Ofrecer más financiación por cada residente que tenga una plaza en una residencia, con el fin de cubrir gastos y que se mejore el servicio, y dar más peso a la inspección para evitar malas praxis o colapsos por falta de personal que faciliten que situaciones como la del coronavirus se lleven por delante miles de vidas. Esa es la base sobre la que trabaja la Comunidad de Madrid para reformar su modelo de residencias de ancianos, como ha podido saber La Información, después de que este ámbito se haya convertido en la 'zona 0' de la pandemia. Unas altas cifras de muertos en estos centros que han acelerado los planes de reforma que ya tenía en la cabeza la Consejería de Políticas Sociales, que desde el acuerdo entre PP y Ciudadanos lidera Alberto Reyero. Y que supondrá dejar atrás el modelo asistencial actual para avanzar hacia otro que tendrá un carácter sociosanitario. Cambio que se aborda en medio de la oleada de denuncias contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el trato a los miles de fallecidos y por las denuncias de que a esos mayores se les denegó asistencia sanitaria.
La premisa principal de la que parte la reforma es que se continuará con los acuerdos con empresas especializadas en el sector. Madrid no renunciará a la colaboración público-privada. Tampoco tiene previsto iniciar un proceso de 'nacionalización' de residencias a pesar de lo ocurrido durante el estado de alarma, ya que es un modelo en el que no creen quienes lideran el gobierno. Por tanto, se volverá a confiar en el sector para que se encargue de atender a los mayores que soliciten una plaza a la administración madrileña. Aunque las fuentes consultadas por esta redacción admiten que son "conscientes" de que las compañías podrían haber gestionado mejor lo ocurrido en la crisis sanitaria, señalan que el problema era estructural y que ya había idea de darle un giro antes del drama de los últimos meses.
El primer paso es el de mejorar la financiación y solventar un problema que ya arrastraba la Comunidad de Madrid desde los tiempos de Cristina Cifuentes. Entonces, las subvenciones ofrecidas por el Ejecutivo del PP para que un centro privado se encargara de un mayor que había solicitado una plaza en una residencia pública resultaban insuficientes para las empresas, que rechazaban acogerse a ellas. Lo que provocó que las listas de espera se siguieran colapsando, ya que en las residencias públicas no hay sitio y los huecos se llenan al instante por quienes llevan años esperando. "El problema que había no era por falta de plazas, sino porque estas quedaban desiertas porque se ofrecía encargarse de ellas por un precio bajísimo", dicen las fuentes autonómicas consultadas.
En concreto, los pliegos de la legislatura de Cifuentes marcaban un precio fijo por día de 54 euros por residente o de 23 si la atención que requería era parcial. Algo que rechazó en su día el sector, al que no le salía rentable esa vinculación desde el punto de vista empresarial. El motivo es que tenía que invertir por su cuenta más de lo que le concedía la administración por encargarse de esas personas, que en muchos casos requieren muchos cuidados y atención permanente. Sin olvidar que el coste en los asilos públicos por interno es mucho mayor, al llegar a los 81 euros al día. El objetivo que se pone la coalición de PP y Ciudadanos es el de que ese coste se aproxime a unas cifras que hagan la oferta atractiva para las compañías. Con ese incremento de fondos, el Ejecutivo esperará que los profesionales se lancen a crear más plazas en sus centros o incluso adquieran más instalaciones para acoger a más ancianos.
Medicalización y atención personalizada
Tras poner en marcha esas inversiones, será el momento de que el Ejecutivo pase a exigir que el servicio para los internos sea mucho mejor que hasta ahora. Tanto los pacientes como los familiares llevan años exigiendo que la atención que reciben dé pasos adelante para evitar situaciones en las que los ancianos sufren graves consecuencias o incluso fallecen por no haber sido asistidos a tiempo. Las denuncias de los últimos años son numerosas, con negligencias que van de ancianas que quedan aprisionadas en sus camas a ancianos que se dan un golpe sin que se les dé el tratamiento correcto, y se han producido en varias residencias de la región. Esto pasa por revisar los protocolos para que se haga una valoración mucho más exhaustiva de cada paciente. Por ejemplo, que quien necesite ser movido de su cama cada cierto tiempo, no se quede esperando más rato del necesario o incluso no disfrute de esa parte de su tratamiento.
Conseguir todo lo anterior pasa por abordar la famosa medicalización, que consiste en que se refuerce la asistencia sanitaria dentro de los asilos. Un proceso que necesita de una mayor inversión en personal y en medios, además de contar con mucho más personal médico especializado. A lo que se sumaría una atención individualizada que tenga en cuenta la singularidad de cada persona mayor. Las fuentes consultadas señalan que el objetivo no es convertir cada residencia en un hospital, sino garantizar que allí pueden tener una atención inmediata y acorde a sus necesidades. Lo que evitaría los traslados a hospitales, que se reservarían para los casos más graves y urgentes. Pero esos criterios a seguir tendrán que decidirse tras las conversaciones con todas las partes implicadas.
Con ese fin, el consejero Alberto Reyero ya ha empezado una ronda de reuniones con representantes de las empresas y de los familiares de residentes para analizar la situación actual tras la grave situación generada por la pandemia. Esos encuentros serán ampliados en los próximos días a los sindicatos y a los grupos de la Asamblea de Madrid, con los que quiere acordar "medidas encaminadas a garantizar la salud, la vida, los derechos y la dignidad de las personas mayores y avanzar en modelos de atención y cuidados", según explica del departamento de Políticas Sociales. En estas citas, Reyero pondrá sobre la mesa su idea de reforzar la inspección para controlar que la calidad asistencial sea la adecuada. También incidirá en que es necesario mejorar la formación de los trabajadores para que sean aún más eficaces con los ancianos.
Todos estos aspectos que propondrá el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se afinarán mucho más en la comisión parlamentaria encargada de proponer las medidas para reconstruir Madrid tras la pandemia. Aunque fuentes del Ejecutivo señalan que no esperan en ningún caso que haya acuerdos con partidos como Más Madrid o Unidas Podemos, ya que su propuesta va en la senda de expulsar a las empresas de las residencias y que sean gestionadas por la administración o por el Tercer Sector. Idea que no comparten, ya que tanto PP como Ciudadanos consideran que los centros han mejorado mucho en los últimos años y ya no son "apeaderos de ancianos", como sí ocurría décadas atrás.
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