Entrevista al Consejero de Justicia madrileño

Enrique López: "El PP se opondría radicalmente a los indultos del procés"

El también responsable de Justicia de los 'populares' no ve claro aún aprobar unos Presupuestos Generales junto a Pedro Sánchez.

Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid
Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid
José González

Enrique López (Cacabelos, León, 1963) es "el jurista" del PP. El hombre que aconseja a Pablo Casado en todas las decisiones del ámbito judicial y la persona que comparte Consejo de Gobierno con Isabel Díaz Ayuso y ha participado en la gestión de la crisis de la Covid-19 en la Comunidad de Madrid. Se conoce, además, como pocos, el mundo judicial, ya que fue magistrado del Tribunal Constitucional. Ahora se dispone a negociar con el ministro Juan Carlos Campo la renovación del CGPJ, totalmente atascada desde hace más de un año y medio. 

Recibe a La Información en su despacho de la Consejería, a apenas unos metros del Congreso. Advierte que su partido no se va a quedar de brazos cruzados si se indulta a los líderes del 'procés' a los que la Generalitat podría conceder de forma inminente el tercer grado. Tampoco ve claro aprobar unos Presupuestos Generales junto a Pedro Sánchez.

Ustedes han sido muy críticos con el uso que ha hecho el Gobierno del estado de alarma durante la pandemia. ¿Consideran que hubo un exceso de funciones por parte de Moncloa?

Lo primero que hay que decir es que se retrasó en declarar el estado de alarma. Tendría que haberlo hecho antes del 14 de marzo. Y luego se excedió, ya que lo alargó de forma injustificada e innecesaria, más allá de lo que dice la propia ley. El Gobierno ha creado un derecho excepcional, ha abusado de los decretos-ley y ha adoptado otros que tardaban días en ser publicados porque nos consta que se seguían debatiendo. No ha sido una buena imagen de lo que ha de ser el desarrollo legislativo bajo un estado excepcional. El PP, haciendo un alarde de política de estado, aprobó tres veces el estado de alarma. Y lo único que recibió fueron insultos. Mientras que con otros que votaban en contra o se abstenían, no tenía esa actitud.

¿Qué tendría que haber hecho Sánchez para convencerles?

Lo que tenía que haber hecho, como propusimos, es haber reformado las leyes sanitarias. Concretamente, la ley de medidas especiales en Materia de Salud Pública, que es la que puede permitir restringir la movilidad sin que haya estado de alarma. No dieron ninguna razón para mantenerlo desde mayo, ya que solo buscaban limitar la movilidad entre provincias. El resto de medidas se podrían haber tomado con el ordenamiento jurídico en sanidad existente.

¿Van a mantener el recurso ante el Tribunal Supremo por no permitirles pasar a la fase 1?

Estamos esperando a que Sanidad nos remita el expediente. No ponemos en cuestión la actuación del Gobierno en sí misma, sino la falta de claridad y transparencia. Pedimos un informe escrito, y lo único que obtuvimos fue un documento que se filtró al periódico El País y que se nos facilitó tras filtrarse. Es un desdén del Gobierno no solo con la el Ejecutivo regional, sino con sus ciudadanos. Sé que hay quien piensa que ahora ya nos debería dar igual tras todo este tiempo. Pero por un principio de seguridad jurídica es mejor aclararlo. Hubo comunidades con una situación de cifras mucho peor que cambiaron de fase. 

¿Qué piden para el control del coronavirus en el aeropuerto de Barajas? El Gobierno insiste en que han tomado las mismas medidas que en el resto de la UE.

Pedimos que se controle más la actividad y la entrada de aviones desde países donde la pandemia es todo un drama aún. Necesitamos controles para evitar la propagación del virus. Esto no supone un enfrentamiento ni que haya restricciones a la actividad aeroportuaria. Barajas es la primera empresa que tenemos en Madrid, ya que genera riqueza. Pero esa normalización no está reñida con medidas de prevención para vuelos de países que están sufriendo la pandemia como en España hace dos meses. Pedimos una colaboración leal entre administraciones. Por eso no es bueno que el ministro Ábalos frivolice con la preocupación de la presidenta Ayuso. No queremos generar alarma, pero menos aún que se convierta en un vector de transmisión como en febrero.

¿Quién tenía la competencia de las residencias de ancianos durante el estado de alarma?

Antes de todo lo ocurrido, la tenía la Consejería de Políticas Sociales. A raíz del virus, se generó un mando conjunto con la Consejería de Sanidad. Pero con el estado de alarma, esta competencia ordinaria estaba bajo la autoridad delegada, que era el vicepresidente segundo del Gobierno. Todos estábamos a expensas de las órdenes del mando único. El ministro de Sanidad y el vicepresidente Iglesias comprometieron ayudas económicas. Y el vicepresidente segundo dijo que se las dotaría de material de protección. A Madrid no llegó ni uno de ellos. Gracias a las requisas y donaciones logramos tener material. Y a través del mando conjunto madrileño, cada cuatro días dimos un aporte a las residencias. Esta es la realidad. 

Iglesias insiste en que el decreto publicado en el BOE les daba a ustedes aun más competencias.

Es absolutamente penoso que el vicepresidente, muy acostumbrado a lanzar exabruptos en materia judicial, nos impute una relación cuasi delictual. Sobre todo cuando él tenía la competencia y no aportó ningún material. Además, tiene una actitud sectaria, ya que solo pone el foco en Madrid y Castilla y León cuando pasó en otras comunidades y en otros países. Todo el mundo civilizado ha sufrido este problema. De esto tenemos que aprender. Pero no podemos dejarnos llevar por exabruptos de auténticos irresponsables.

La tensión en el Gobierno madrileño

Este asunto también ha provocado un choque entre los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales. ¿Es sostenible que Enrique Ruiz Escudero y Alberto Reyero estén así de enfrentados?

Ha sido una situación donde dos consejeros han tenido diferentes puntos de opinión, y se ha producido un desencuentro. Yo participé en el plan de choque de las residencias, en el cual sumamos la labor impagable y meritoria de bomberos, UME, protección civil o policías locales. Se ha hecho un gran trabajo que nos tiene que hacer a todos estar muy orgullosos por salvar vidas, aunque no podemos estar contentos por los fallecidos. Ese desencuentro que se ha producido lo quiero encuadrar en un momento difícil, complejo. Y creo que hubo mucho ruido, sobre todo externo.

Reyero denunció que no se habían medicalizado las residencias. ¿Es así?

Hubo una discrepancia en esa cuestión. Hacer esto no es convertirlas en hospitales, sino prestar la asistencia sanitaria necesaria. Esto se hizo desde el primer momento. Hubo casi 12.000 derivaciones a hospitales, con una mayoría de internos que tenían más de 70 y 80 años. Las derivaciones siempre las hicieron los médicos, que son los que aplicando sus protocolos tomaron la decisión. En ningún caso fue el gobierno el que determinó a quién se derivó o no. Poner en cuestión criterios de derivación es poner en cuestión a cientos profesionales de la medicina que se merecen un mayor respeto.

Decía usted que solo hubo un momento de tensión. Pero la pasada semana vimos que el único que no aplaudía durante su reprobación a Ruiz Escudero fue Reyero.

El enfrentamiento lo califico de puro desencuentro. Ya está solucionado y solventado. Y la reprobación al consejero de Sanidad fue rechazada precisamente por la mayoría de la asamblea, y me quedo con eso. Fue una reprobación injusta e irresponsable por quienes la propusieron.

Esto también ha despertado los rumores de moción de censura o de nuevas elecciones. ¿Temen que se llegue a ese escenario?

Aquí partimos de que la izquierda madrileña se planteó alcanzar el gobierno en julio del año pasado. Pero se enrabietó cuando se produjo el acuerdo de coalición con el apoyo externo de Vox. Y no ha asumido que este pacto, de centro derecha y de corte liberal, está avalado por la mayoría de ciudadanos. Aquí lo que ocurre es que hay unas voces, que vienen desde Moncloa, que quieren poner en cuestión constantemente el gobierno de coalición madrileño. Tenemos que abstraernos de eso y seguir gobernando.

¿Teme más a esas voces de Moncloa que al PSOE madrileño? ¿Están cómodos con el papel de Ángel Gabilondo?

Bueno, con la oposición nunca se está cómodo, porque su papel es inquietar. Pero veo más peligro en los cerebros que desde Moncloa están manejando instrumentos para desestabilizar a este gobierno. Llama la atención lo que dijo el delegado del Gobierno en Madrid, que aunque lo dijo en un entorno de amiguismo político, ponen de manifiesto que hay una mano que mece la cuna desde Moncloa que introduce su presión en el PSOE madrileño. Decir que hay que buscar la imputación aunque sea artificial de la presidenta madrileña es muy grave. Hay una oposición destinada a destruir el gobierno. Yo sé que Ángel Gabilondo no habría hecho tal cosa nunca.

¿Han sido leales entre sí la presidenta Ayuso y el vicepresidente Aguado?

El Gobierno de la Comunidad de Madrid funciona en unos términos de lealtad adecuados. Es un gobierno fuerte, aunque sea de coalición. Siempre habrá desencuentros porque hay distintos puntos de vista. Pero todos tenemos muy claro que como en cualquier gobierno hay una presidenta que dirige la acción del gobierno. Esto lo tenemos todos claro.

El procés, el CGPJ... y el 'caso Dina'

Pedro Sánchez ha abierto la puerta a indultar a los condenados por el procés. ¿Qué haría el PP si ocurriera esto?

Habría una oposición radical a esa decisión. Radical en lo político y en lo judicial. Sería una burla al estado de derecho. Una felonía a la ciudadanía española, que ha vivido con desasosiego el golpe de estado de los condenados en el caso procés. Indultar a personas que han cometido delitos tan graves, que no han reconocido nada y dicen que lo volverían a hacer, sería una felonía y un acto de traición al pueblo español.

En medio de todo esto, tienen pendiente la renovación de los órganos judiciales. ¿Qué oferta le ha hecho el ministro de Justicia al respecto?

De momento no hay un contacto formal. Hay una voluntad del PP de cumplir con su obligación constitucional, que es la de renovar los órganos judiciales. Lo que tiene que pasar es que el Gobierno vuelva a hacer políticas de estado, ya que las ha abandonado. Creo que Sánchez es el primer presidente de la democracia que omitió que quería gobernar para todos los españoles. Dejó claro para quien quería hacerlo. Queremos que deje esa actitud, y si lo hace, ahí estará el PP como partido de estado que es.

¿Están dispuestos a repartirse los vocales otra vez?

No, lo que hay que hacer es cumplir con la obligación constitucional. No es lo mismo. La justicia no se reparte. La Constitución establece que los órganos deben ser renovados, y eso quiere hacer el PP. Y lo que apoyamos es que haya una reforma para que sean los jueces los que elijan a sus propios representantes.

¿Manuel Marchena volvería a ser un buen candidato para presidir el órgano de gobierno judicial?

No especulo con quién debe serlo. Quienes deben elegirlo son los vocales elegidos para el CGPJ. Creo que no haría bien que hablara de un candidato u otro.

¿Qué le parece el 'caso Dina' que afecta al vicepresidente Iglesias?

No voy a valorar la actuación judicial en esta materia. Sí me llama la atención todo el periplo del vicepresidente. Primero presentándose como perjudicado justo antes de unas elecciones generales. Luego, perdiendo esa condición. Y ahora, con extrañas vinculaciones con personas dentro del caso. Algunas actuaciones deplorables si son ciertas, algún acto de machismo... En otro político habría producido un escándalo mayúsculo. De hecho, lo es. Pero en otro político normal sería muy grave.

El vicepresidente se ha defendido insistiendo en que el robo del móvil de su exasesora podía tener una intención de desvelar información sensible sobre él.

Invito al vicepresidente a hacer una reflexión personal en este caso. Sobre todo, para que deje de sembrar dudas con respecto a la actuación judicial. Está muy acostumbrado a ser muy lenguaraz cuando habla de los jueces. Quiero recordar cómo se refirió a los jueces que condenaron a la líder de su partido en Madrid por agredir a un policía nacional. O cómo descalificó al poder judicial. Ahora está haciendo lo mismo con el juez encargado del caso en la Audiencia Nacional. Allí donde se hace algo que no le gusta, establece una descalificación general del poder judicial. Es muy grave hacerlo, y más aún cuando se es vicepresidente del Gobierno del Reino de España.

¿Pueden llegar a acuerdos con el Gobierno más allá de la Comisión de Reconstrucción?

El diálogo y el consenso deben ser un ejercicio leal. No puede convertirse en un ‘trágala’ de todo lo que quiera el Gobierno de la nación. Hay que buscar el consenso de manera decidida, pero respetando a quienes se beneficiarían de ello.

¿Podría haber presupuestos votados por PSOE, PP y Ciudadanos?

Lo que no entiendo por ahora en ese esquema es el papel de Podemos, que está en el Gobierno. No sé cómo se podría llegar a un acuerdo de PP y Cs con una parte del gobierno, o sin que haya un acuerdo dentro del mismo. La situación es compleja, pero se explica con que estamos ante un gobierno en el que uno de los socios tiene una tendencia radical, de extrema izquierda y con visiones comunistas de la economía. Esto hace muy difícil que haya acuerdos. Es un sudoku que tiene que resolver el presidente Sánchez antes de pedir ayuda a las fuerzas de estado.

La 'nueva normalidad' en Madrid

¿Cómo van a reactivar la Justicia durante la reconstrucción?

Tenemos un rol muy importante, ya que es un elemento esencial en la democracia y debería de servir para generar seguridad jurídica y reactivar la economía. Hay que dotar a la justicia de los recursos adecuados. Vamos a colaborar con el gobierno de la nación en un plan de reactivación de la justicia, y en nuestras competencias haremos un plan específico de aumento de recursos humanos y materiales, también para paliar el retraso del parón de la actividad judicial y el más que previsible aumento de asuntos y de conflictos como consecuencia del coronavirus. En el ámbito social, laboral y mercantil pasará.

¿Qué presupuesto tendrán para ello?

De momento, estamos pendientes de la asignación del fondo de compensación. En función de ello, destinaremos la cantidad adecuada. Es fundamental no solo que incrementemos recursos humanos y económicos, sino que haya un plan que aumente de resolución judicial. Y esto pasa por incentivos económicos que hagan que los jueces dicten más resoluciones, como pieza clave del sistema, que corresponden al Ministerio. A esto se suma la ampliación de las salas de vistas en el ámbito laboral para intentar paliar este gran aumento de asuntos en otros ámbitos. Pero esto tiene que ir unido a un cumplimiento de objetivos, y eso en el mundo judicial se mide con resoluciones.

¿Qué proyecto tiene para la Ciudad de la Justicia y el 'donut' de Valdebebas?

Allí estará el Instituto de Medicina Legal, que esperamos que esté listo en octubre. Aunque se construyó hace muchos años, no estaba rematado. Lo que hemos hecho mediante un contrato de emergencia es acelerarlo todo para que esté listo y sea el primer edificio de la nueva ciudad de la justicia. Ahora partimos de una situación para hacer un diseño con libertad, de un nuevo modelo de construcción de esa ciudad, campus o distrito, del que estamos decidiendo el nombre. Está claro que será en el mismo sitio, Valdebebas. Lo único que tiene en común con el pasado es el lugar.

Mostrar comentarios