Manos Limpias pide a la juez que aperciba a la Junta de incurrir en delito

Sevilla.- El sindicato Manos limpias, personado como acción popular en la causa por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha pedido hoy a la juez que vuelva a requerir a la Junta las actas del Consejo de Gobierno, apercibiéndole de que en caso contrario incurrirá en delito.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, Manos Limpias dice que la negativa de la Junta de aportar las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 no está amparada por la Ley 6/06 del Gobierno de la Comunidad Autónoma, ya que "las deliberaciones son secretas, no así las actas, que deben reflejar la transparencia".

La juez de instrucción 6 ha pedido las actas con las resoluciones del Consejo de Gobierno, que se incluyen entre los documentos que las administraciones públicas están obligadas a facilitar al Poder Judicial según el artículo 332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, explica el escrito de Manos Limpias.

Por lo tanto, la magistrada no ha pedido "las deliberaciones del Consejo de Gobierno, ni las opiniones o votos emitidos en él", que son el aspecto protegido por la ley.

Manos Limpias insta a la juez que vuelva a pedir dichos documentos, con apercibimiento de que en caso contrario incurrirá en un delito de obstrucción a la Justicia que se dirigirá contra José Antonio Griñán como máximo responsable de la Junta.

Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que el escrito de la Junta oponiéndose a entregar dichas actas no ha llegado aún al juzgado de instrucción 6 de Sevilla pero previsiblemente la juez pedirá un pronunciamiento de las partes antes de resolver.

La juez Mercedes Alaya ya anunció en su auto que esa documentación pedida a la Junta "una vez examinada, será incorporada la que sea relevante para la investigación, devolviéndose el resto, dado el carácter de la misma".

En dicho auto, fechado el pasado 21 de marzo, la juez acordó pedir a la Junta varios centenares de actas, memorias, programas e informes dentro de su investigación por presuntos ERE irregulares, en los que hasta ahora han aparecido 72 "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas y otros 111 con irregularidades.