Decisión de la Consejería de Políticas Sociales

Madrid destituye al técnico que subió el contrato equivocado para Room Mate

El consejero de Familia, Políticas Sociales y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero
El consejero de Familia, Políticas Sociales y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero
Jesús Hellín - Europa Press

La Comunidad de Madrid empieza a depurar responsabilidades por la controversia en torno a una supuesta adjudicación a la cadena hotelera Room Mate, la misma en la que se aloja desde hace dos meses la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. La Consejería de Políticas Sociales ha destituido a Miguel Ángel Jiménez, el secretario general técnico de este departamento, al hacerle responsable de haber subido al Portal de Contratación un contrato erróneo que destinaba dinero público a la cadena hotelera, y que minutos después se sustituyó por el que, según el Ejecutivo madrileño, era el correcto. Una decisión tomada por el consejero del área, Alberto Reyero, y que se ejecuta tras constatar que es un "error humano de carácter administrativo", según la versión oficial.

Esta destitución de Jiménez llega pocas horas después de que la propia Ayuso anunciara que abriría una investigación al respecto, en un caso que le afecta directamente por la dudas en torno a las dos habitaciones de las que disfruta. Según la jefa del Ejecutivo madrileño, este caso tan rocambolesco responde a "un contrato que se ha subido casualmente mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y en el momento en que lo ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas". Con este discurso, la presidenta ha sembrado dudas sobre ese "error humano" en esta cuestión, que era el argumento que han defendido en todo momento desde Ciudadanos, que controla el departamento de Políticas Sociales a través de Reyero. Una teoría de la 'mano negra' a la que apuntó previamente el dueño de la empresa salpicada por el caso, el empresario Kike Sarasola

Las fuentes del Ejecutivo regional consultadas por La Información aseguran que el alojamiento de la líder del gobierno y la adjudicación errónea a Room Mate son "asuntos totalmente distintos". "La presidenta tiene una situación personal y ella será la que lo explique si así lo considera. Y eso no tiene nada que ver con la destitución de Miguel Ángel Jiménez, al que se cesa por cometer un error grave en su trabajo", resaltan estas fuentes, que además admiten que ha habido "cambios de versión" en lo que respecta a las fechas del traslado de Ayuso a la 'suite' de lujo propiedad de Sarasola.

La situación que ha motivado toda esta polémica arrancó el martes por la noche, cuando en el portal oficial donde se publican las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid apareció un contrato que implicaba a la cadena propietaria de la suite en la que Ayuso lleva dos meses instalada. Ese documento establecía una cantidad superior a los 500.000 euros a favor de "Rom Mate", que es el nombre de la compañía pero con una errata, ya que le faltaba una O. Un dinero que se invertía desde la administración para que sus establecimientos hoteleros ejercieran la labor temporal de residencias de ancianos. Minutos después, esa adjudicación desapareció y se sustituyó por otra, en la que la cantidad era distinta, al ser de 240.000 euros. Además, el adjudicatario pasó a ser la Plataforma del Tercer Sector. 

Toda esto se ha mezclado con la otra polvareda levantada en torno al alojamiento de la presidenta durante el confinamiento, al cual dijo que se trasladó cuando resultó infectada de coronavirus pero que en realidad era algo que había hablado días antes con Sarasola, como desveló el empresario y confirmó posteriormente el gobierno regional. Ese cambio de versión llegó tras conocerse que Ayuso pagaría de su bolsillo el alojamiento, al insistir la Comunidad de Madrid en que no ha costado "ni un euro" al erario público. Pero esto también generó dudas, ya que la responsable política madrileña abonará 80 euros por noche cuando el precio de mercado de esas estancias es de 200. Lo que supone un total de hasta 2.400 euros al mes. 

Según el comunicado oficial de la consejería que dirigen los naranjas, el titular de la misma "recabó la versión de todas las personas implicadas y pudo constar (sic) que lo ocurrido responde a un error humano de carácter administrativo". Aun así, se depuran esas responsabilidades en la figura de Miguel Ángel Jiménez, que era "el máximo responsable de gestionar esta información" desde su puesto en la Secretaría General Técnica. "La consejería ya ha rectificado toda la información que ahora figura en el Portal de la Contratación", añade el texto, en el que se insiste en que ahora son correctos "tanto el adjudicatario como las cantidades relativas a los costes". 

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