Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que aglutina al empresariado, lamentó la postura del gobernante porque "ofende la inteligencia" y le falta el respeto a la población.
Asimismo rechazó las declaraciones del mandatario en las que acusa a los empresarios de pagar sobornos en las aduanas.
El pasado viernes, cuando la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad vincularon al presidente con esa estructura ilegal, Briz pidió su renuncia en nombre de los empresarios.
La fundación de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú también demandó la renuncia del presidente, al tiempo que instó a los ciudadanos a "seguir defendiendo la dignidad y la justicia, mantener la unidad en la lucha contra la corrupción y la impunidad".
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, también demandó la dimisión del gobernante.
"Era sumamente importante que el presidente se sometiera a los tribunales y renunciara, (pero) él opta por el camino de continuar con el debido proceso", lamentó.
Pérez dirigió la noche del domingo un mensaje a la nación en el que descartó renunciar al cargo, en medio de un creciente malestar de diferentes sectores de la sociedad.
"Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad (...) que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos en perjuicio del pueblo de Guatemala", afirmó en tono enérgico.
La fiscal general, Thelma Aldana, ratificó este lunes en una radio local que el gobernante está involucrado en la mafia de defraudación fiscal y aseguró que tiene grabadas varias comunicaciones telefónicas entre el gobernante y miembros de la estructura criminal.
"No estamos interviniendo el teléfono del presidente porque no podemos, él goza de antejuicio (inmunidad penal), pero sí tenemos la interceptación telefónica de los miembros de la estructura y (...) tenemos la voz del presidente", aseguró.
"Con mucha pena, preocupación, con nostalgia, decepción, veo que (el presidente) está involucrado en el caso de La Línea", como se conoce a la organización criminal en la que participaban varios funcionarios públicos.
Asimismo, la fiscal consideró que por el tipo de delitos que le imputan al jefe de Estado, -asociación ilícita y cohecho pasivo- es difícil que pueda pedir asilo político en otro país.
"Estimo que no tiene cabida un asilo político ante estos hechos que son de una estructura criminal en Guatemala", puntualizó.
Simultáneamente con estos episodios, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue acusada formalmente de integrar la misma banda criminal, luego de ser detenida el viernes.
Según la acusación, Baldetti tenía conocimiento pleno de la actividad ilícita y colocaba personal dentro del ente de recaudación tributaria para que pudiera cumplir con sus fines ilícitos.
La ex vicepresidenta, quien renunció al cargo el 8 de mayo, fue detenida por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Desde el pasado viernes se halla recluida en un cuartel militar de la capital acondicionado en parte como prisión para reos de alto impacto.
La crisis sin precedentes que vive el país comenzó en abril pasado cuando se reveló que el secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón -actualmente prófugo-, y otros funcionarios, participaban de una organización que cobraba sobornos a empresarios para facilitarles la evasión de impuestos.
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