Málaga.- Marbella, la primera ciudad española cuyo ayuntamiento fue disuelto en la historia democrática, sigue endeudada por la herencia de los gobiernos del GIL y el expolio sufrido por la trama de corrupción descubierta en el caso Malaya, aunque reivindica que ya "pasó página" hace años.
Su alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), ha asegurado, en una entrevista con EFE días antes del inicio del juicio del caso Malaya, que Marbella "está muy desvinculada de lo que fueron las prácticas de los que estaban en el Ayuntamiento" en aquellas fechas.
Tras el "cambio radical" que experimentó "no ahora -ha precisado-, sino hace unos años" el Consistorio, el equipo de gobierno espera que la vista oral "no solamente suponga un cambio de página, sino que de verdad sirva para resarcir a la ciudad".
Convencida de que el juicio se centrará "más en la actuación" de cada uno de los 95 procesados que en la ciudad, Muñoz ha ensalzado a Marbella, que es "muchísimo más que lo que es la operación Malaya, que las personas encausadas".
De la herencia de los gobiernos del partido fundado por el fallecido Jesús Gil (GIL), la alcaldesa de Marbella ha asegurado que "lo único que queda" son deudas, porque dejaron a la ciudad con una "pérdida de patrimonio clarísimo".
Por ello, ha reclamado que "no vuelvan a ocurrir situaciones como las que se han dado y se han permitido" en Marbella, donde "han fallado estrepitosamente los controles que se tenían que haber llevado a cabo por el resto de administraciones".
El Ayuntamiento de Marbella ha solicitado que el dinero que se imponga en multas a los procesados en el caso Malaya contra la corrupción, que la Fiscalía ha cifrado en un total de 4.000 millones de euros, revierta a esta localidad malagueña, como principal víctima del expolio.
"Con la situación que se ha dado en Marbella, sería paradójico -ha dicho- que al final no viniera ni un sólo euro, ningún bien, a resarcir esa despatrimonialización".
La alcaldesa ha afirmado que en la actualidad el Ayuntamiento de Marbella tiene una deuda de casi 300 millones con el Estado por el dinero que dejaron de ingresar los anteriores gobiernos.
De lo contrario, habría una "doble actuación" en torno al Estado, que sería el beneficiario del montante de dinero en multas y, además, de la cantidad que le adeuda el Ayuntamiento marbellí, con lo que "el único perjudicado por partida doble" sería el Consistorio, la propia ciudad, ha argumentado.
Ángeles Muñoz ha pedido que tanto las multas como los bienes que se recuperen se destinen a un plan que sirva como garantía para abonar la deuda que el Ayuntamiento mantiene con el Estado y que posibilite acometer inversiones en la ciudad.
Para ello, recurre "por analogía" a la Ley 17/2003, que permite financiar actuaciones en favor de las víctimas cuando se incautan bienes en operaciones contra el narcotráfico o blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros acordó el 7 de abril de 2006 disolver la Corporación municipal de Marbella por su gestión "gravemente dañosa para los intereses generales" a raíz de la detención y las "gravísimas imputaciones judiciales" de la mayor parte del gobierno local por su implicación en la trama destapada por el caso Malaya.
La decisión del Ejecutivo central dio paso a la constitución de una comisión gestora que estuvo al frente del Ayuntamiento hasta los comicios de mayo de 2007, en los que el PP obtuvo la Alcaldía tras quince años de victorias del GIL.
El juicio del caso Malaya, que comienza el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Málaga, ha generado una gran expectación entre los medios de comunicación, con trescientos periodistas acreditados.
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