La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado en un escrito a retirar al Ayuntamiento de Madrid la condición de perjudicado en la causa en la que se investiga el caso de las mascarillas al ser "víctima" de un delito por pagar "una cantidad de dinero muy superior al valor real" de la mercancía obtenida por intermediación de Luis Medina y Alberto Luceño. En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal Luis Rodríguez Sol impugna el recurso de reforma interpuesto por el abogado del aristócrata contra la decisión del juez instructor de aceptar en la causa la personación del Consistorio como acusación particular en calidad de perjudicado.
El abogado de Medina pedía que se tuviera en cuenta que no es el momento procesal para que se persone, ya que en el caso de que de las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, "la responsabilidad podría recaer en dicha institución". Frente a ello, el fiscal, del que partió la querella, critica que el abogado se limite a hacer referencias a las declaraciones de Elena Collado que demostrarían que hubo un acuerdo en la operación, excluyendo de forma intencional otras en las que se apunta "claramente" la posibilidad de que el Ayuntamiento fuera víctima de un delito.
En este punto, alude a las afirmaciones en las que la responsable municipal manifiesta en un mensaje de Whatsapp el 8 de abril de 2020 a Alberto Luceño que les han estafado "seguro". El fiscal recalca que el hecho de haberles devuelto el dinero por los guantes defectuosos después de haberse constata el engaño "no elimina la atipicidad de la conducta", sino que a lo sumo podría suponer una atenuante de un delito ya consumado.
Además, incide en que sería "falso" que la cantidad restituida fuera la diferencia de un precio entre el producto que se había encargado y el que recibieron, sino que fue el resultado de renunciar a las comisiones que los investigados habían pactado con el vendedor "sin alterar un ápice el precio del producto" y que supuso el desembolso "de una cantidad de dinero muy superior al valor real" de al mercancía recibida, incluso después de haber restituido parte del precio pagado. A todo ello, señala el fiscal, se añade que el Ayuntamiento de Madrid acabó pagando el sobreprecio de una penalización de 25.000 dólares, que deberían haber soportado los investigados como responsables de la entrega de un material que no se correspondía con lo pactado y que, sin embargo, se cargó al Ayuntamiento sin su conocimiento.
En otro escrito, el Ayuntamiento se opone y alega que ha soportado "un perjuicio económico derivado del sobrecoste oculto sufrido en dichos contratos, lo que resulta suficiente para tener la consideración de víctima en la causa". "Los querellados fijaron los precios de los mismos ocultando al Ayuntamiento que un elevado porcentaje de tales precios (aproximadamente un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para los tests) correspondía a las comisiones que los mismos querellados iban a percibir; lo que supuso un incremento exorbitante del precio de los productos contratados", se recoge en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
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