El recurso presentado por los arquitectos madrileños contra el proceso de construcción y gestión de la futura Ciudad de la Justicia que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende adjudicar a cambio de 2.800 millones de euros ya ha tenido la primera respuesta por parte de la oposición. El secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha pedido por carta a la presidenta madrileña que suspenda el procedimiento al considerar no se puede "hipotecar" a la región en el último tramo de la legislatura "con el mismo modelo que ha fracasado durante los últimos 15-17 años".
En su carta, Lobato ha reiterado a Díaz Ayuso que le conceda una reunión para analizar "la compleja situación" en la que se encuentra el proyecto, que ha sido licitado por tercera vez en dos décadas, tras el rechazo que ha mostrado el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y ante el "fracaso ya demostrado" del modelo escogido por el PP de Madrid. "Podría hacer un repaso al largo listado de despilfarros que este fracasado proyecto lleva sumados durante casi veinte años, pero el motivo de mi carta es reconducir este proyecto, que tantos millones de euros ha costado de los impuestos de los madrileños y no ha servido para nada hasta ahora, salvo para que algunos pocos hicieran muy buenos negocios", señala en su carta.
Lobato: "Es un disparate insistir en un modelo fracasado"
"Quieren adjudicarlo en pleno mes de agosto y a ocho meses de unas elecciones, sin un mínimo consenso y con los sectores en contra, que están recurriendo contra este pliego de condiciones. No se puede hipotecar a toda una región adjudicando un contrato para 40 años con miles de millones en juego y con el mismo fracasado 'modus operandi' de Aguirre y de Ignacio González, que ha significado al menos 355 millones de euros de impuestos de los madrileños despilfarrados", ha afeado Lobato en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación.
En este línea, Lobato ha considerado que "es un disparate que ahora se vuelva a insistir en el mismo modelo ya fracasado". Considera el portavoz socialista en Madrid que, vista la falta de consenso y la proximidad de las elecciones, lo adecuado sería suspender este proceso de licitación y una reunión para intentar concitar un "mínimo de consenso" y si no, dejarlo para después de las elecciones y, que sea quien presida y gobierne la Comunidad de Madrid, y a través del Parlamento regional, quien tome la decisión sobre qué hacer con la Ciudad de la Justicia.
Por todo ello, el PSOE-M pide la paralización del proceso. "Estamos ante el típico pelotazo previo a elecciones. Quieren dejar este negocio hecho antes de un posible cambio de gobierno en Madrid. No se puede jugar así con miles de millones de euros de los madrileños." Los socialistas consideran que la Comunidad de Madrid tiene la capacidad económica suficiente como para gestionar con eficacia la construcción de la instalación y la posterior contratación de los servicios que se precisen (limpieza, vending, etc.) y considera que el modelo planteado por el PP supone "la cesión completa a un fondo privado para su explotación integral".
El plazo para presentar ofertas está abierto hasta octubre
La Ciudad de la Justicia que levantará la Comunidad de Madrid en el barrio de Valdebebas pretende concentrar las 28 sedes judiciales del partido judicial de la capital en 18 edificios funcionales. Ocupará el doble de espacio de Ifema, dispondrá de dos parkings y se ubicará junto a un intercambiador de transportes que costará otros 30 millones. El plan del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso echó a andar en marzo de 2020 tras una sentencia del Tribunal Supremo que dejaba las manos libres al Ejecutivo regional para acometer su propio diseño y superar los errores de los malogrados proyectos fallidos de los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.
El Ejecutivo autonómico prevé adjudicar el proyecto a principios de 2023 y será entonces cuando arranque la construcción con la colocación de la primera piedra, que el gabinete de Díaz Ayuso pretendía celebrar antes de las elecciones. Los trabajos se prolongarán durante cuatro años, y arrancarán una vez se formalice la adjudicación del concurso que se inició el pasado 5 de agosto para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia un contrato valorado en 2.847.986.667,47 euros y al cual se podrán presentar las empresas interesadas hasta el próximo 20 de octubre.
La Comunidad de Madrid ha optado por un modelo concesional, previsto en la Ley de Contratos Públicos del Sector Público. El proyecto supone una inversión inicial de capital privado de cerca de 507 millones de euros solo en construcción, que revertirá con una concesión a 40 años para mantener y explotar el recinto a cambio de un canon anual de 49,3 millones, que podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten. El complejo contará con dotaciones como aparcamientos, edificios para usos profesionales, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil, todo ello encaminado a la conciliación laboral y familiar y para mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
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