La exalcaldesa, en el disparadero

El TSJM ordena al Ayuntamiento revelar detalles de las inversiones de Carmena

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha instado a dar cuenta públicamente de la Sicav donde la exalcaldesa tenía invertidos 430.000 euros.

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena
La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena
Europa Press

La exalcadesa madrileña, Manuela Carmena, vuelve a estar en el foco. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado al Ayuntamiento revelar los pormenores de la Sicav donde Carmena tiene invertidos 430.000 euros. La Justicia exige así dar cuenta pública de esta inversión privada de la exregidora, de la que quedó constancia en su declaración de bienes, que se publicó en el Portal de Transparencia de la web del Consistorio en 2016.

Así se refleja en una sentencia con fecha del 30 de junio, a la que ha tenido acceso 'Europa Press', en la que la Sala de lo Contencioso-administrativo desestima el recurso de apelación elevado por el propio Ayuntamiento de la capital, entonces liderado por Ahora Madrid, contra la sentencia de 14 de noviembre de 2018, dictada por el juez de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid.  Los magistrados ordenan devolver al Juzgado de procedencia los autos originales y el expediente administrativo para la ejecución de lo resuelto. La sentencia, susceptible de recurso de casación, condena en costas al Ayuntamiento a pagar 2.000 euros.

En noviembre de 2018, el juez de instancia instó al anterior Consistorio a que procediera a tramitar una solicitud de acceso a la información pública en relación a la citada inversión de Carmena al estimar en parte un recurso interpuesto contra la denegación del Consistorio en acceder a la citada petición. El instructor acordó entonces estimar el recurso y anular la resolución recurrida al no ser conforme a Derecho al vulnerar la Ley de la Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno en lo que respecta el patrimonio de la regidora.

La sentencia señalaba que "teniendo en cuenta que supone la restricción de un derecho constitucional recogido en el artículo 105.b", la inadmisión de la solicitud de información "debe estar necesariamente fundada en algunas de las causas previstas en el artículo 18 de la Ley 19/2013" de la citada norma.

Ahora, los magistrados del TSJM recuerdan que la Ley establece que "los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos".

"Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades", agrega añadiendo que esa información debería estar en poder del Ayuntamiento.

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