Pacto Sánchez-Casado: el juez del procés Manuel Marchena presidirá el CGPJ

  • El PSOE deja la presidencia en manos del magistrado conservador. Andrés Martínez Arrieta le sustituye al frente del tribunal que juzgará el 1-O.
El nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena
El nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena
POOL - Archivo

El magistrado que preside la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y que forma parte del tribunal encargado de enjuiciar el 'procés', será el nuevo presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP en el marco de la renovación del órgano de gobierno de jueces.

El plazo otorgado en el Congreso para que los grupos presenten sus candidatos a la renovación del CGPJ vence hoy, y a la espera de conocer el resto de nombres, el Ejecutivo destaca que el órgano de gobierno de los jueces contará con una mayoría de once miembros progresistas de los veinte que lo conforman.

El PP quería que Manuel Marchena, al frente de la Sala de lo Penal encargada de enjuiciar próximamente el proceso soberanista de Cataluña, fuera el presidente. De ahí que, en las negociaciones mantenidas entre el exministro de Justicia Rafael Catalá y su sucesora en el cargo Dolores Delgado se pactara finalmente que la presidencia iría para un candidato conservador a cambio de una mayoría progresista de 11 juristas.

Aunque en un primer momento se apostó por un magistrada como candidata a presidir por primera vez el alto tribunal (sonaban los nombres de Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, y la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer) , finalmente será Manuel Marchena, de carácter conservador, el que sustituya a Carlos Lesmes, en el cargo desde el año 2013 y cuyo mandato finaliza el próximo 4 de diciembre.

Con su designación al frente del órgano de gobierno de jueces, el magistrado no podrá encargarse del juicio sobre la deriva independentista de Cataluña que está pendiente de señalamiento de fecha de vista oral. Precisamente, Marchena fue uno de los cinco magistrados que integran el tribunal recusado por 11 líderes independentistas que buscaban apartarles del caso. Sin embargo, el alto tribunal rechazó por unanimidad esta pretensión.

Martínez Arrieta, nuevo presidente del tribunal del procés

Cuando se haga efectiva la salida de de Marchena, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, de corte más progresista, ostentará la presidencia del tribunal que juzgue los hechos del 'procés'. Arrieta, que asumirá también la ponencia de la sentencia, es el más antiguo del todos los jueces que integran el tribunal de la Sala II y forma parte de la asociación judicial Francisco de Vitoria.

Esta misma Sala fue la que acordó, con el informe de la Fiscalía a favor, no abrir causa contra el presidente del PP, Pablo Casado, por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho en relación con el máster que que estudió en la Universidad Rey Juan Carlos. La Sala que preside Marchena desde noviembre de 2014, decidió no aceptar la exposición razonada de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que envió el caso al Supremo por la situación de aforado de Casado, porque no apreció indicios de delito en el asunto. 

Despolitización de la Justicia

La renovación en la presidencia del Supremo se produce en medio de la crisis desatada en el seno del Tribunal tras el fallo sobre los impuestos de los gastos hipotecarios. El resultado de la votación del Pleno de la Sala de lo Contencioso, que se celebró la pasada, sumió al órgano en una gran crisis por el cambio de criterio adoptado en apenas 19 días; de ahí que uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el futuro presidente del alto tribunal sea reparar el daño provocado a la imagen del Tribunal Supremo, agravado además por la respuesta del Ejecutivo al asunto.

Precisamente, estos hechos provocaron la reacción más inmediata de las asociaciones judiciales, que, aprovechando la renovación en el CGPJ, volvieron a reclamar que se deroge la última reforma sobre el sistema de elección de vocales para que sean los magistrados y no los partidos políticos los que elijan a los representantes de la carrera judicial.

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