Mañana acaba el plazo de alegaciones a la fianza para Urdangarin y su exsocio

Palma, 13 ene.- Mañana concluye el plazo dado por el juez a los abogados de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres para presentar alegaciones a las solicitudes de fianza civil que han planteado la Fiscalía y las acusaciones particulares por las posibles responsabilidades que se deriven de esta causa.

El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, decidirá a partir del martes acerca de las peticiones de fianza que realizaron en primer lugar la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del sindicato Manos Limpias, el pasado 21 de noviembre y posteriormente, el 29 de noviembre, la comunidad autónoma balear.

La Fiscalía y Manos Limpias coincidieron en reclamar la misma cantidad, 8.189.448 euros de fianza, en esta causa que investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y posteriormente por Torres, de unos 6,1 millones de las administraciones autonómicas balear y valenciana entre 2004 y 2007.

El juez también tomará una decisión sobre la fianza reclamada por Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB) para Urdangarin y Torres, que asciende a 3.498.014,81 euros por los posibles daños pecuniarios ocasionados a la comunidad.

En un principio, el juez Castro había dado veinte días a los abogados de Urdangarin y Torres para que pudieran presentar alegaciones, pero a finales de noviembre aceptó la petición de las defensas de que se prolongara ese plazo.

Fijó el 14 de enero como límite y puntualizó que podrán presentar sus escritos hasta las 15.00 horas del día hábil siguiente, el 15 de enero. Una vez presentadas las alegaciones, el juez decidirá si acuerda la medida cautelar y en qué cuantía.

En el escrito en el que reclamó la fianza, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuye al duque de Palma y a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

Horrach sostiene que el duque de Palma y Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", más un tercio de esa cantidad, como es habitual en el cálculo de las responsabilidades civiles por posibles intereses y costas del proceso, hasta alcanzar los 8.189.448 euros que pide.

En caso de que esa cantidad no fuera considerada oportuna por el juez, tanto la Fiscalía como Manos Limpias reclamaron otra fianza de forma subsidiaria, de 5.905.079,29 euros. Esta segunda cantidad corresponde únicamente a los fondos públicos que consideran que fueron objeto de apropiación.