Un motor sin Presupuestos: la economía madrileña afronta un cambio tras el 4M

De todos los asuntos que provocan polarización dentro del Estado de las autonomías, la economía madrileña suele ser uno de los que más destaca. La apuesta económica y la gestión realizada por el PP en los últimos 26 años estaba destinada a ser uno de los temas estrella de la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo. El motivo es que las políticas que consolidó Esperanza Aguirre y que ahora abandera Isabel Díaz Ayuso no solo generan recelos en la Comunidad Valenciana o Cataluña. La izquierda las ha puesto en la diana por estimar que solo benefician a grandes patrimonios y a empresas, lo que pone en jaque los servicios públicos, cuya financiación es un argumento para desgastar a Ayuso. Aun así, los datos evidencian que la Comunidad de Madrid es el motor económico del país y es de las que menos deuda tiene. Lo que contrasta con una situación presupuestaria 'congelada' desde 2019, cuando se aprobaron las últimas cuentas.

Fue en 2018 cuando comenzó la consolidación de Madrid como la región con la mayor potencia económica del país. En ese año superó a Cataluña, que había liderado el ranking del PIB estatal desde hacía varios años. Una circunstancia que se produjo a pesar de que la autonomía madrileña tiene un millón menos de habitantes y una extensión mucho más pequeña que la catalana. El dato se repitió en 2019, confirmando la buena salud en términos generales de la actividad económica, lo que ha facilitado que los 'populares' presuman de una gestión, gracias a ese 19,3% que aporta al PIB frente al 19% catalán. Algo que se repite en el PIB per cápita, dado que Madrid invierte por habitante hasta 35.913€. Le sigue el País Vasco, con 34.142, Navarra, que llega a 32.141, y Cataluña, que está en 31.119. La región madrileña está casi 10.000 euros por encima de la media nacional, situada en 26.426 euros.

La deuda sobre su Producto Interior Bruto es otro de los valores de los que presume la autonomía que lidera Ayuso. La Comunidad de Madrid es la segunda autonomía con menor porcentaje de pasivo de todo el Estado, al suponer este 16% de todo su PIB, según los datos del último trimestre de 2020 del Banco de España. Una cifra que solo mejora Canarias, que está en el 15,1%. Algo que aun así puede ser considerado una mala noticia, ya que el ejercicio 2020 marcado por el coronavirus provocó que esta aumentara desde el 13,9% con el que acabaron 2019. El lado bueno de este escenario es que la deuda actual es asumible y permite a la región financiarse en los mercados y le evita acudir a mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que es algo a lo que se ven abocadas muchas otras CCAA. 

Todos estos parabienes contrastan con las inversiones realizadas en las partidas más sociales. Para empezar, Madrid es la que menos porcentaje de su PIB destina a financiar su Sanidad. En Educación, es la que menos invierte por alumno, según los datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación que elabora la cartera educativa que dirige la ministra Isabel Celaá. En concreto, por cada estudiante invierte 4.727 euros, por lo que está 1.000 euros por debajo de la media nacional, que alcanza los 5.779. El dato puede llamar la atención si se compara con su gasto total en este ámbito, que supera los 4.800 millones. Lo mismo ocurre en Servicios Sociales. Solo Baleares, Canarias y Murcia destinan menos a esta partida. En términos per cápita, es la segunda que menos invierte por habitante, solo superada por Cataluña, según los informes de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Hay que resaltar que el gasto en la 'triple corona' de Sanidad, Educación y Servicios Sociales ha crecido considerablemente en los últimos años en la autonomía. El problema es que desde 2019 no ha habido cambios al respecto. Ni en esta, ni en otras partidas. Una situación que se explica con que desde ese año no se renuevan los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, que van camino de acumular su tercer año consecutivo de prórroga. Esa ausencia de una renovación de las cuentas es lo que ha impedido a la actual presidenta llevar a cabo reformas de calado durante la etapa en la que compartió Ejecutivo. Esta problemática estaba destinada a solucionarse en 2021. Ayuso y su entonces socio, Ignacio Aguado, cerraron un pacto para renovar las cuentas. Pero el anticipo de las elecciones y la ruptura que protagonizaron dinamitó toda posibilidad. Y por fechas, parece complicado que un nuevo gobierno apruebe unas cuentas para este ejercicio a tiempo.

Cambios económicos próximos

Lo que sí parece claro es que tras el 4-M habrá una evolución en la economía madrileña. Gobierne quien gobierne, tendrá manos libres para lanzar sus medidas. El fin será reactivar una economía que, por los efectos del coronavirus y la falta de nuevos Presupuestos, está muy afectada y sin demasiado empuje a pesar de sus buenos datos globales. La apuesta de Ayuso para transformar la economía pasa por mantener sus políticas de bajos impuestos para atraer empresas y elevados patrimonios. Algo que asegura que reforzará con más rebajas de IRPF o la ejecución del Plan de Industria. También asegura que habrá más gasto social y reclamarán la reforma de la financiación autonómica. Unas medidas que son relevantes dada su condición de favorita en los comicios. Y que van en la línea de lo que propone Vox, que se limita a prometer reducción de gasto político y bajas radicales de impuestos. 

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En la izquierda, los socialistas tienen claro que su primera medida sería la de desarrollar unas cuentas públicas que tendrían que ser presentados antes de llevar 100 días en el gobierno. Los fondos europeos serán otra de las claves para dar un impulso a una economía que, como reconocen, lidera el país. Aunque su gran medida es la de destinar 1.300 millones en ayudas a comercios, hostelería, autónomos y familias. Para Más Madrid, lo más importante es "rehabilitar la economía regional" a través de un plan elaborado por sus hipotéticas Consejerías de Salud, Trabajo y Economía. Lo cual se concretaría en un Plan de Emergencia de 100 días, con ayudas directas que cubran el 75% de la facturación que tenían los negocios antes de la pandemia. También apuntan la creación de una "fiscalidad saludable", a través de un impuesto a las bebidas azucaradas.

Unidas Podemos basa su apuesta en una política fiscal radicalmente distinta a la del PP, con impuesto de Patrimonio y Sucesiones, subidas del IRPF a rentas altas y la creación de la tasa a las viviendas vacías. El cambio de modelo productivo es otra de sus medidas más ambiciosas, al prometer que potenciarán el I+D+i. Pero si hay algo rupturista con la actualidad, es su idea de poner fin a la liberalización de horarios comerciales. En Ciudadanos, la principal preocupación es la economía sumergida, por lo que proponen unas "recompensas tributarias" para aflorar los trabajos y operaciones en B que desempeñan muchos ciudadanos. Además, destacan por plantear más incentivos fiscales y más ayudas a los autónomos.