En medio de la crisis que atraviesa el sector agrario, el Gobierno anunció la inmediata modificación de la ley de la cadena alimentaria. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se lo comunicó así a los representantes del sector agrícola durante la reunión que mantuvieron el pasado jueves. El propósito principal: lograr un reparto más justo del valor de los productos agrarios.
Pese al anuncio, los sindicatos del sector continúan presionando al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este martes, las asociaciones profesionales agrarias UPA, COAG y Asaja reclamaron la reforma de estas ley mediante decreto en el próximo Consejo de Ministros. Pero, ¿Qué implica para los agricultores el cambio de esta ley?
Uno de los principales aspectos que puede aplicarse es la obligatoriedad de incluir los costes de producción como factor para el establecimiento de precios, así como la prohibición de la venta a pérdidas.
Con esta modificación, también, se pretende implantar una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas y, por tanto, se pretende luchar contra las "promociones desleales" de productos o dar publicidad a las sanciones que se efectúen.
Además, dentro de la reforma de la Ley de la cadena alimentaria, el titular de Agricultura ha hecho referencia a que se producirá un aumento de poder de negociación de los agricultores y ganaderos frente a los intermediarios, la industria y la distribución, así como a la introducción de una referencia sobre los costes de producción en los contratos escritos.
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