Martes, 16.07.2019 - 23:08 h
En la Audiencia Provincial de A Coruña

Marina Castaño, en el banquillo acusada de malversación en la Fundación Cela

Se pide a los acusados una pena de prisión de 4 años y seis meses e inhabilitación absoluta por un período de ocho años.

Marina Castaño y Camilo José Cela. / EFE
Marina Castaño y Camilo José Cela. / EFE

El juicio por la presunta malversación de fondos públicos en la Fundación Cela contra cuatro personas, entre ellas la viuda del escritor, Marina Castaño, arranca este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago. Además de la viuda del premio Nobel, también se sentarán en el banquillo el expatrono y exmiembro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez, su hija Covandonga Rodríguez, y el exgerente de la entidad Tomás Cavanna, en el caso de éste último por el abono de una indemnización de 150.000 euros por un controvertido despido que se supone no era tal.

Para ellos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en los señalamientos, se pide una pena de prisión de 4 años y seis meses e inhabilitación absoluta por ocho años, además de una indemnización de forma conjunta a la Xunta de Galicia por la cantidad de 150.000 euros. La vista se prolongará hasta el día 5.

Según el escrito de acusación, todos los procesados, de común acuerdo y para beneficiar al director de la fundación, "orquestaron" el despido de éste y acordaron que una indemnización de 150.000 euros brutos "pese a ser conscientes" de que "no se trataba de un despido, sino que el gerente quería abandonar voluntariamente la Fundación".

El escrito del fiscal incide en la "crítica situación económica" de la Fundación "a la que se había llegado durante la gestión de los acusados" y que "puso en peligro su continuidad", lo que llevó a la Xunta de Galicia a asumir su tutela mediante la firma de un acuerdo económico.

Remarca además el Ministerio Público que el "carácter público de la Fundación" era "conocido por los acusados, puesto que desde 2007 más del 50% de sus ingresos provenían de subvenciones públicas", por lo que el coste del despido sería "a cargo" del Gobierno gallego.

La acusación particular en el caso la ejerce Lola Ramos, la vecina de Padrón que advirtió de la existencia de presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Cela. La causa será juzgada por los magistrados de la propia sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Compostela, toda vez que el año pasado se estimó el recurso para que no se ocupe un jurado popular.

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