rápidos, y otro de 5 millones para obtener 2,5 millones de pares de guantes. Al Ayuntamiento ya le fueron devueltos 4 de esos millones "por no ser el modelo acordado en la compra", según confirmó el Consistorio, que defendió al conocerse esta querella que los contratos se hicieron "en precio según oferta y demanda del momento".