La Fiscalía Europea (EPPO) consideró este miércoles que la decisión de la Fiscalía General del Estado de España de conservar la investigación sobre el caso del contrato de las mascarillas que afecta al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se ajusta al derecho de la Unión Europea y constituye "un desafío a la supremacía" del mismo.En un comunicado, EPPO, dice que "ha tomado nota" de la decisión de 28 de marzo de 2022 de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la EPPO, pero considera que "esta decisión no se ajusta al derecho de la UE y continuará su investigación". Renunciar, además, como sugirió la Fiscalía Europea, a que fuese el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas quien ejerciese su "mandato exclusivo" de velar por la correcta interpretación del Derecho de la UE "constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE", subraya el comunicado.
Ayer informaba este medio de que la Audiencia Nacional ha movido ficha después de que la Fiscalía Europea informara que también investiga el denominado 'caso Ayuso' ante la presunta malversación de fondos europeos. Así, el órgano judicial ha designado al juez Alejandro Abascal para que vigile que los derechos fundamentales de cualquier persona implicada en este procedimiento abierto por la adjudicación para la compra de mascarillas no se vean afectados. Según han informado fuentes jurídicas a La Información, debido al turno de reparto, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 será quien ejerza como juez de garantías, una figura necesaria en los modelos procesales en los que los fiscales dirigen las investigaciones de las causas penales.
Como se ha podido saber en los últimos días, la Fiscalía Europea ha abierto su propia investigación sobre las presuntas irregularidades en el contrato que adjudicó la Comunidad de Madrid en abril de 2020 para la adquisición de 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3, en el que medió el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al sospechar que dicha licitación se financió "al parecer" con dinero procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una investigación que ha generado un cierto debate en el entorno fiscal, que ha concluido con la determinación de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de que la competencia para investigar este asunto es de la Fiscalía Anticorrupción, al tratarse de un asunto que afecta "directa y esencialmente a intereses nacionales".
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