La Paz, 18 may.- Una delegación del poder judicial de Bolivia viaja hoy a España para estrechar los lazos en materia de justicia y reforzar la cooperación, informó hoy la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el país andino.
La delegación está encabezada por los presidentes del Tribunal Constitucional, Ruddy José Flores; del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, y del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, señaló la AECID, que organiza el viaje.
La visita es parte del programa "Fortalecimiento de la independencia del sistema judicial de Bolivia" que la cooperación española lleva a cabo en la sureña Sucre, capital constitucional de Bolivia, con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y financiado por la Unión Europea (UE)
Los magistrados bolivianos serán recibidos en Madrid por el ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y también se reunirán con el director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ángel Llorente, entre otros responsables del área.
La delegación también visitará el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.
Las conversaciones se centrarán en las experiencias y avances logrados en los últimos meses con diversas actividades organizas en Sucre por la cooperación española.
Los magistrados bolivianos también abordarán el examen de la constitucionalidad de los estatutos de autonomía de las regiones españolas e intercambiarán experiencias con el Consejo General del Poder Judicial sobre la composición, intercambio de funciones y organización del órgano de gobierno de los jueces españoles.
La delegación Boliviana llegará a Madrid este domingo 19 y su retorno está previsto para el viernes 24.
El programa de la AECID en Sucre es dirigido por la jurista española Ana Sánchez, de la Audiencia Nacional de España, tiene como socios a los principales tribunales bolivianos, a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia boliviano.
El plan, que comenzó en febrero pasado, cuenta con una financiación de 1,3 millones de euros para un periodo de quince meses.
La iniciativa está orientada a "la asistencia técnica en el marco del respeto a los Derechos Humanos, normas y estándares internacionales (...) en el decisivo momento de implementación del nuevo sistema judicial basado en la pluralidad jurídica previsto en la Constitución" boliviana promulgada en 2009, señala la jurista de la Audiencia Nacional de España y directora del programa, Ana Sánchez.
A lo largo de estos meses se han realizado diversos foros y actuaciones para fortalecer las capacidades técnicas de los nuevos magistrados electos en Bolivia y apoyar la independencia judicial y el fortalecimiento de las instituciones.
Entre los aspectos abordados figuran, entre otros, la creación de árboles de jurisprudencia, que permitan la uniformidad de criterios y seguridad jurídica, el análisis de materias como la interpretación constitucional, la argumentación jurídica, el Derecho Internacional de los Tratados y el control de los convenios Internacionales.
Las conversaciones de la delegación judicial boliviana en España se centrarán en los avances conseguidos en los últimos meses con estos seminarios y talleres organizados en Sucre.
Otros temas que abordará la delegación boliviana en España serán el examen de la constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía de las regiones españolas y el intercambio de experiencias con el Consejo General del Poder Judicial en materia de composición, intercambio de funciones y organización del órgano de gobierno de los jueces españoles.
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