Las elecciones a la Comunidad de Madrid de este 4 de mayo están rodeadas de un clima especial: crispación, falta de diálogo, cartas con amenazas, abandono de tertulias de radio, medios radicalizados, periodistas parciales… La batalla por la CAM ha sido el escenario de los ataques más explosivos de la política española en los últimos años, hasta marcar unos comicios que se interpretan en clave nacional. Sin embargo, puesto que la comparación histórica ofrece no pocas verdades, vale la pena recordar cómo estaba España hace 40 años, alrededor de 1981.
El año empezó con una enorme inestabilidad política. El 29 de enero presentó su dimisión el presidente de Gobierno Adolfo Suárez, algo que no ha vuelto a suceder en la historia de la democracia. Suárez había resistido una moción de censura en 1980, pero su figura política se había deteriorado a partir de ese momento y varios de sus ministros habían dimitido.
El 23 de febrero de 1981 tuvo lugar la votación para investir al nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo. Pero a las seis de la tarde irrumpieron en el Congreso un grupo de guardia civiles, comandado por el teniente coronel Antonio Tejero. Intentaron dar un golpe de Estado, el suceso político más grave en España en la historia de la democracia. Al final, tras varias horas de negociaciones, los golpistas abandonaron el Congreso y los cabecillas fueron encarcelados.
El 1 de marzo dos delincuentes comunes secuestraron al futbolista Quini. Pedían cien millones de pesetas. La policía lo liberó 24 días después.
El 1 de mayo se conoció el primer caso de una persona afectada por el consumo de aceite de colza adulterado. Era un niño. A ese caso se sumaron decenas de personas más. Aquella intoxicación mató a 1.100 personas y afectó a unas 20.000, la mayoría de las cuales no se repuso del envenenamiento.
Aquel año España ingresó en la OTAN, la organización militar de los países occidentales que fue fundada para contraponerse al poder militar de la Unión Soviética y de sus países aliados en el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría entre las superpotencias estaba en su momento caliente.
Desde el punto de vista económico, no fue un año de buenas noticias. España era un país en caída libre que venía de una inflación anual del 15,7% en 1980. En 1981 fue del 14,4%. Como consecuencia, los tipos de interés bancarios medios oscilaron alrededor del 17% en 1981. Eso significaba que si uno pedía un crédito de un millón de pesetas para comprar una vivienda, al final de cada año habría pagado unas 170.000 pesetas en intereses. El salario mínimo era de 25.624 pesetas al año (154 euros de hoy).
El desempleo había sido el 12% de la población activa en 1980. En 1981 fue del 15%. En realidad, la tasa era superior porque en las encuestas de población activa muchas mujeres (amas de casa) no mostraban su deseo de trabajar. El paro en menores de 20 años era del 45%. En jóvenes entre 20 y 24 años era del 30%.
El PIB de España empezó a caer en términos absolutos a partir de 1981 durante tres años seguidos. España tardó seis años en recuperar las cifras de 1980. La balanza de pagos y la de cuenta corriente se deterioraron respecto al año anterior. Por ejemplo, a pesar de que fue buen año turístico, los ingresos en dólares fueron en 1981 menores que en 1980. A partir de 1980, la peseta fue perdiendo valor ante el dólar en una curva que no se detuvo hasta 1985.
En 1981 se registró una huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO para protestar contra el intento de golpe de Estado de febrero de ese año.
Comparada con aquellos años, el deterioro económico de 2010 ha sido mucho más acusado. La diferencia es que la mayor parte de los servicios de estudios espera una recuperación este año o el próximo en términos reales, pues, a diferencia de entonces, el sistema productivo no está anticuado. En cambio, en los primeros años ochenta España tenía un sistema productivo obsoleto debido a que durante la transición el país entró en barrena económica y no hubo inversión en bienes de capital. No se modernizó. De modo que en 1982, cuando el PSOE llegó al poder, se vio obligado a acometer la mayor reconversión industrial de la historia. Despidos en masa y cierres de empresas obsoletas, gran parte de las cuales eran empresas estatales.
El terrorismo marcó las portadas de los diarios en 1981 como lo había hecho años anteriores: ETA asesinó a 32 personas, la mayor parte de ellas de los cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas, pero también empresarios y civiles. Uno de los más sonados fue el asesinato del ingeniero José María Ryan, que trabajaba en la central nuclear de Lemóniz.
El asesinato de Ryan provocó grandes manifestaciones de repulsa contra el terrorismo, organizadas en el País Vasco por UGT, Comisiones Obreras y ELA. Al año siguiente, ETA volvió a asesinar a Ángel Pascual Múgica, jefe de proyectos de Lemóniz. ETA además colocó en 1982 un explosivo frente a la entrada de Iberduero en Rentería, la empresa que estaba construyendo la central. El niño Alberto Muñagorri, que pasaba junto al artefacto, le dio una patada y quedó mutilado de una pierna y perdió un ojo. La central de Lemóniz, que estaba prácticamente terminada, nunca se puso en funcionamiento.
En las calles se vivía no solo una ambiente de crispación política, sino también de pistolerismo. La extrema derecha cometió numerosos atentados y asesinatos entre 1975 y 1982
Del otro lado, en aquellos años la extrema derecha cometió numerosos atentados y asesinatos entre 1975 y 1982. El año más cruel fue 1980, con decenas de muertos por la Triple A, Fuerza Nueva, el Batallón Vasco Español y otros grupos. En las calles se vivía no solo una ambiente de crispación política, sino de pistolerismo. En 1981 asesinaron a militantes de Herri Batasuna y a civiles cuya vinculación al entorno abertzale era dudosa.
España estaba en medio de un cambio político y social como pocas veces en la historia. En 1981 por ejemplo, se aprobó la Ley del Divorcio, que creó una enorme oposición en los grupos más conservadores y católicos. Al año siguiente, en octubre, poco antes de las elecciones generales, los servicios secretos detectaron una trama para dar un golpe de Estado. El plan se denominaba MN (probablemente por Movimiento Nacional), y consistía en organizar un gran atentado en edificios de viviendas militares, el cual se atribuiría a ETA. Así se justificaría un golpe militar para acabar con el régimen.
De forma secreta, el Ministerio del Interior desbarató la trama, arrestó a los principales responsables y neutralizó a más de 400 personas implicadas. A finales de ese mes, el Partido Socialista ganó las elecciones. Al conocer la conspiración, el Gobierno del PSOE consideró que había que darle la importancia que merecía: ninguna.
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