La Fiscalía Anticorrupción no ve delito en el denominado 'caso Ayuso'. El fiscal jefe de este departamento, Alejandro Luzón, ha acordado el archivo de las diligencias de investigación abiertas el pasado mes de febrero por las presuntas irregularidades en un contrato de la Comunidad de Madrid para la adquisición de 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 en la primera ola de la pandemia, en el que medió el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. De este modo, da carpetazo a las denuncias presentadas por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Esta decisión no afecta en nada a la investigación que abrió por su parte la Fiscalía Europa sobre el mismo asunto para aclarar si hubo malversación de fondos europeos Feder.
En un acuerdo de archivo con fecha de este jueves, Anticorrupción descarta la existencia de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad que denunciaron las tres formaciones políticas en relación al contrato firmado en abril de 2020, por el importe de 1,5 millones de euros, con Priviet Sportive, sociedad de un amigo de la familia Díaz Ayuso. Según explica el documento, no constan irregularidades en el procedimiento para llevar a cabo la adjudicación, ni que los distintos órganos administrativos intervinientes diera a esta empresa un trato de favor. De hecho, recalca que "de las seis ofertas realizadas por Priviet en las que colaboró el señor Díaz Ayuso, el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) solo aceptó una".
Por lo que se refiere a la facturación, el pago de los servicios y el cobro de la comisión por parte del hermano de la líder del PP de Madrid, Anticorrupción califica el procedimiento de "transparente". En este sentido, indica que el dinero recibido por Tomás Díaz Ayuso de 234.103 euros no tiene tachas de irregularidad. En concreto, la Fiscalía apunta que, por un lado, percibió 175.000 euros por trabajos realizados para Priviet Sportive; mientras que los 59.203 euros restante, corresponden a un bonus pactado por la obtención del contrato de mascarillas para la Comunidad de Madrid en plena pandemia.
"El cobro de la comisión investigada por parte de Tomás Díaz Ayuso trae causa de su trabajo para Priviet, consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados", afirma el escrito de Anticorrupción. Cabe recordar que las sospechas del PP liderado entonces por Pablo Casado sobre el cobro de esta comisión desató una crisis interna en el partido, que culminó con la dimisión del que fuera presidente de la formación. Ello fue aprovechado por la oposición de la Asamblea de Madrid, que llevó el contrato ante la Fiscalía Anticorrupción.
Así, para entender la actuación del hermano de la presidenta regional y de la empresa contratada, el decreto de archivo relata que Tomás Díaz Ayuso "venía trabajando en el mercado sanitario desde finales del siglo pasado" y que tenía contactos con fabricantes de equipamiento y material sanitario de diferentes países del mundo, incluida China. Tras constatar la necesidad de adquirir mascarillas y ver que la compañía de su amigo, dedicada al comercio al por mayor de prendas de vestir , atravesaba una difícil situación económica como consecuencia de la pandemia, le propuso una "oportunidad de negocio". Esta consistía en aprovechar la experiencia y capacidad logística y financiera para realizar importaciones del mercado asiático de Priviet Sportive y el conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario del hermano de la mandataria 'popular'. No obstante, el fiscal jefe Anticorrupción recalca que Tomás Díaz Ayuso no aportó a su amigo "algún contacto con funcionarios públicos".
El hermano de Ayuso no intervino
A lo largo de 21 páginas, Luzón también explica que la decisión de archivar las diligencias se ha adoptado después de escuchar como testigo a cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos al consejero de Sanidad regional, Enrique Ruiz Escudero; o a Daniel Alcázar, el administrador de la compañía adjudicataria; así como al propio Tomás Díaz Ayuso, en calidad de investigado. Unos testimonios que han sido relevantes para el avance de la investigación, pues han permitido aclarar que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid "no tuvo intervención" en el procedimiento seguido en la Subdirección General de Contratación del Servicio Madrileño de Salud.
"De acuerdo con las declaraciones prestadas en estas diligencias y con la propia documentación aportada no fue él quien contactó con la Subdirección sino Priviet, desconociéndose en dicha Subdirección que el señor Díaz Ayuso tuviera relación alguna con esta empresa. Es significativo al respecto que en los correos que envió Priviet a la Subdirección, Tomás Díaz Ayuso figurara en copia oculta, por lo que su intervención en la operación, de asesoramiento técnico a la empresa para preparar la oferta, fue desconocida por los funcionarios tramitadores de esta", resalta el decreto de archivo.
Cabe destacar que además de los interrogatorios, la Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción y delitos económicos ha contado con informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de Hacienda, que han analizado la documentación del expediente de contratación, así como movimientos tributarios de Priviet Sportive y del hermano de Díaz Ayuso. Anticorrupción también requirió a la Policía Nacional que recabara información sobre las dos empresas asiáticas a las que se compró las mascarillas, en relación a su actividad en abril de 2020 y capacidad para fabricar mascarillas.
Tampoco hay indicios contra Ayuso
Con todo ello, el fiscal jefe Anticorrupción concluye que "la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas". A ello añade que tampoco cabe atribuir a Isabel Díaz Ayuso ningún presunto delito. En este sentido, hace hincapié en que "la hipótesis delictiva" que plantearon los denunciantes al respecto ya partía de "una secuencia de hechos de la que inicialmente no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado". Así, sentencia que ni se ha podido confirmar "la referida hipótesis delictiva" ni se puede "avanzar más en ella".
Por último, el decreto de archivo también da especial importancia al momento en el que se firmó el contrato, y otros muchos. Recuerda que el 11 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, que conllevó el confinamiento de la población. En esta línea, incide en que "la rapidez en la evolución de los acontecimientos" provocó que prácticamente todas las administraciones e instituciones públicas adoptaran "medidas temporales de carácter extraordinario dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública para mitigar el impacto sanitario, social y económico".
Entre esas medidas se encontraba la "apremiante y casi dramática necesidad de adquirir mascarillas", por lo que se llevaron a cabo contrataciones por el trámite de urgencia, y sin los controles preceptivos . De hecho, Anticorrupción apunta que la "imposibilidad" de tener suministros sanitarios en las primeras semanas de la pandemia "produjo una notable incertidumbre en relación con la negociación de los contratos y la fijación de los precios, las calidades de los productos, los plazos de entrega o, incluso, acerca de la propia certeza sobre el buen fin de las operaciones comerciales llevadas a cabo". No obstante, advierte que ello no implica que se amparen "comportamientos irregulares ni, mucho menos, delictivos, que hayan propiciado adquisiciones fallidas o fraudulentas".
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