La SEPI se ha visto salpicada en los últimos años ante las investigaciones penales a empresas públicas como Defex o Mercasa por mordidas millonarias en contratos en el extranjero. Aunque en ambos casos fue víctima colateral de los negocios de los entes semipúblicos que de ella dependen, no ocurre lo mismo en relación al rescate de Plus Ultra. En este asunto es la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales la que está bajo el foco de la Justicia después de que una magistrada de Madrid haya admitido a trámite una denuncia contra el actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y el conjunto del Consejo de Administración en relación a la inyección de 53 millones de euros a la aerolínea vinculada con Venezuela.
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha dado luz verde a investigar una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias en relación a las ayudas a Plus Ultra desde este ente dependiente de Hacienda el pasado mes de marzo. Para entonces era Lora quien ostentaba la presidencia en funciones del organismo hasta la llegada al frente de la misma de Belén Gualda. Su nombre incluso llegó a sonar con fuerza para presidir el holding público en sustitución de Vicente Fernández tras su salida en 2019 al verse implicado en el 'caso Aznalcóllar' por irregularidades en el concurso minero de este municipio sevillano.
Fuentes cercanas a la SEPI consultadas por este medio explican que la noticia de la apertura de diligencias les pilló por sorpresa ante la ausencia de sospecha de que el rescate validado por el Consejo de Ministros fuera sospechoso de supuesta malversación. El foco se puso en Bartolomé Lora además de en todos consejeros que integran la SEPI y entre los que se encuentran cuatro secretarias de Estado del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De momento la magistrada deja en 'standby' las citaciones en sede judicial a la espera de tener en sus manos el expediente completo en el que se avala el millonario de rescate y que ya ha requerido a la SEPI.
La sombra de Mercasa y Defex
No obstante, y en lo que a Lora respecta, se trata de un fuerte impacto para este alto directivo vinculado al holding público desde hace más de 30 años, ya que no es la primera vez que la SEPI se ve perjudicada por los negocios de empresas que de ella dependen. De hecho, la Audiencia Nacional impulsó los procedimientos de Mercasa y Defex coincidiendo con su ascenso a la vicepresidencia de la SEPI hace más de tres años. Ambas causas han estado dirigidas por el hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata. Aunque en ninguno de los dos casos las actuaciones se han dirigido contra la SEPI, los investigadores sí que cuestionaron la gestión de ambos entes participados en un 51% por el conglomerado público.
En lo que a Mercasa se refiere, el magistrado terminó la instrucción a finales de 2019 y dejó al borde del banquillo a un total de 20 personas y 8 mercantiles (entre ellas la propia empresa de gestión alimentaria) por supuestos amaños en la la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) con el que se habrían repartido comisiones de hasta 20 millones de euros. El instructor, que fue designado como jefe de la delegación española en Eurojust, arremetió duramente contra Mercasa a la que acusó de carecer de cualquier sistema de control en sus operaciones que hubiera evitado este supuesto desfalco e incluso de borrar correos electrónicos y otras pruebas clave que atesoraría la compañía en relación a los contratos investigados.
¿Empresa estratégica?
Mismo tirón de orejas dio el magistrado trasladado a La Haya en lo que a Defex se refiere. En este caso se instruyeron varias líneas de investigación, en función de los contratos que firmó en Angola, Arabia Saudí o Camerún esta empresa semipública que se dedicó a la exportación de armamento. De la Mata cuestionó como una compañía que gozaba de reconocido prestigio internacional colaboró con una UTE integrada por Cueto Comercial 92, mientras que la Fiscalía Anticorrupción apuntó que los principales acusados en este procedimiento debían indemnizar a Defex o en su caso a la SEPI con un total de 30,6 millones de euros.
Aunque al holding le han perjudicado las diligencias penales de las empresas que controla, no ha sido hasta ahora cuando la gestión de este órgano queda en manos de un juzgado de Madrid. La instructora considera que solo hay indicios que apunten a una malversación con la ayuda de Plus Ultra pese a que la denuncia inicial incluyó también el delito de tráfico de influencias por el paquete de ayudas que el Ejecutivo defendió en bloque y que el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano llevó ante la Comisión Europea en una denuncia en la que recriminaba el gasto de este dinero público. Por su parte Manos Limpias apunta en su escrito que la empresa no puede considerarse estratégica ya que ha registrado números rojos desde que se fundó en 2011 y acumula pérdidas, según destaca, de 10 millones de euros.
