La red de rastreo de Madrid lleva semanas en el punto de mira. Después de la polémica sobre la bajada del porcentaje de asintomáticos en la región y el aval de la comunidad al 'fichaje' de rastreadores voluntarios, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dejado esta labor en manos privadas. La Comunidad ha cerrado un contrato por valor de 200.000 euros (IVA incluido) por el que ha adjudicado esta labor a la entidad Quirón Prevención. La autoridades autonómicas han optado por privatizar las labores de vigilancia y control pese a contar, desde finales de julio, con una partida de casi 1.500 millones, correspondiente al Fondo COVID-19 que el Gobierno central inyectó al territorio madrileño a fondo perdido para gasto sanitario.
Según la información recogida en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, el contrato tiene una duración aproximada de tres meses y ha sido licitado por la Dirección General de Salud Pública. El objetivo es la realización de encuestas telefónicas para recoger variables epidemiológicas de casos de Covid-19 detectados en la Comunidad de Madrid, incluyendo, entre otras variables, los antecedentes del caso, el momento de inicio de los síntomas o las exposiciones de riesgo para la adquisición de la enfermedad y la identificación de los contactos durante el período en que haya podido ser transmisor de la enfermedad.
Pese a la recepción de los 3.400 millones del Fondo COVID-19 que el Gobierno ha destinado al territorio madrileño, las autoridades autonómicas han adjudicado la labor de vigilancia en la región al Grupo Quirón. Este mismo lunes, el consejero madrileño de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, desgranaba, en una entrevista con la agencia 'Efe', a qué iba a destinar la Comunidad de Madrid esta inyección estatal. El refuerzo de equipos de rastreo apenas era una nota al margen del plan autonómico.
De los 3.400 millones del fondo que la Comunidad recibirá a lo largo del año, el Gobierno autonómico ya tiene en su poder 1.495 millones, que el Ejecutivo central ingresó el pasado 31 de julio, a fin de sufragar el gasto sanitario derivado de la crisis de la Covid. Además de esta primera inyección, que las CCAA no tendrán que devolver, de los 16.000 millones totales, a repartir por todo el país, hasta 6.000 deberán ser destinados a sufragar gastos de sanidad.
Una "emergencia inaplazable", tras semanas en el foco
La Comunidad ha respaldado este último giro en el guión de la gestión regional de la crisis sanitaria, en una "emergencia de carácter inaplazable". Bajo el paraguas de la urgencia, el Gobierno de Díaz Ayuso asegura en la memoria justificativa del contrato que la única empresa que puede iniciar los trabajos con carácter inmediato es Quirón Prevención. Así, la autoridad regional ha indicado que la firma cuenta con las "instalaciones y el equipo requerido para la realización de los trabajos objeto del servicio".
"Teniendo en cuenta que queda acreditada la concurrencia de una circunstancia excepcional derivada de la situación de la necesidad motivada por la crisis sanitaria en que nos hallamos (...) la Dirección General de Salud Pública considera justificada la contratación de emergencia del Servicio para la realización de encuestas telefónicas para recoger variables epidemiológicas de casos de Covid-19 detectados (...) Encuestas que son necesarias para el control de esta enfermedad ya que la información que se recoge es la base para adoptar las medidas de control necesarias e impedir la progresión de la enfermedad, destacando entre éstas el control de contactos", reza la resolución del 7 de agosto.
Una plantilla, supervisada y formada por Salud Pública
Tal y como recoge 'Europa Press', el servicio adjudicado a Quirón Prevención tiene por objeto la localización de contactos estrechos de los nuevos casos, con presencia de un profesional sanitario designado a criterio de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, en las instalaciones que la empresa adjudicataria ha dispuesto para los trabajos, el cual conocerá en el momento cualquier incidencia que ocurra durante la jornada de trabajo y su presencia garantizará la resolución de cualquier duda de manera inmediata.
Igualmente, existirá un supervisor medico designado por la entidad adjudicataria que gestionará y supervisará el trabajo a realizar, será el interlocutor directo con el profesional designado por la Dirección General de Salud Pública y le transmitirá las incidencias que surgieran durante las jornadas de trabajo.
Además, el número de encuestas a realizar diariamente serán de, al menos 190 a 220 diarias, y el personal sanitario designado por la Dirección General de Salud Publica realizará una formación necesaria para el equipo de trabajo puesto a disposición por la empresa adjudicataria, en horario de mañana y tarde, que se referirá al proceso de trabajo y al manejo de la herramienta. Esta formación deberá impartirse al menos un día antes del comienzo del servicio.
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